El Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves constituir una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias públicas durante la pandemia. La iniciativa, impulsada por la CUP, ha recibido el voto favorable de todos los grupos, también de los del Govern, después de que la oposición se garantizara una mayoría para poder forzar la investigación. ERC, en cuyas manos está la conselleria concernida de Treball i Afers Socials, también ha respaldado la creación de la comisión aunque pretendía introducir un enfoque más centrado en un cambio de modelo a futuro.
La gestión de las residencias de titularidad pública ha esto en el ojo del huracán político pues ha sido el sector que más muertes por COVID-19 han registrado. La situación de los centros de mayores se convirtió en un incendio político dentro del Govern en la primera semana de abril, después de registrarse más de un millar de fallecidos, momento en el que se optó por traspasar las competencias del departamento de Afers Socials, que dirige Chakir El Homrani, al de Salut, también en manos de los republicanos.
La semana pasada JxCat anunció su voluntad de votar favorablemente a la creación de la comisión, lo que generó enfado en ERC, que lo consideraron una deslealtad de sus socios. Con todo, los republicanos optaron por no quedarse solos rechazando la investigación y tratar de generar también un debate sobre la orientación del futuro del sector, una pretensión que no ha prosperado en el pleno. Desde Esquerra han defendido su posición asegurando que el sector de la tercera edad ha sido “una prioridad” para sus responsables, y achacando los problemas ocurridos a la infrafinanciación.
Por parte de la CUP, que impulsa la comisión, el impacto de la crisis del coronavirus debe entenderse en el marco de las condiciones de precariedad, falta de garantías y malas condiciones laborales que sufre el sector, unas críticas a las que se han sumado los 'comuns'. Además la oposición en pleno considera que el Govern había dejado desatendidos estos equipamientos durante los años previos a la crisis sanitaria y que, cuando esta llegó, actuó “tarde y mal”. Ciudadanos y PP han añadido además acusaciones de que el Govern rechazó la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
El pleno de este jueves se ha realizado en formato semipresencial y ha servido también para convalidar varios decretos especiales del Govern sobre la COVID-19. Uno de ellos, precisamente, es el que pone la gestión de las residencias en manos del departamento de Salut. También se ha convalidado un decreto que aplaza el cobro de varios tributos de la Generalitat y que crea una nueva ayuda para familias separadas involuntariamente por las medidas de distanciamiento.