Dos propuestas de resolución aprobadas este jueves por el Parlament han sido suficiente para provocar un incendio político entre el Gobierno central y la Generalitat como hacía meses que no se vivía. El Consejo de Ministros ha aprobado llevar al Constitucional los textos en los que la Cámara reclama la retirada de la Guardia Civil y declara la “legitimidad de la desobediencia civil e institucional”. El Gobierno sube el tono contra el independentismo mientras la Generalitat llama a la movilización por la sentencia del procés.
Este clima de nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la Generalitat se produce a las puertas del aniversario del 1 de octubre, de la sentencia del procés y también en la antesala de la contienda electoral del 10 de noviembre. Pedro Sánchez se ha lanzado ya a una precampaña en la que su idea fuerza es la de erigirse como el único capaz de darle estabilidad a España ante las cuartas elecciones en cuatro años y gobiernos en precario. Es una estrategia diseñada fundamentalmente para captar votantes de Ciudadanos. Por eso en Moncloa tienen claro que actuarán con “firmeza” ante cualquier “desafío” que pueda darse por parte de los independentistas.
“Este Gobierno no está dispuesto a permitir ningún ataque al Estatut y a la Constitución”, afirmó la portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá, tras la reunión del gabinete. Horas antes, Moncloa ya había anunciado que impugnaría las mociones aprobadas en el Parlament sobre una posible ley de amnistía y en contra de la presencia de la Guardia Civil en Catalunya. “Una clara extralimitación”, a juicio del Ejecutivo de Sánchez.
Pero esta escalada entre los ejecutivos de Madrid y Barcelona debe también enmarcarse en varias hechos de alta tensión política que se han ido acumulando en las últimas semanas. Entre ellos, la detención el pasado lunes de nueves personas acusadas de formar un grupo terrorista secesionista, que ha llevado a Ciudadanos a vincular al Govern con el terrorismo de ETA. También el conflicto judicial abierto por el president de la Generalitat, Quim Torra, con su negativa a retirar la pancarta sobre los presos del Palau, que le llevará a juicio en noviembre.
A eso hay que sumarle que la primera semana de octubre está marcada en el calendario como el momento en el que se conocerá la sentencia del procés. Una hipotéticas condenas que marcarán “un antes y un después”, según el mundo independentista, que ya se prepara para responder a ella con manifestaciones y acciones de protesta.
Aperitivo de la respuesta a la sentencia
Según lo pactado por los grupos secesionistas, será el Parlament la institución que lidere cualquier acción institucional que se pretenda llevar a cabo y, desde el mismo día en que se conozcan las sentencias, la reclamación se encaminará hacia la amnistía. No está previsto que la reacción vaya mucho más allá, al menos oficialmente.
Desde el independentismo mayoritario se rechaza abrir una nueva crisis constitucional o entrar en un periodo de desobediencia que pueda desembocar en consecuencias impredecibles. Ahora bien, eso no significa que los secesionistas o los soberanistas, una etiqueta que incluye a los 'comuns' y que reúne a una mayoría cercana al 60% del Parlament, tengan previsto a abstenerse de aprobar declaraciones o iniciativas parlamentarias de condena o rechazo a las instituciones que culpan de la “represión”.
Un aperitivo de las iniciativas parlamentarias que pueden venir tras la sentencia se sirvió este jueves, en el marco del debate de política general en el que los grupos acostumbran a presentar docenas de resoluciones para marcar, al inicio del curso, la acción política del Govern. Fue la CUP quien registró un largo texto en el que se proponía el objetivo de la amnistía. Pero en ese mismo texto se incluían una declaración sobre la “legitimidad de la desobediencia civil e institucional” y se reafirmaba la declaración de soberanía de 2016, anulada por el Constitucional.
