Esta semana se cumplen 70 años de la conocida como huelga de los tranvías de Barcelona. Hacía 12 años que se había acabado la guerra, eran tiempos de penuria y racionamiento, y el detonante del estallido en las calles fue el incremento abusivo de los precios del billete. Hubo dos semanas de protestas que acabaron en una huelga general, cayó el gobernador civil y no se aclaró quién estaba detrás de las manifestaciones y las apelaciones al boicot. La mecha fue la tarifa del tranvía y prendió como muchas veces lo hacen las protestas en Barcelona: sin saber quién estaba detrás y con disturbios en la calle. Ya antes de las teorías de Twitter, se apuntaba a la arraigada tradición anarquista en la capital catalana para explicar algunas de las imágenes que estamos viendo desde hace más de una semana. Unas protestas que recuerdan y mucho las que se organizaron contra la sentencia del procés. Tanto entonces como ahora se detuvo a jóvenes vinculados al movimiento anarquista, algunos de ellos, extranjeros. Pero los protagonistas de los disturbios no responden a un único perfil, forman parte de distintos grupos y a la vez heterogéneos, según los Mossos d'Esquadra. Van desde grupos anarquistas “violentos” a comunistas “combativos”, en definición del conseller de Interior, Miquel Sàmper, a los que la policía autonómica suma a delincuentes habituales. Lo que tendrían en común es que salen a la calle a provocar incidentes.
Esta vez la mecha ha sido el encarcelamiento de un rapero y también como en octubre del 2019 se ha puesto a los Mossos en la picota, pero la diferencia es que son acciones que se producen en pandemia, en plenas negociaciones para formar un Govern, y con unos disturbios que este sábado superaron sus propios límites al intentar incendiar una furgoneta de la Guardia Urbana cuando había un agente dentro. El policía pudo salir a tiempo y la imagen de la parte trasera del vehículo ardiendo es la que ha hecho que saltasen las alarmas en ámbitos políticos que hasta ahora se habían mostrado comprensivos. Además ha provocado que un centenar de entidades, entre ellas las principales patronales económicas, den un paso al frente para exigir que se ponga fin a esta situación. Se está ya organizando un acto para este jueves con el explícito lema de 'Ja n'hi ha prou! Centrem-nos en la recuperació' [Basta ya! Centrémonos en la recuperación!]
El conseller de Interior, Miquel Sàmper, que es de los que acostumbra a hablar más claro en este Govern en funciones (algo que le ha comportado más de un problema), explicaba hace una semana que se había sentido “solo” en la crítica a los incidentes. Este lunes ha ido más allá al reconocer en público lo que ningún otro compañero de su gabinete se había atrevido a decir y es que la tibieza de Junts y ERC a la hora de desmarcarse de los disturbios respondía al interés por no incomodar a la CUP, que siempre ha tenido en su punto de mira a la policía autonómica, y cuyas juventudes están participando en las protestas. Donde los responsables de Interior detectan “violencia gratuita” por parte de algunos manifestantes, los dirigentes anticapitalistas ven “represión policial”. La candidata de la CUP, Dolors Sabaté, tras insistir en que “no sirve de nada” condenar los altercados porque, en su opinión, eso no es una solución, ha añadido este lunes que “el riesgo para la vida marca un límite”, en referencia al incendio de la furgoneta de la Urbana.
Ese límite traspasado ha llevado a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona a sentarse juntos por primera vez para analizar lo sucedido estas dos semanas y enviar un mensaje conjunto: “En una crisis como esta lo último que necesita Barcelona es violencia”. En la cumbre, a la que asistieron el vicepresidente en funciones, Pere Aragonès, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, el conseller Sàmper, así como la alcaldesa, Ada Colau, el concejal de Seguridad, Albert Batlle, y los máximos responsables de las cúpulas de los Mossos y de la Guardia Urbana, se constató que existen unas decenas de manifestantes que participan en las protestas con el único propósito de delinquir. Según fuentes conocedoras del encuentro, los mandos policiales subrayaron ante los políticos presentes la buena coordinación que existe entre los diferentes cuerpos de seguridad. “La violencia nunca está justificada y menos cuando pone en riesgo la vida de las personas”, subrayó Colau a la salida de la reunión. En el encuentro, los mandos policiales confirmaron que, tras la manifestación pacífica del sábado en la que se calcula que había 4.000 asistentes, unas decenas protagonizaron los disturbios y que estos son los que participan en las protestas con el único propósito de provocar el máximo de altercados.
