Los presos asumen que desobedecieron el 1-O pero evitan tildar de “unilateral” la declaración de independencia

Los dirigentes independentistas tenían claro qué hacer hasta el 1-O. A la celebración del referéndum le siguieron veintiséis días de dudas, tensión y división interna como nunca antes había vivido el soberanismo y el 27 de octubre se declaró sin mucho entusiasmo la independencia en el Parlament. Más de un año después, los líderes del otoño soberanista catalán en prisión provisional han asumido sin ambages la celebración y preparación del referéndum en sus escritos de defensa ante el Tribunal Supremo, incluso reconociendo que con la votación desobedecieron al Tribunal Constitucional.

La reivindicación y el protagonismo del 1-O en los escritos contrasta con el papel secundario, casi testimonial, que tanto los acusados de ERC como los de Junts per Catalunya (JxCat) otorgan a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), punto culminante de la rebelión a criterio de la Fiscalía. Todos ellos la definen más como vía para negociar con el Estado que como la manera en que se intentó consumar la independencia, y evitan calificarla de unilateral. Algunos incluso le restan importancia destacando que no se llegó a publicar en el Diario Oficial de la Genealitat (DOGC).

En sus escritos de defensa, los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull (JxCat) detallan que la declaración de independencia estaba en el preámbulo de una resolución parlamentaria que no se llegó a votar, ya que las partes “declarativas” de las propuestas de resolución no se votan. En cualquier caso, añaden, la declaración “nunca” se publicó en el DOGC porque en el diario oficial “solo se publican textos legislativos aprobados por el Parlament, nunca propuestas de resolución”.

Lo que sí se votó y aprobó la mayoría independentista, puntualizan Turull y Rull, fue la “apertura de un proceso constituyente”. Los exconsellers, a los que la Fiscalía pide 16 años de prisión por rebelión, enfatizan que la declaración “hacía un llamamiento expreso a iniciar un proceso de diálogo con el Estado español y la comunidad internacional” para tratar de alcanzar la independencia.

También descafeínan ante el tribunal la declaración de independencia el exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva (ERC). La mención a la DUI ocupa dos párrafos de un escrito de más de 100 páginas, y se define como el “producto parlamentario” con el que se “plasmó la decisión popular fruto del referéndum”.

“La declaración recogía expresamente la reiterada vocación de diálogo de conformidad con los principios del derecho internacional”, asevera el escrito, que destaca además que Junqueras y Romeva “decidieron no desplegar efecto alguno de la Declaración y persistieron en la búsqueda de espacios de negociación política”. Tanto los presos de JxCat como los de ERC recuerdan que en cualquier caso la votación estaba protegida por el derecho a la inviolabilidad parlamentaria. Tanto Junqueras como los dirigentes de JxCat reiteran que su voluntad es conseguir la independencia de forma negociada.

Los escritos de defensa del exconseller Joaquim Forn, el expresidente de la ANC y actual diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ni mencionan la DUI. En el caso de los 'Jordis', cabe recordar su nulo papel en la votación ya que cuando se aprobó el texto ya estaban en prisión preventiva. El escrito de defensa que queda por presentarse es el de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, encargada de leer la declaración el 27-O. Su abogada, Olga Arderiu, ha afirmado este martes en Catalunya Ràdio que Forcadell se limitó a “recepcionar una iniciativa de los grupos parlamentarios” de JxSí y la CUP.

El 1-O, el único acto “unilateral” de Junqueras

En contraste con el tono matizado con el que los acusados se refieren a la DUI, Junqueras y Romeva reivindican el 1-O como “la única decisión de ejecución unilateral” que llevaron a cabo, al basarse en el ejercicio de los “derechos cívicos” de la ciudadanía porque “aglutinaba un consenso muy mayoritario” también en sectores no independentistas. Los políticos “impulsaron desde sus respectivas funciones de representación política la realización del referéndum de autodeterminación”, asegura la defensa.

Turull y Rull también asumen la desobediencia ya que “como el resto de ciudadanos”, sostienen, “conocíamos que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya habían declarado ilegal la celebración del referéndum”. “De la misma manera –añaden– que conocíamos perfectamente que convocar y participar en la organización de un referéndum había sido expresamente despenalizado en el año 2005”.

Las expresiones de los escritos de defensa contrastan con los regates que los exconsellers hacían a la palabra “desobediencia” en vísperas al referéndum. Para enfado de la CUP, que reclamaba una desobediencia abierta, los miembros del Govern Puigdemont preferían reivindicar su “obediencia” a la mayoría parlamentaria. Solo las defensas de los exconsellers Santi Vila y Meritxell Borràs, en libertad provisional y con una petición fiscal de 7 años de cárcel, niegan desobediencia alguna.

Incluso el escrito de Forn, que a diferencia de sus excompañeros de Govern evita cualquier alegato político, asume el papel del exconseller de Interior el 1-O: “Joaquim Forn era un cargo público que participó en un gobierno que había decidido la celebración de un referéndum, pese a que hubiera sido suspendido. Debió mantener un delicado equilibrio entre la lealtad a la acción política del gobierno (amen de a sus convicciones), y el cumplimiento riguroso de los deberes que le imponía ser el máximo responsable (en el plano político) del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Lo mantuvo con éxito”.

Sànchez y Cuixart, a diferencia de los exconsellers, no fueron apercibidos por el Constitucional para paralizar al referéndum, ya que no eran cargos públicos. Así lo recuerda la defensa de Sànchez, que destaca que “nada impedía a los ciudadanos ejercer pacíficamente el derecho de expresión, reunión y manifestación con su participación en un centro de votación como un acto democrático que permitiría conocer la voluntad de la población”. Por su lado, el escrito de Cuixart contiene varios alegatos en favor de la desobediencia civil no violenta.

Forn sí reconoce abiertamente que acató el 155

La primera fase de la investigación en el Supremo estuvo marcado por el acatamiento que todos los dirigentes independentistas, con sus propio matices, realizaron a la Constitución y a la aplicación del 155. A las puertas del juicio, Forn es el único que de forma abierta reconoce en su escrito que “acató la aplicación 155 aun antes de que le fuera comunicado oficialmente su cese”.

Rull y Turull no hacen mención expresa al 155 y su acatamiento, aunque piden una batería de testigos relacionados con la aplicación del artículo, como por ejemplo el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Son la única defensa que lo ha pedido, por el momento.

Junqueras y Romeva también admiten que aceptaron el 155, aunque de forma más matizada, al recordar que, como el resto de fuerzas políticas catalanas, ERC “asumió el reto electoral impuesto por el gobierno español el 21 de diciembre”, comicios que supusieron el final abrupto del otoño soberanista catalán.