La delegada del Gobierno deberá dar explicaciones ante el Parlament por las detenciones llevadas a cabo en varios municipios de Girona contra dos alcaldes de la CUP, una docena de activistas y un periodista. La comisión de Interior ha aprobado este miércoles, con los votos de JxCat, ERC, los 'comuns' y la CUP la propuesta los anticapitalistas para convocar a Teresa Cunillera por aquel operativo policial, realizado en el marco de la investigación a una protesta en las vías del AVE.
Los hechos por los que el Parlament llama a la Delegada se produjeron el pasado 16 de enero, cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron a 16 personas, entre ellas dos alcaldes de la CUP y un periodista. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, las detenciones e identificaciones fueron realizadas a instancias de la propia policía y sin mandato judicial para ello, sin bien el juzgado fue informado de las actuaciones.
Aquellas detenciones generaron movilizaciones de rechazo e protestas por parte del sector soberanista, por considerar que para el delito de desórdenes públicos que se investiga, el protocolo habitual es enviar un requerimiento judicial y no realizar arrestos. La detención del periodista también fue controvertida, ya que fue identificado gracias a unas imágenes de la protesta en las que se le ve correctamente identificado como fotógrafo, según explicó él mismo.
La Brigada de Información de la Policía Nacional, que fue la unidad que realizó la actuación, consiguió con las detenciones reabrir la causa en el juzgado, que había sido archivada por no tener autores conocidos. En su momento el juez había reclamado, tanto a los Mossos d'Esquadra como a la Policía Nacional, la identificación de los activistas que cortaron las vías del AVE de Girona en el aniversario del referéndum del 1-O.
La petición de comparecencia ha sido aprobada en comisión parlamentaria entre fuertes reproches por la actuación policial de los partidos independentistas. La delegada del Gobierno ya dejó en su momento abierta la puerta a no acudir al Parlament si era requerida, asegurando que ella pertenece a un Gobierno que está sometido a las Cortes Generales y no a un parlamento autonómico. En los días siguientes a las detenciones Cunillera explicó además que la actuación policial estuvo en todo momento “dentro de la ley” y “sin irregularidad ni ilegalidad alguna”.