Sorpresa, malestar y profundo enfado entre los jueces y juezas catalanes –también de su cúpula– por las dudas que este martes ha vertido el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira sobre su imparcialidad para juzgar causas derivadas del proceso soberanista. “¿Puede haber imparcialidad y serenidad si la causa de rebelión y sedición se manda a Catalunya?”, se ha preguntado Rubira durante la vista que examinaba la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar la causa contra el exmajor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero.
En un acuerdo alcanzado a última hora de este martes, la sala de gobierno del TSJC, en ausencia de su presidente, Jesús María Barrientos, ha cargado de forma contundente contra el fiscal. “Las afirmaciones realizadas por el fiscal Sr. Rubira suponen un ataque muy grave y sin justificación alguna al Poder Judicial en su conjunto y, con ello, al propio sistema constitucional”, reza el acuerdo aprobado por los magistrados que representan a los jueces que ejercen en la comunidad.
Y no terminan aquí. Los magistrados, en un tono muy duro respecto a un miembro de la Fiscalía que apenas tiene precedentes en acuerdos oficiales, creen que el cuestionamiento de Rubira a su imparcialidad “constituye una gravísima irresponsabilidad”. “Resulta del todo insólito, y muy preocupante, que pueda utilizarse un juicio de intenciones carente del mínimo sentido normativo y fáctico en apoyo de una pretensión procesal”, abundan los magistrados catalanes.
Los magistrados recuerdan que la Fiscalía, por el rol que ocupa en las causas judiciales, “no puede ceder a la demagogia, a la banalidad o a la ofensa para la defensa de los intereses públicos que representa”. “La sala de gobierno quiere insistir frente a todos los que cuestionan de manera interesada e irresponsable la labor jurisdiccional que desarrollamos los jueces y juezas que ejercemos en Catalunya que ahora y siempre actuaremos en cumplimiento de nuestros deberes constitucionales, entre los cuales la imparcialidad ocupa un lugar muy destacado”, han concluido.
La pregunta de Rubira ha causado tal terremoto que tanto la fiscal general del Estado, María José Segarra, como el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, han telefoneado a Barrientos en la tarde de este martes para reiterar el apoyo de ambas instituciones a la labor de los togados que ejercen en Catalunya, que en los últimos tiempos están recibiendo ataques con estiércol y basura en los juzgados por parte de los CDR, el último este lunes.
La Fiscalía matiza a Rubira
La propia Fiscalía de la Audiencia Nacional –no la Fiscalía General del Estado– había emitido antes un comunicado para matizar las palabras de Rubira y expresar su confianza en la independencia de jueces y tribunales catalanes así como en “la imparcialidad de cada juez en cada caso que se somete a su jurisdicción”. “En ningún caso se duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Catalunya”, ha añadido Miguel Ángel Carballo, teniente fiscal de la Audiencia Nacional.
Pero el incendio ya estaba creado y había alcanzado incluso al TSJC que preside Barrientos. La sala de gobierno del TSJC reunida este martes ha recibido “con malestar y mucha tristeza” las palabras de Rubira, según fuentes judiciales.
Fiel a su estilo de no echar más leña al fuego e intentar resolver los problemas en privado, Barrientos no se ha pronunciado de manera oficial sobre las palabras del fiscal de la Audiencia Nacional y ha evitado participar en la votación del acuerdo de la sala de gobierno que ha cargado contra el fiscal. Cabre recordar además que Barrientos, como presidente del TSJC, presidirá el tribunal que juzgue a los diputados catalanes encausados por el 'procés', como por ejemplo a los exmiembros de la Mesa.
Y es que Rubira, con su pregunta, ha puesto en cuestión el elemento nuclear de todas las decisiones judiciales, la imparcialidad, y ha sacado a colación un aspecto muy sensible para los jueces catalanes como es la serenidad y el ambiente en ocasiones complicado en el que trabajan debido a las presiones independentistas. Por primera vez, además, un fiscal ha aireado en público y en una sala de vistas dudas sobre los jueces catalanes. Ha causado además sorpresa el hecho de que Rubira haya hecho estas manifestaciones porque no ha ejercido en Catalunya sino que su carrera se ha desarrollado en su mayoría en la Audiencia Nacional.
En conversación con este diario, el portavoz en Catalunya de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el juez de lo social de Barcelona Pablo Baró, ha lamentado las palabras de Rubira. “Poner en duda la imparcialidad de los jueces catalanes, cuando somos los que estamos en primera línea recibiendo los ataques de los CDR, está fuera de lugar”, ha aseverado Baró.
Para la portavoz en Catalunya de Juezas y Jueces por la Democracia (JJxD), la magistrada de la Audiencia de Barcelona Montserrat Comas d'Argemir, las manifestaciones de Rubira “son impropias de un fiscal en ejercicio y absolutamente equivocadas”. “La serenidad no forma parte de los criterios para trasladar una causa de un juzgado a otro”, ha abundado Comas en declaraciones a eldiario.es. La magistrada recuerda que el TSJ catalán ya juzgó a Artur Mas por el 9-N, sentencia cuyos ejes esenciales ha confirmado el Tribunal Supremo.
El TSJC también ha asumido las causas derivadas del proceso soberanista que investigan varios juzgados catalanes y que afectan a diputados del Parlament aforados, como la de los preparativos del 1-O del juzgado de instrucción 13. Los casos relacionados con los delitos de rebelión y sedición las juzgarán el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Además, varios juzgados de Barcelona, Manresa o Girona instruyen causas relacionadas con las cargas policiales, que si llegan a juicio lo harán en las respectivas Audiencias Provinciales.
El TSJC sube el tono por los ataques de los CDR
Al frente del TSJC, Barrientos se ha caracterizado por siempre evitar el conflicto abierto con la Generalitat, incluso cuando el Govern emprendió la vía unilateral y presumía de desobedecer a los tribunales. Las relaciones institucionales se retomaron con la llegada del nuevo Govern y de Ester Capella como consellera de Justicia. El clima mejoró en un primer momento, pero la falta de respuesta de la Generalitat a los ataques de los CDR ha hecho que Barrientos eleve el tono.
Tras su reunión de este martes, la sala de gobierno del TSJC que preside Barrientos ha exigido a los Mossos d'Esquadra que protejan de forma “presencial y permanente” todos los juzgados de Catalunya ante los “intolerables ataques” de los CDR con estiércol y basura a más de veinte juzgados catalanes. Por primera vez además los magistrados han expresado su disgusto con Capella y la “falta de condena de estos hechos por parte de la consellería de Justicia”.
Capella ha respondido que siempre ha rechazado los ataques de los CDR contra los juzgados y ha recordado al TSJC que es la Generalitat quien asume los gastos de limpieza y reparación de los daños en las sedes judiciales. “No me gusta que se dañen instalaciones de la Generalitat ni de ningún servicio público”, ha aseverado la consellera en declaraciones a la agencia EFE.
Tanto la APM como JJxD emitieron comunicados este lunes de condena a los ataques de los CDR. “La reacción de la Generalitat, como servicio público que forma parte del Estado, llega tarde”, ha lamentado Baró. Comas recuerda que la crítica a las actuaciones judiciales es legítima, pero condena las actuaciones de los CDR que causan daños en los edificios públicos e intentan “deslegitimar” a la carrera. El olor a estiércol todavía se podía percibir este martes en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y varios jueces mostraban una profunda desazón, cosa que no impedirá, añadían, que sigan impartiendo justicia cada día.