“No tenemos todos la misma estrategia pero en sala las diferencias se atenuarán y no nos pisaremos los unos a los otros”. Así encara uno de los abogados de los dirigentes soberanistas acusados en el Tribunal Supremo el juicio al 'procés'. El objetivo de las defensas de los doce acusados es el mismo: la absolución de sus clientes. Sin embargo, las vías para conseguirla varían.
Los acusados se han dividido en dos estrategias de defensa: hay quienes apuestan por una estrictamente jurídica (en especial el exconseller de Interior Joaquim Forn y los exconsellers en libertad provisional). El resto añade alegatos políticos a sus argumentos técnicos. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, lidera esta estrategia, cuyo elemento esencial también es acusar al tribunal y tener en cuenta las movilizaciones en la calle.
Y es que la confianza en el Tribunal Supremo para garantizar un juicio justo divide a las defensas. