Hacienda mantendrá el control de las cuentas de la Generalitat aún en caso de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocara elecciones autonómicas anticipadas. El control se mantendría hasta que se formara un nuevo Parlamento y se volviera a la legalidad, han explicado fuentes del departamento ministerial en una conversación con periodistas en los pasillos del Congreso.
Hasta el momento, Hacienda ha pagado, con cargo al sistema de financiación, un total de 940 millones de euros de gastos ordinarios del Gobierno catalán --educación, sanidad, servicios sociales y funcionarios-- entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre, a los que habría que añadir la parte que le corresponde a la Generalitat catalana del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Según los propios datos de Hacienda, a Cataluña le corresponden 1.400 millones mensuales del sistema de financiación autonómica. El remanente de esta cantidad será ingresado en una cuenta que se va a crear en el Banco de España específicamente para este fin. En ella se depositarán los remanentes de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica que correspondan a Cataluña tras el control de gastos. El titular será la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, según la orden del Ministerio que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las citadas fuentes han señalado que el Gobierno no puede sustituir a un Ejecutivo catalán elegido democráticamente, pero sí reforzar el control de sus cuentas con una persona distinta que sería nombrada por el propio ministerio. Hacienda reforzaría el control del gasto y de la recaudación catalana si se aplica el artículo 155 de la Constitución, al tiempo que podría nombrar a una persona de perfil técnico para asumir las funciones del actual consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras.
La aplicación del artículo 155 conllevaría un mayor control de la ejecución de los presupuestos de 2017 aprobados por el parlamento catalán tanto en términos de ingresos y de recaudación tributaria como de gastos, han puntualizado.
Además, las mismas fuentes han recordado que el Ejecutivo asume ya todo el control presupuestario de Cataluña, pero han desvelado que el artículo 155 respaldaría un reforzamiento de este control en términos legales y normativos. Aunque no han querido especificar las medidas que tomarían han sugerido que se trataría de la asunción de la gestión de los impuestos que tiene bajo su control la autonomía. “Un Estado no puede nacer sin Hacienda”, han recordado las mismas fuentes. Han explicado que con la intervención de la autonomía no se puede modificar el Presupuesto aprobado por el Parlament y se tendrían que prorrogar las cuentas de este año en 2018.
Las mismas fuentes también han dicho que el ministerio ha enviado a la fiscalía al menos dos casos referidos a la posible ilegalidad de contratos vinculados a la celebración del referéndum y relativos a gastos de publicidad. Se trataría de dos contratos menores por importes de unos 10.000 millones de euros. No obstante, en el Ejecutivo son conscientes de que con esa cantidad no se paga la consulta que tuvo lugar el pasado primero de octubre y por ello remiten a la investigación de la Justicia para averiguar de dónde salieron los fondos.
Por otro lado, las fuentes han explicado que no se va a poder hacer efectiva la donación de 300.000 euros que anunció ayer el consejero de Asuntos Exteriores, Raúl Romeva, para los acuerdos de paz entre la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano. En este sentido, recuerdan que el Presupuesto catalán está cerrado y que si ésta cifra no estaba presupuestada con anterioridad a las medidas adoptadas por Hacienda, no se podrá hacer efectiva por parte de la Generalitat.
Miles de personas se han concentrado este lunes por la tarde en la plaza Sant Jaume de Barcelona para pedir la libertad del exvicepresident Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn y los exlíderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Los manifestantes piden su liberación después de que esta tarde Romeva, Mundó, Rull, Turull, Bassa y Borrás hayan abandonado las prisiones de Estremera y Alcalá Meco tras pagar las fianzas de 100.000 euros impuestas por el juez Llarena.
El periódico estadounidense The New York Times publica este lunes un artículo de Albert Rivera titulado, “Nosotros, los catalanes, debemos al mundo una explicación”, en el que el presidente de Ciudadanos reflexiona sobre la posible “idea superficial” que se trasmite de la situación que se vive en Catalunya.