La otra de las resoluciones que ha soliviantado al Gobierno fue la registrada por JxCat y ERC, en relación a la “defensa del Estado de Derecho y los Derechos Civiles y políticos”, en la que se incluía la petición de la retirada de la Guardia Civil, acusándola de hacer un uso “arbitrario” de la legislación antiterrorista para “reprimir el activismo”. Ambas resoluciones serán recurridas ante el Constitucional, pero el Gobierno también apela a la mesura en la respuesta, considerando que no ha habido una ruptura de la legalidad.
155, solo si es “necesario”
El presidente en funciones ya dejó claro en su última sesión de control en el Congreso –cuando se había constatado ya la repetición electoral– que aplicaría el 155 de la Constitución si fuera necesario. “Vamos a defender siempre el diálogo, la negociación, el acuerdo, la convivencia –expresó dirigiéndose a Gabriel Rufián–. Pero si la Generalitat hace cualquier intento de violentar de nuevo el estatuto de autonomía y la Constitución española, el PSOE aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial”. En la misma dirección se pronunció Celaá este viernes, aunque precisó que “a día de hoy” las condiciones requeridas para suspender la autonomía “no se dan”.
Fuentes del Ejecutivo creen que la pretensión de Quim Torra es “tensionar” en la antesala del aniversario del 1 de octubre y de la sentencia del procés, pero piensan que no irá más allá de caldear el ambiente en las calles, es decir, que no pasará de las palabras a los hechos: “No se está buscando un cambio de legislación”. Los socialistas están convencidos, además, de que el independentismo ha perdido fuerza durante los meses de mandato de Sánchez, a su juicio, gracias al diálogo iniciado con la Generalitat, a pesar de que saltó por los aires con la negativa de ERC y JxCat de apoyar los Presupuestos.
En Moncloa explotarán al máximo el perfil “institucional” de Sánchez y consideran que cualquier actuación desde el Ejecutivo le da puntos de cara a las elecciones. Sin embargo, en las filas del PSC y algunos dirigentes socialistas temen que de nuevo Catalunya monopolice el debate favoreciendo a los “extremos” de la derecha y los independentistas. En la cúpula socialista sostienen, además, que hay una partida ganada frente a Albert Rivera y es que no podrá airear el ‘fantasma’ del temor a un Ejecutivo que dependa de los independentistas toda vez que no ha salido adelante y que Ciudadanos se ha negado a apoyar a la “única alternativa de Gobierno posible”.
La bronca vuelve al Parlament
Las resoluciones aprobadas este jueves no suponen una novedad en la actividad parlamentaria catalana. Sin ir más lejos, en el último pleno monográfico celebrado el pasado 25 de julio a petición de Ciudadanos, el bloque independentista volvió a aprobar declaraciones de similar tono. En aquel momento el Parlament afirmó que Catalunya es “un país que sufre la represión”, reafirmó su compromiso “en la defensa de los derechos humanos, especialmente de los que han sido recientemente vulnerados en el Estado español” o reclamó “parar la causa general contra el independentismo”.
También en el anterior debate de política general, celebrado en octubre de 2018, se generó un escándalo similar cuando el Parlament reprobó al rey Felipe VI y pidió la abolición de la monarquía. Como en esta ocasión, entonces el Gobierno anunció que lo llevaría ante el Constitucional, algo que el Consejo de Estado consideró que no podía hacerse al tratarse de una declaración política. El tribunal, sin embargó, aceptó el recurso y acabó anulado la resolución del Parlament, recordando que todas las instituciones tienen prohibido condenar al rey por su inviolabilidad constitucional.
Lo que sí se salió este jueves de lo habitual y recordó a episodios de la legislatura pasada fueron los cánticos proferidos por la bancada independentista, en este caso en favor de la libertad de los encarcelados por la Audiencia Nacional, los que el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa respondió acusando a gritos a los diputados de “respaldar el terrorismo”. La formación acabó así un pleno que, el día anterior, Albert Rivera había contraprogramado acudiendo a la casa cuartel de Vic, escenario de uno de los atentados más cruentos de ETA en 1991, desde donde profirió similares acusaciones contra el independentismo catalán.