“No es la política la que crea extraños compañeros de cama, sino el matrimonio”, aseguraba Groucho Marx en una de sus lapidarias frases. Pero el cómico bien podría haber señalado al terreno judicial, un ámbito en el que frecuentemente convergen los intereses de grupos sin aparente relación. Estas contradicciones han tomado una especial relevancia en el juicio que esta semana tiene lugar contra 20 acusados de bloquear el Parlament, al compartir acusación la Generalitat catalana y el sindicato ultraderechista Manos Limpias.
Este miércoles los parlamentarios catalanes comienzan a declarar en la Audiencia Nacional como testigos de los hechos ocurrido el día 15 de junio de 2011, cuando cerca de mil personas se sumaron a la acción 'Aturem el Parlament' concentrándose en las inmediaciones del Cámara autonómica en protesta por los recortes en los presupuestos que se aprobaban ese día y la ley Ómnibus, que dejaba sin efecto hasta 80 leyes. El Parlament y la Generalitat se personaron en el juicio acusando a los 20 encausados de un delito contra las altas instituciones del Estado, por el que piden la pena mínima de 3 años de prisión. La fiscalía añade otra acusación por atentado a la autoridad al entender que se insultó y agredió a varios diputados. A estas causas se suma la de Manos Limpias, que aumenta la petición de prisión hasta los 8 años al denunciar un delito de asociación ilícita.
En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal sostiene que durante la manifestación del 15 de junio “varios parlamentarios fueron rodeados e increpados por grupos de personas que les impedían el acceso al Parlament, mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos, creando un fundado temor en su seguridad personal”. Para la defensa, en cambio, lo que se juzga es en este proceso es el derecho de manifestación “contra la intocabilidad del parlamentarios”. “Como con los escraches, se quiere dar el mensaje de que sólo se puede protestar de una manera y sobre todo lejos de los políticos”, asegura el abogado Benet Salellas.
En el mismo sentido de la defensa se manifestó la portavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats, al considerar que las acusaciones se debían haber presentado particularmente y nunca como Parlament, además de asegurar su inconformidad con que este proceso sea llevado por la Audiencia Nacional. También David Fernàndez, parlamentario de CUP, afeó al President que el Parlament formule la acusación junto a Manos Limpias: “¿Qué hace el Parlament y la Generalitat acusando conjuntamente con un sindicato de neofranquistas?”, preguntó el diputado en la última sesión de control, tras recordar que cuando Manos Limpias se quiso querellar contra Mas acusándole de haber cometido un delito de sedición su grupo le mostró su apoyo.
A las contradicciones sobre la acusación se le suma la excepcionalidad de que varios de los testigos comparezcan mediante videoconferencia, un hecho al que la fiscalía se opuso. La primera en comparecer por videoconferencia como testigo este miércoles ante el juez Grande-Marlaska debía haber sido Nuria de Gispert, presidenta del Parlament, pero finalmente dará su testimonio el día 25 por motivos médicos. También por video conferencia testificarán los entonces diputados de CiU Ana Isabel Marcos i Vilar, Gerard Martí Figueras Alba, Josep María Llop Rigol y Antoni Fernández Teixidó y la socialista Montserrat Tura Camafreita, que lo hará el jueves. Darán su versión en persona en la propia Audiencia Alfons López Tena, exdiputado de Solidaritat Catalana per la Independencia (SI), así como Salvador Milá y Joan Boada, parlamentarios de ICV-EUIA.
El president de la Generalitat, Artur Mas, también será llamado como testigo mediante videoconferencia, así como el conseller de Territori Santi Vila. Mas y de Gispert accedieron en helicóptero al recinto el día de los hechos, después de que, según la versión que sostuvieron el martes los mossos d'esquadra llamados como testigos, la comitiva que les transportaba se viera interceptada por algunas de las personas que protestaban. La fiscal criticó en la primera sesión del juicio que el President y otros testigos comparezca desde su despacho oficial en el Palau de la Generalitat, al señalar que el hecho de que haya testigos que no declaren en persona vulnera derechos fundamentales.
Para el abogado de la defensa Benet Salellas la petición de hasta cinco años de prisión es “aterradora” ya que considera que la acción del 15M “tan solo se saldó con una gabardina manchada” lo que en su opinión corresponderia a una falta de daños pero, señala, “nadie sufrió daños físicos ni la propia actividad del Parlament quedó afectada”. Otra de las incongruencias según la defensa es que sea la Audiencia Nacional quien juzgue el caso, habida cuenta de que son hechos ocurridos en Barcelona y los acusados así como la mayoría de las partes son catalanes. “La negativa a juzgar el caso en Barcelona tiene un componente simbólico y represivo” asegura Salellas. El juicio se cerrará el día 5 de mayo, cuando tendrá lugar la prueba pericial, documental, conclusiones, informes y última palabra.