El ministro de Hacienda que negó la malversación en el 1-O ha comparecido como testigo este miércoles en el Tribunal Supremo. Cristóbal Montoro ha presentado sin pruebas ante el tribunal una tesis sobre cómo se pagaron los gastos del 1-O. Ha apuntado a que la Generalitat pudo llevar a cabo “actuaciones engañosas” que burlaron el control de sus cuentas por parte del Ministerio. “Un análisis contable siempre puede resultar defraudado”, ha insistido el exministro.
Montoro ha acudido a declarar como testigo tras la polémica que mantuvo con el juez Llarena en fase de instrucción. El ministro insistió en negar la malversación mientras la Guardia Civil, en sucesivos informes, iba elevando el monto de fondos públicos presuntamente destinados por el Govern al 1-O.
A día de hoy, la disparidad entre las partes, los investigadores y Hacienda sobre el gasto público en el 1-O es total. Las defensas niegan haber destinado un euro público al referéndum y han alegado que se pagó con fondos privados, mientras que los técnicos del Ministerio de Hacienda han limitado a 810.000 euros los fondos dispuestos por la Generalitat para el 1-O, que la Fiscalía eleva a 3,1 millones, la Abogacía del Estado a 2,9 millones y la Guardia Civil a más de cinco millones.
El exministro ha tildado de “compatible” las distintas cifras sobre la presunta malversación y ha querido diferenciar el control de las cuentas de las pesquisas policiales, en las que ha insistido que personal de su ministerio asesoró en multitud de ocasiones. Ha recordado, como también ha hecho Mariano Rajoy, que en varias ocasiones puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía del Tribunal de cuentas sospechas sobre movimientos de fondos que podrían destinarse al referéndum.
Los informes de la Guardia Civil sobre el 1-O, ha explicado Montoro, “contaron con el asesoramiento de personal del Ministerio de Hacienda, de personal muy cualificado, se constituyó un equipo humano para asesorar en esas investigaciones”.
Montoro se ha extendido en defender el control que Hacienda mantenía sobre las cuentas catalanas. En septiembre de 2017, ha explicado, se puso en marcha “un control absoluto como no se había hecho nunca en España”. “Sustituimos a la propia administración autonómica”, ha destacado.
“Toda la Generalitat estaba intervenida presupuestaria y financiariamente, las urnas no se sufragaron con presupuesto público”, ha agregado. Además, ha dicho que existe “motivo de prevaricación” por el uso de espacios públicos para la votación. Montoro ha respondido a las preguntas de todas las partes salvo a las de la Abogacía del Estado. Rosa María Seoane ha renunciado a preguntar a Montoro pese a que la Abogacía se personó en la causa del 1-O precisamente por el delito de malversación.