De los 14 detenidos este fin de semana, cinco son de nacionalidad italiana, uno francés y, junto a otro catalán, están encuadrados por los Mossos en un grupo perteneciente al movimiento anarquista. Entre los italianos está la joven al que la policía atribuye una intervención “directa” al rociar el vehículo de la Urbana con un líquido inflamable. La Fiscalía deberá determinar los cargos pero podría enfrentarse a un homicidio en grado de tentativa. De todas formas, la propia policía autonómica afirma que no existe un único perfil y que los impulsores de los actos vandálicos están integrados en grupos “diferentes y muy heterogéneos”. Los últimos disturbios han comportado una ofensiva policial y los Mossos han registrado este lunes dos naves industriales en Mataró y Canet de Mar donde estarían viviendo al menos ocho de los detenidos que han protagonizado los principales saqueos de este fin de semana en la capital catalana.
En menos de dos semanas los Mossos d'Esquadra han detenido a 137 personas en Catalunya. Los sindicatos policiales llevan días denunciando lo que consideran un desamparo por parte de los responsables políticos y así se lo trasladaron al conseller de Interior. Los nueve sindicatos con representación en los Mossos alertaron de que ellos son los que velan por la paz social en el cuerpo policial y que estaban ya “en el límite asumible de poder garantizar esta paz”. El ataque contra el furgón de la Guardia Urbana ha colmado la paciencia de SAPOL, uno de ellos, y ha anunciado que se personará como acusación contra los responsables del incendio de la furgoneta cuando había un agente en su interior.
Respecto a la investigación sobre la joven que perdió un ojo en una de las primeras manifestaciones en Barcelona, el conseller de Interior ha reconocido que todo indica que la mutilación se produjo por impacto de una bala de 'foam' y ha adelantado que se ha activado el protocolo de la Generalitat para resarcir económicamente a la víctima.
El modelo policial, a debate
Algunos exconsellers de Interior, de la etapa Convergència, y el expresident Artur Mas se han desmarcado estos días de las declaraciones de dirigentes de Junts muy críticos con la actuación de los Mossos y muy poco con los disturbios. Algo que ya había pasado en la etapa de Quim Torra en la presidencia de la Generalitat y que acabó con la destitución del entonces titular de Interior, Miquel Buch, porque Torra no compartía la dureza de los Mossos para frenar los disturbios en las protestas contra la sentencia del procés. Pero las imágenes de este fin de semana han tenido también efecto en las filas de Junts. “Hechos como el ataque a la furgoneta de la Guardia Urbana son del todo inaceptables. Había un agente dentro del vehículo, que vivió momentos difíciles, que pusieron en riesgo su integridad”, ha lamentado Elsa Artadi, que además de estar en el equipo que negocia con ERC la formación del nuevo Govern, está llamada a ocupar algún cargo destacado en la próxima legislatura.
En paralelo al debate sobre cómo poner freno a los episodios de violencia que se han sucedido casi a diario durante las últimas dos semanas, los partidos independentistas se hallan en plenas negociaciones para confeccionar un nuevo Govern. Unas reuniones en las que el modelo policial han sido protagonistas hasta el momento. La CUP, que tiene la llave de la mayoría absoluta, reclama una moratoria en el uso de balas de 'foam', después de que una manifestante perdiera un ojo la semana pasada, y también que la unidad antidisturbios no participe en ejecuciones de desahucios. A esto se suma la petición de que la Generalitat, al ejercer la acusación penal para defender a los mossos, rebaje las penas que pide contra manifestantes y se limite a imputar únicamente lesiones en el caso de agentes heridos.
La CUP y ERC han mostrado sintonía en estas cuestiones, aunque el acuerdo como tal no se ha producido. Los republicanos afirman que por el momento tan solo han mostrado su disposición a estudiar estas peticiones, de las cuales creen que la mayoría deberán tratarse en una comisión de estudio en el Parlament durante la próxima legislatura. Sin embargo, fuentes de ERC sí admiten que algunas medidas sobre el modelo policial podrían formar parte del pacto que se alcance antes de la investidura. Las negociaciones van más lentas de lo que los republicanos se habían propuesto y el calendario empieza a apremiar. Está previsto que la Cámara catalana se constituya el 12 de marzo y el pleno de investidura debería celebrarse entre el 26 y el 28 de marzo como muy tarde.