Todos los partidos catalanes con representación parlamentaria menos el PP han firmado este miércoles el Pacto Social contra la Corrupción, impulsada por la entidad social Parlament Ciutadà. Además de los partidos, otras 24 organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales y sindicatos se han sumado al Pacto, que ha sido presentado en el Parlament catalán con la presencia de la presidenta, Carme Forcadell, con motivo del Día Mundial contra la Corrupción.
La declaración incluye un decálogo de compromisos para las entidades firmantes que reclama, entre otras cosas, acabar con la financiación opaca de los partidos políticos, reducir los gastos durante las campañas electorales, hacer público el patrimonio y las agendas de los representantes o aumentar la vigilancia respecto a las “puertas giratorias”. El pacto exige además que se asegure la independencia del poder judicial y dotarlo de recursos para que pueda perseguir eficazmente las causas con sospechas de corrupción política. También se ha acordado formar una comisión de seguimiento para implementar el decálogo.
El Partido Popular ha asegurado suscribir la mayoría de las medidas propuestas en el decálogo, pero ha rechazado firmar el documento al entender que se trata de “una escenificación” innecesaria. Según han explicado fuentes del partido, consideran que “las medidas reales contra la corrupción se han tomado en el Congreso de los Diputados” durante la pasada legislatura.
Los representantes de grupos parlamentarios han realizado una jornada en el Parlament para discutir sobre las medidas que se proponen. Según Jordi Rojas, impulsor del documento, la declaración firmada “debe servir como herramienta para evitar la corrupción” más allá “de hacernos una foto”. También la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha elogiado la iniciativa y ha reclamado que los partidos mantengan su compromiso contra la corrupción durante toda la legislatura.
El Pacto ha sido firmado individualmente por parte de los partidos con representación parlamentaria, tengan o no grupo o candidatura propia. Por parte de las entidades, el documento ha recibido el apoyo de la Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l'Administració de Catalunya (Catac), el sindicato Co-Bas, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el Col·legi de Logopedes de Catalunya, el Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya, la Federación Acaps, la Fundació Catalanista i Demòcrata, la Marea Blanca, Marcha Som, Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, Sicom, Sobirania i Justícia, Nova-Centre per a la Innovació Social e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), entre otros.