Unanimidad –poco frecuente en el Parlament de Catalunya– para resarcir a cerca de 64.000 represaliados por el franquismo, que a partir de hoy verán sus juicios anulados y sus nombres publicados como víctimas de procesos injustos. Catalunya ha aprobado este jueves una ley, la primera del Estado, que revoca los juicios franquistas 42 años después de la muerte del dictador.
La norma, impulsada por la Comisión de la Dignidad y llevada al legislativo por Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot y la CUP, ha recibido el voto positivo de toda la Cámara. El PP ha sido el último de los grupos en anunciar que finalmente darían respaldo a la ley, a la que antes se había sumado el PSC y Ciutadans, tras una larga negociación por la que se han añadido varias enmiendas.
Con base en la nueva norma el Departament de Justícia de la Generalitat expedirá a las víctimas o a sus familias certificados de nulidad de los juicios y de sus sentencias. Además, sus nombres figurarán en un registro público a disposición de todas las instituciones, como forma de resarcirles.
Entre los consejos de guerra que serán anulados hay algunos especialmente icónicos, como el que condenó a muerte al president de la Generalitat, Lluís Companys, el 14 de octubre de 1940. Como el del president republicano, también serán resarcidos otros asesinados, como el militante libertario Salvador Puig Antich, el militante de ETA Juan Paredes Manot 'Txiki', o el diputado de ERC Josep Fàbrega, y así hasta 3.300 personas ejecutadas por el franquismo en suelo catalán.
Todos los condenados por juicios políticos entre 1938 y 1978, como parte de los consejos de guerra y de la represión franquista, tendrán a partir de ahora sus nombres limpios y declarados oficialmente inocentes para la historia. Esta era reivindicación histórica de muchas familias, que hace varias décadas se han dirigido a las diferentes administraciones para reclamar justicia, sin éxito.
Las sentencias y los juicios políticos del franquismo, al no haber sido anulados nunca, ni siquiera por la ley de Memoria Histórica de 2007, pueden considerarse aún parte del ordenamiento constitucional español. La ley aprobada en el Parlament cambiará esta circunstancia, pues la Generalitat declara los procesos ilegales, faltos de fundamentos de derecho original y contrarios a los Derechos Humanos. Según asegura el texto en su exposición de motivos, la norma “no busca la venganza sino la justicia”.
La larga búsqueda de los archivos
Los casi 64.000 nombres que son reparados este jueves figurarán a partir de ahora en un registro público, pero hasta no hace tanto este listado había estado oculto y cerca de ser olvidado. No fue hasta la mitad de la década de los 90 cuando los represaliados y sus familias comenzaron a buscar sus expedientes judiciales y sentencias. Finalmente fueron el Arxiu Nacional de Catalunya, en colaboración con el Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona y el Memorial Democràtic, las instituciones que a partir del año 2005 se encargaron de buscar y recopilar estos archivos.
No sería hasta el año 2015 que el Arxiu acabara el trabajo encomendado, publicando una importante guía documental en la que se recopilan los archivos recuperados de los consejos de guerra, algo más de 80.000, y mediante los que se rescatan las identidades de los opositores represaliados, que llegan a los 64.000.