El Parlament aprueba con consenso la nueva ley antidesahucios catalana sin el apoyo de la PAH
La nueva ley antidesahucios catalana ha sido aprobada este jueves con amplio consenso de los partidos sobre el grueso de su articulado. La nueva norma viene a sustituir los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional de la ley 24/2015, una norma garantista que había sido promovida por la PAH y otras entidades. Sin embargo, pese al consenso entre los partidos y las entidades locales respecto a la ley aprobada este jueves, la PAH no se ha sumado al apoyo al considerar que la rebaja efectuada por el Govern para hacer la ley constitucional la deja incompleta.
El texto aprobado garantiza el realojo en caso de desahucio y prevé medidas para paliar la exclusión residencial por sobreendeudamiento mediante un proceso de mediación. Además introduce el concepto de alquiler abusivo, entrando a regular el precio del alquiler, si bien de forma más ligera de lo que reclaman algunos agentes como el Ayuntamiento de Barcelona. La ley prevé también medidas para ampliar el parque de alquiler, movilizando inmuebles vacíos con la posibilidad de efectuar expropiaciones temporales.
Los grupos de izquierdas habían propuesto enmiendas a la ley, muchas de las cuales han sido aceptadas. El PSC se ha felicitado de la creación de una comisión entre Govern y administraciones locales, que permitirá que desde los servicios sociales de los ayuntamientos se haga seguimiento de las personas en riesgo de exclusión residencial. Los ayuntamientos socialistas habían reclamado esta medida.
Por su parte, Ciutadans y PP han acabado apoyando la mayoría de los artículos, aunque han criticado el “tono victimista” que a su juicio ha empleado el Govern tras la suspensión del Constitucional de la primera ley. Desde el principal partido de la oposición se ha reclamado que se use dinero de TV3 para frenar los desahucios.
Regulación de precios del alquiler
La regulación del precio del alquiler, que finalmente se incorpora, ha supuesto un cambio de criterio de JxSí, que hasta ahora se negaba. CSQEP ha considerado “un paso adelante positivo” la inclusión de la regulación del concepto de alquiler abusivo, aunque ha reclamado más valentía. La propuesta de conjunta del grupo morado y la CUP era establecer unos indicadores que limitaran los precios del alquiler al 30% de la renta familiar del municipio, algo que no ha sido aceptado por la mayoría del pleno.
Pese al apoyo de la oposición al conjunto de la norma, esta también ha remarcado la necesidad de que el Govern dote a las políticas de vivienda de los fondos necesarios y que establezca políticas para reorientar el modelo de vivienda catalán. Uno de los temas más candentes en esta materia es la burbuja del alquiler que afecta, principalemente, a Barcelona. El Govern se ha comprometido a tratar el tema en una ley de arrendamientos urbanos, que prevé elaborar en los próximos meses. La decisión cuenta con el beneplácito de JxSí y PSC, mientras que CSQEP y la CUP, además del ayuntamiento de Barcelona, consideran que el Ejecutivo dilata demasiado los tiempos y pierde la oportunidad de desarrollar ese aspecto en la presente ley.
Los argumentos del Govern para negarse a incluirlo ahora es que la ley aprobada este jueves es de emergencia y debe servir únicamente para sustituir las medidas suspendidas de la anterior 24/2015. Según aseguran desde el departamento de Governació que dirige Meritxell Borràs, la norma que sale ahora del Parlament está blindada jurídicamente para que no pueda ser impugnada por el Gobierno central.
La PAH critica la nueva ley
El grupo promotor de la antigua ley, en el que se agrupan la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y otras entidades, no ha dudado en cargar contra la norma aprobada este jueves. El portavoz de la PAH, Carlos Macías, ha advertido de que el nuevo texto será un fracaso ya que la mayoría de mecanismos que prevé son “de carácter voluntario, caros, farragosos y lentos”.
Al entender de la PAH, esta norma ha rebajado de forma sustancial la 24/2015 y en una parte importante del articulado tira de un registro de pisos vacíos que es de carácter voluntario para los grandes propietarios de inmuebles, como la banca. Además de esto, Macías ha asegurado que esta ley constituye un “cambio de paradigma” respecto a la ley que ellos promovieron el año pasado, en la que se obligaba a los grandes propietarios a hacerse responsables materiales del derecho a la vivienda.
Así, para la PAH, la actual ley deja esa visión atrás y se limita a dar respuesta a los problemas habitacionales con recursos públicos. “Continuamos con la transferencia de dinero público para pagar los beneficios de aquellos que más están especulando”, ha denunciado Macías.
