Fue el caso que evidenció que el oasis catalán era en realidad un lodazal. El 23 de julio de 2009 los Mossos d'Esquadra entraban en el Palau de la Música. En enero del año pasado, la Audiencia de Barcelona confirmó judicialmente lo que durante muchos años fue un secreto a voces: Fèlix Millet y Jordi Montull usaron su control total en la gestión del Palau para saquearlo y el auditorio fue la vía a través de la que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró comisiones a cambio de obra pública.
Diez años después, el caso Palau no se ha cerrado por completo. Los antiguos gestores del Palau y principales condenados, Millet, Montull y su hija, Gemma Montull, tienen pendiente de devolver lo robado. De los 23 millones en los que la Audiencia de Barcelona cifró el expolio, los saqueadores del Palau solo han devuelto 5,91. Lo hicieron cuando estalló el caso, en un intento (exitoso) para evitar la prisión preventiva confesando el crimen y reparando parte del daño.
El Tribunal Supremo tiene pendiente resolver los recursos de los condenados en primera instancia. Hasta que el Alto Tribunal no se pronuncie, la sentencia no se ejecutará y Millet y Montull no resarcirán al Palau de todo el expolio. “Reclamaremos que devuelvan hasta el último céntimo”, explica el actual director general del Palau, Joan Oller, en conversación con este diario. A día de hoy, el saldo del caso Palau para la histórica institución cultural catalana arroja pérdidas, ya que entre abogados, auditorías y devolución de subvenciones que Millet y Montull destinaron a obras en sus casas, el Palau ha gastado 5,92 millones.
A diferencia de otros casos en los que la justicia tiene problemas para recuperar el dinero por las maniobras de ocultación de los corruptos, en el caso Palau la impunidad con la que actuaron Millet y Montull hizo que mantuvieran todo su abundante patrimonio a su nombre.
De hecho, la condena se basó en parte en las propias anotaciones que hacía Millet en el libro de cuentas del Palau del dinero que retiraba en efectivo de las cuentas para pagar desde viajes de lujo y obras en sus casas hasta gastos más ordinarios como el tabaco. Y también en los documentos hallados en los ordenadores con los sutiles nombres de “Factures convergents” y “pago a Daniel”, que no era otro que Daniel Osàcar, extesorero de CDC, también condenado por canalizar las comisiones de Ferrovial al partido.
“La gestión y la filosofía han cambiado radicalmente. Ahora trabajamos con la máxima involucración y consenso de la sociedad civil, administraciones, 'cantaires' y público”, asevera Oller, que celebra asimismo que el Palau haya logrado romper con “el estereotipo de dirección aislada en una torre de marfil” que representaba Millet. El expresidente del Palau estuvo al frente de la institución entre 1990 y 2009, hasta que estalló el escándalo.
Fincas y cuentas embargadas
Las propiedades y cuentas de los saqueadores están embargadas desde 2012. Fuentes judiciales calculan que con la venta del patrimonio Millet y los Montull podrán afrontar tanto la devolución de los 23 millones saqueados del Palau como el pago de las multas a las que fueron condenados. Las mismas fuentes explican que en último año Millet y Montull han pedido autorización para vender algunas propiedades. El dinero irá a la cuenta del juzgado.
En concreto, Millet solicitó vender una finca en su pueblo, L'Ametlla del Vallès, valorada en dos millones, dos parcelas más pequeñas por valor de 11.000 euros así como una finca de la Vall d'Aran de 295.000. Se dio el caso, sin embargo, que estaban a nombre de su mujer, Marta Vallès, fallecida en 2018, por lo que en función del testamento tendrá que actualizarse el propietario. Tanto Vallès como la hija de Millet, Laila, fueron condenadas a devolver casi tres millones de euros por los viajes y la boda que pagó el Palau. Por su lado, Montull pidió vender un apartamento en Menorca por 190.000 euros.
Además de devolver el dinero, una vez el Supremo emita la sentencia definitiva del caso, se tendrá que despejar el futuro penal de los saqueadores. Millet y Montull fueron condenados a nueve y siete años de cárcel y pasaron dos semanas en prisión provisional. Por su avanzada edad, al igual que el extesorero de CDC, es difícil que reingresen en prisión aunque sean condenados. Y si el Supremo confirma la sentencia, las sedes que Convergència tiene embargadas para hacer frente a la devolución de los 6,6 millones que cobró en comisiones pasarán al fondo estatal de decomisos. Será la victoria final del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, la bestia negra de los convergentes en los juzgados.
La “resurrección” del Palau
Oller espera una pronta resolución del caso por parte del Supremo. Para conmemorar el aniversario, el Palau ha realizado un documental que lleva el inequívoco título de 'Resurrección'. Combina los testimonios de trabajadores y testigos del expolio con la grabación del concierto de la 2ª sinfonía de Mahler –conocida precisamente con el nombre de 'Resurrección'– que dirigió esta temporada en el Palau Gustavo Dudamel y en el que participó el Orfeó Català, sociedad coral fundada en 1911 por el abuelo de Fèlix Millet.
“El Palau ha resucitado y superado el escándalo de Millet porque es una institución muy querida. 'Cantaires', trabajadores, mecenas y público no querían ver al Palau empantanado en una crisis perpetua”, reflexiona Oller. Diez años después, la huella de los Millet, una de las familias tradicionales de la burguesía catalana, es indisociable del Palau para lo bueno y lo malo, pero el auditorio ha logrado doblar presupuesto y público.
A nivel de gestión, se ha abandonado el modelo personalista de Millet, que paseaba a empresarios, ministros, presidents y presidentes del Gobierno por el imponente auditorio modernista, para centrarse en exclusiva en la música. “La centralidad de los coros, el Orfeó y la programación artística con personalidad y de máxima calidad es lo que da vida al edificio”, destaca Oller.
Asimismo, las distintas entidades con las que Millet operaba como mandamás del Palau y perpetró el expolio –el dinero se confundía, transfería y saqueaba entre las cuentas de la fundación, el consorcio y el Orfeó– se han unificado en una sola entidad supervisada por varios auditores. Se ha eliminado la firma única de Millet y se ha instaurado la firma mancomunada de distintos jefes de departamentos y directivos y se ha instaurado una justificación estricta de las subvenciones. “Millet no se ha puesto en contacto con el Palau desde el escándalo”, concluye Oller.