La propuesta de resolución por la que JxSí y la CUP aprobaron la independencia de Catalunya contenía una batería de 17 medidas a tomar por el Govern que han quedado en un cajón ante la falta de capacidad de la propia Generalitat para llevarlas a cabo y el cese del president y los consellers en aplicación del 155.
Este martes, además, el Constitucional ha acordado la suspensión de todas ellas. Sólo la CUP ha insistido en que el independentismo las asuma en los futuros programas electorales y en que el Govern desarrolle los decretos de la DUI –algo inviable debido a la intervención de la Generalitat, aunque los consellers no se den por destituidos y se reúnan en el Parlament.
Asimismo, el exconseller Santi Vila ha asegurado que “nunca” dio instrucciones “para preparar la independencia porque no veía esta jugada”, lo que ha dado munición a los cupaires para criticar la “falta de estructuras de Estado” y la “improvisación” del Govern en este sentido.
En esencia, las 17 medidas suponían el desarrollo de la ley de la transitoriedad jurídica, otra de las normas suspendidas que debía regir Catalunya en los meses de trance entre la DUI y las elecciones constituyentes. En materia de ciudadanía, JxSí y la CUP reclamaron al Govern que empezara ya a regular el procedimiento y el personal para obtener el DNI catalán y la doble nacionalidad.
Sobre los funcionarios, pidieron concretar el régimen de integración en la administración de la república de los empleados públicos del resto de administraciones, y a impulsar un convenio con el Estado para integrar a los funcionarios y subrogar los contratos estatales en Catalunya.
A nivel jurídico, también se debía elaborar un reparto de activos y pasivos entre el Estado y Catalunya, formula un inventario de los bienes del Estado y dictar todos los decretos para recuperar la eficacia de las leyes económicas y sociales aprobadas en la cámara y suspendidas por el TC. En el plano económico, la intención era crear un banco público para el desarrollo económico y otro banco central para controlar la estabilidad del sistema financiero.
No obstante, JxSí y la CUP no aprobaron ninguna disposición para tener el control efectivo del territorio una vez declarada la independencia. Sí reclamaron al Govern promover el reconocimiento de la república catalana entre los estados e instituciones internacionales así como “tomar las medidas necesarias para asegurar para el ejercicio de la autoridad fiscal”, es decir, el pago de impuestos.
¿Y, después del 21D, qué? Mientras que Puigdemont desde Bruselas ha retado al Gobierno a aceptar una victoria independentista en las urnas, el exconseller Santi Vila ha lanzado una advertencia quizás premonitoria: “Cuidado con lo que nos propongamos en los programas electorales porque nos podemos encontrar en el mismo sitio que tras la declaración de independencia”.