Esto no va solo de Villarejo

José Manuel Villarejo lleva toda la vida mintiendo y durante mucho tiempo no le fue nada mal. Sus engaños, revestidos de razón de Estado, servían a los intereses espurios del gobierno de turno. En nombre de ese Estado y con la cooperación imprescindible de no pocos periodistas (la mayoría aún siguen ejerciendo como tales) investigó a personas que no habían cometido ninguna ilegalidad, falseó documentos para inculparles o se inventó delitos fiscales en Venezuela. Todo para intentar frenar al independentismo y a Podemos. 

Eran maniobras sin amparo judicial que contaban con el beneplácito de la dirección del Ministerio del Interior cuyo titular era Jorge Fernández Díaz. Se superó cualquier límite democrático y con la misma falta de ética, Fernández Díaz, quien siempre se presentó como un fiel escudero de Mariano Rajoy, sigue todavía dando lecciones de moral en su tribuna en La Razón.   

Villarejo, tanto en los años en que tenía rango de comisario como cuando dejó de serlo, respondía a una estrategia política. Él se llenaba los bolsillos a cambio de cumplir con las misiones encomendadas. Fue así hasta que en 2014 un periodista, nuestro compañero Pedro Águeda, que a diferencia de otros nunca tomó parte, ni antes ni ahora, en la guerras entre el excomisario y algunos de sus antiguos colaboradores, destapó la Operación Catalunya.

El hedor de la cloaca se hizo cada vez más insoportable y los mismos que le dieron medios y recursos para que se encargase del trabajo sucio empezaron a renegar de él. Villarejo actúo como siempre, enfangando, pero para intentar salvarse de las causas judiciales que le acorralan, decidió que no caería solo. Mentiría lo que hiciese falta, nada se le da mejor, e incluso podría decir alguna verdad. O dejaría caer insinuaciones que sirviesen de munición informativa y el tiempo dirá si también serán motivo de alguna condena judicial. 

Con esa voluntad, la de salvarse y pasar cuentas, se sentó en un plató de TV3 en mayo del 2022. En su entrevista, apuntó directamente –aunque sin pruebas para corroborarlo– contra la magistrada Carmen Lamela, quien mantuvo a Sandro Rosell casi dos años en prisión preventiva para terminar absuelto, en un uso claramente desproporcionado del poder de los jueces de instrucción para enviar a alguien a la cárcel a la espera de juicio.

Esta fue la literalidad: “Se entendía que el Barça era un elemento digamos vinculado al independentismo que había de desestabilizar. Entonces se habló con una jueza que se llamaba Lamela y esa jueza estuvo de acuerdo y pidió una serie de cosas, entre otras cosas ir al Supremo, como luego fue”.  

El excomisario añadió que la jueza Lamela “tenía una vinculación tremenda con el CNI”, el enemigo que el comisario jubilado ve detrás de todos sus problemas judiciales. Y se ofreció a contar en sede judicial todo lo que había dicho en la entrevista en su propia “catarsis”.

Lo que sí sabemos es que la defensa de Rosell pidió hasta tres veces a la jueza Lamela la comisión rogatoria de EEUU con la que se inició su causa en la Audiencia Nacional, y que por tres veces la magistrada se la negó aduciendo que los papeles se habían devuelto a las autoridades estadounidenses. En cambio, cuando la causa pasó al tribunal que absolvió a Rosell, la comisión rogatoria apareció. Se debió a un “error” de Lamela que se subsanó, según la explicación que dio el Supremo cuando rechazó la querella de Rosell contra la magistrada de su mismo tribunal.

Aunque sea a partir de la palabra de alguien tan poco fiable como Villarejo, la Justicia tiene la oportunidad de investigar de una vez las maniobras contra el independentismo gracias a la querella interpuesta por el expresidente del Barça. Hasta ahora únicamente se ha castigado su movimiento más burdo, el intento de adulterar el caso Pujol. Pero los jueces no solo han rechazado investigar la Operación Catalunya en su totalidad sino que han impedido, de momento, el intento de la Justicia andorrana de averiguar hasta qué punto Mariano Rajoy tuvo conocimiento de las maniobras sin control judicial en el principado para dar con las cuentas de la familia Pujol.

En España, en cambio, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se negó en 2021 a investigar la Operación Catalunya alegando que Villarejo “captaba información” sobre corrupción. Con los mismos argumentos que le sirvieron para abrir la investigación sobre las maniobras del PP para hacerse con documentación comprometedora de Luis Bárcenas, el juez se negó a indagar sobre las maniobras contra el procés.

Los anteriores intentos de afectados por la cloaca policial acabaron igualmente en el archivo de los juzgados. Solo tres ejemplos: la querella de Xavier Trias por su falsa cuenta en Suiza; la del PDeCAT por la confabulación entre Fernández Díaz y el entonces director de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso; o la denuncia de los 33 jueces que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir y vieron que sus fotos de DNI acabaron en La Razón. Este último caso terminó como otras tantas causas archivadas sobre asuntos sensibles para la unidad de España, con una condena del Tribunal de Estrasburgo al Estado por no haber investigado lo suficiente de qué unidad policial provino la filtración.

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