En su columna, Rivera sostiene que “el origen y el estatus socioeconómico son las variables que mejor explican el secesionismo en mi región. Cuanto más altos son los ingresos y más profundas las raíces catalanas, mayor es el apoyo separatista; cuanto más bajos los ingresos, especialmente entre los que tienen fuertes vínculos con el resto de España, mayor es la preferencia por una España unida”, afirma
El líder de Ciudadanos asegura también que “la mayoría de los catalanes quieren participar en un proyecto común para el futuro de España” y señala que “millones de catalanes no pueden ser privados de su ciudadanía española y europea mientras se disuelve la soberanía nacional”.
Pero lo que llama la atención es que el rotativo, en lugar de acompañar el texto con una imagen de Rivera, ha preferido publicar una foto en que se ve a dos jóvenes envueltos en la estelada independentista que acuden a un concierto en Barcelona, que organizó la ANC a favor de los “presos políticos”.
“Frente a quienes promueven la ruptura, exijo el diálogo; frente a la exclusión, exijo la convivencia; el federalismo y la unión”, afirma el líder de Ciudadanos en su columna, en la que desgrana las circunstancias que en su opinión han llevado a Cataluña a la “grave fractura social que estamos afrontando”. Rivera sostiene también que “millones de catalanes no pueden ser privados de su ciudadanía española y europea mientras se disuelve la soberanía nacional, y con ella el derecho de todos los españoles a decidir juntos sobre el futuro de España”.
Los exconsellers de la Generalitat Raúl Romeva, Carles Mundó, Josep Rull y Jordi Turull han abandonado a las 18:40 horas de este lunes la cárcel de Estremera después de abonar los 100.000 euros de fianza que el juez Llarena había impuesto para que pudiesen salir de prisión. Las exconselleras Bassa y Borrás también abandonaron esta tarde la cárcel de Alcalá Meco tras depositar la fianza. Unos y otros siguen investigados en la causa por rebelión, sedición y malversación que instruye el Tribunal Supremo.
El magistrado del Supremo ha impuesto a los exconsellers comparecencias semanales en el TSJ de Catalunya o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, con la prohibición de abandonar el país y la retirada de pasaporte. Así, el juez Llarena les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato reingreso en prisión.
Por otro lado, el magistrado ha decidido que sigan en prisión de forma preventiva el exvicepresident del Govern Oriol Junqueras; el que fuera conseller de Interior Joaquim Forn; y los exlíderes de ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Llarena considera que no hay riesgo de fuga, pero sí de reiteración delictiva.
El pasado 2 de octubre el Ministerio del Interior aumentó la cifra de agentes de la Policía y Guardia Civil heridos en las cargas del 1-O de 39 a 431. De esos 431, diez causaron baja, según ha publicado Civio en referencia a una pregunta formulada al Gobierno.
La Fundación Civio realizó las siguientes cuestiones al Ministerio del Interior: “¿Cuántos de los 431 agentes requirieron hospitalización, cuántos solo atención hospitalaria y cuántos atención médica de otro tipo? ¿Cuántos se han clasificado como heridos leves, graves y muy graves? ¿Cuántos agentes han requerido baja médica tras los incidentes?”
El Gobierno ha respondido a la Fundación asegurando que cinco agentes de la Policía y cinco guardias civiles causaron baja, “si bien el número de contusionados fue muy superior, aunque no precisaron asistencia hospitalaria”, recoge Civio.
Por su parte, la Generalitat de Catalunya cifró en 991 las personas que necesitaron atención sanitaria tras las cargas del 1 de octubre, una cantidad que llegó a las 1.066 personas después de contabilizar a aquellas que acudieron a los centros sanitarios entre los días 2 y 4 por lesiones derivadas de las cargas.
Junts per Catalunya (JxCat) continuará “construyendo la república Catalana” a partir del 21 de diciembre si el bloque independentista gana las elecciones. A ello se ha comprometido la candidatura formada por Carles Puigdemont sobrepasando los límites de las siglas del PDeCAT en el programa electoral que han presentado este lunes, en el que se apuesta por un diálogo con el Estado para alcanzar la independencia.
Para JxCat las elecciones del 21D convocadas por Mariano Rajoy serían una mera reválida –aunque “de gran trascendencia”, según recogen en su programa– que tendrían que pasar para lograr la vuelta a la situación previa a la aplicación del 155.
Bassa y Borràs, que ingresaron en la prisión madrileña el 2 de noviembre por supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Catalunya, han sido recibidas por sus familiares y una delegación de ERC en las puertas de la cárcel madrileña.
Llarena ha acordado hoy la puesta en libertad de las exconsellers tras depositar una fianza de 100.000 euros, aunque les ha retirado el pasaporte, les ha prohibido salir de España y les ha fijado comparecencias semanales en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o en el juzgado que elijan bajo advertencia de que si incumplen estas medidas deberán ingresar en prisión.
La Fiscalía no recurrirá el auto por el que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha mantenido en prisión incondicional a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y ha dejado en libertad bajo fianza de 100.000 euros a seis exconsellers.
Por contra, la defensa de los dirigentes independentistas que seguirán en prisión ya han anunciado que recurrirán la decisión de Llarena. También lo hará la acusación popular que ejerce el partido ultraderechista VOX, en su caso porque rechaza la puesta en libertad de seis exconsellers, que cree que deberían seguir en prisión.
Carles Puigdemont, cabeza de lista de JuntsxCat, participará a través de videoconferencia desde Bruselas en el debate electoral que emitirá TV3 el próximo 18 de diciembre, según ha podido confirmar eldiario.es.
El debate de TV3 estará moderado por el director de la cadena, Vicent Sanchis. El Supremo ha decidido hoy además mantener en prisión a Oriol Junqueras, cabeza de lista de ERC, por lo que previsiblemente será sustituido en el debate de TV3 por su número 2, Marta Rovira.
“La violencia de vuestras sonrisas es lo que os retiene en prisión”. Así se ha referido el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la negativa del Tribunal Supremo a dejar en libertad a los exconsellers Oriol Junqueras y Joaquim Forn y a los líderes de a ANC Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
En un mensaje en su cuenta de Twitter tras acudir a la vista sobre su extradición en Bruselas, Puigdemont ha valorado que “la fortaleza de espíritu democrático” de los exconselelrs “provoca terror” al Supremo.
“Amigos y compañeros, vuestra perseverancia tumbará su sistema corrompido. Antes, ahora y después del # 21D, juntos lograremos la libertad!”, ha zanjado Puigdemont.
Las defensas de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez han anunciado que recurrirán el auto por el que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha denegado su petición de libertad y les ha mantenido en prisión ante el riesgo de reiteración delictiva.
“Me hace daño que un buen magistrado como Llarena use los términos que usa en su auto”, ha afirmado el abogado de Sànchez, Jordi Pina, en referencia a las expresiones “explosión violenta” o “violento germen” con los que Llarena describe en su auto la actuación de los exconsellers y los 'Jordis'. En la misma línea, la letrada de Cuixart, Marina Roig, ha recordado el “carácter pacífico” que, a su juicio, ha presidido la forma de hacer político del líder de Òmnium.
No serán los únicos recursos que recibirá el alto tribunal, pues la acusación popular que ejerce el partido de ultraderecha VOX también recurrirá el auto de Llarena, pero en su caso porque rechaza la libertad bajo fianza de 100.000 decretada para seis exconsellers. VOX quiere que todos los dirigentes sigan en la cárcel.
Fuentes de la Fiscalía, que pidió mantener en prisión a todos los exconsellers, han explicado que están estudiando el auto de Llarena y que “es pronto para saber que postura se adoptará”, en referencia a si presentarán recurso.