El Parlament de Catalunya continuará con la tramitación de la ley de reparación jurídica a las víctimas del franquismo, que convertirá a la Generalitat catalana en la primera administración que anule todos los juicios instruidos por causas políticas y sus correspondientes sentencias producidos en Catalunya durante la dictadura.
El proyecto de ley, impulsado por la Comissió de la Dignitat y llevado al pleno por JxSí, CSQEP y la CUP, ha pasado su primer trámite al no haberse interpuesto ninguna enmienda a la totalidad. Tras un breve paso por la comisión, previsiblemente volverá al pleno en dos semanas, cuando será aprobada. Al pleno de este miércoles han asistido como espectadores diferentes víctimas del fascismo y la dictadura, que han celebrado el paso de la ley a trámite.
El nuevo texto legal declara “nulos y sin ningún efecto jurídico” todos los consejos de guerra sumarísimos por causas políticas en Catalunya entre 1938 y 1975. Ahora el departamento de Justicia de la Generalitat será el encargado de expedir certificados de nulidad del procedimiento a las propias víctimas o sus familiares. Conforme a la norma, se declararán nulos los juicios que condenaron a muerte a nombres propios del antifascismo y antifranquismo, como los anarquistas Salvador Puig Antich y Joan Peiró, el president de la Generalitat, Lluis Companys, el dirigente de Unió, Manuel Carrasco Formiguera, o el militante de ETA, Juan Paredes Manot “Txiki”.
Aunque desde los grupos de Ciutadans, PSC y PP no se han hecho enmiendas sí han recordado que esta ley puede chocar contra el Tribunal Constitucional español, al no tener Catalunya competencias en esta materia. La diputada de la CUP, Mireia Boya, que ha presentado la ley, ha asegurado que el pueblo catalán es soberano para anular estos procedimientos. “Corran al TC, corran a Europa a decirles que no quieren anular las sentencias del fascismo, que quieren seguir humillando a sus víctimas”, ha retado la de la CUP.
El PSC, que ha elogiado la presente ley, ha propuesto paralelamente una iniciativa propia sobre la reparación de las víctimas, que previsiblemente también será aprobada. La propuesta de los socialistas se realizaría mediante una modificación de la ley de memoria histórica del 2007, proponiendo anular aquellos juicios además de reconocer el derecho a una indemnización de 135.000 euros a los represaliados en campos de concentración y de trabajo nazis y a sus herederos
Desde Ciutadans se ha asegurado que están de acuerdo con anular los juicios que se hicieron durante la época de la dictadura, recordando que se llevaron a cabo “sin respetar los derechos humanos”, pero han considerado que está mal planteada “desde el punto de vista técnico”. “Tan importante es anular los juicios injustos como que se pueda llevar a cabo”, ha apuntado el diputado José María Espejo Saavedra. Pese a que su grupo no ha bloqueado la iniciativa ha reclamado que se tenga en cuenta la del PSC.