La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha puesto deberes al president de la Generalitat, Quim Torra. En una carta que la organización antidesahucios ha dirigido al jefe del Govern le reclaman que incluya la ley antidesahucios 24/2015, suspendida por el Tribunal Constitucional, en la lista de normas que pretende negociar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien se verá el próximo 9 de julio.
Desde el movimiento social reclaman a Torra un compromiso “público e inequívoco” con esa ley, de la que la PAH fue promotora, al considerarla más efectivas que otras normas con las que la Generalitat ha intentado dotarse de herramientas para luchar contra la exclusión residencial y la pobreza energética.
Por ello la PAH pide a Torra que, en una eventual negociación Sánchez sobre el rescate de leyes catalanas, priorice su normal por delante de la ley antidesahucios 4/2016, cuyo contenido se rebajó para que pasara el filtro del Constitucional, algo que finalmente tampoco se consiguió. Como también piden que se privilegie el rescate de la 24/2015 antes que las medidas del decreto sobre pobreza energética de 2014, más ambicioso a la hora de prohibir cortes energéticos pero que también fue parado por el Constitucional.
En este sentido la plataforma reclama también a Torra que cumpla las partes no suspendidas de la ley 24/2015, al mantenerse en vigor. En concreto le exigen que se firmen los convenios de corresponsabilidad sobre la pobreza energética con las suministradoras, previstos en la ley aunque el texto no incorpora ningún mecanismo concreto para forzar a las compañías energéticas a hacerlo.
La PAH dirige esta petición a Torra pese a que la ley 24/2015, nacida como una iniciativa legislativa popular aprobada por unanimidad en el Parlament, fue suspendida por el Tribunal Constitucional gracias a un recurso del Gobierno del PP al que el Govern de la Generalitat se opuso. De hecho, el veto a esta ley ha sido esgrimido en diversas ocasiones desde el Ejecutivo catalán como uno de los más importantes agravios competenciales, hasta el punto de que Carles Puigdemont ya la incluyó en la lista de las 46 peticiones que hizo al Gobierno en 2016.
Desde la entidad del movimiento antidesahucios entienden que la ley se podría recuperar de forma simple, si el Gobierno de Sánchez retirara el recurso de inconstitucionalidad contra ella. Algo en lo que coinciden con lo manifestado por el Govern en las últimas semanas, que tiene preparada una lista con 12 leyes suspendidas que considera que pueden ponerse en vigor inmediato. Sin embargo, en esa lista Torra situó la ley 4/2016, nacida para rescatar las medidas tumbadas de la 24/2015, pero que también acabó recurrida y suspendida en el Constitucional.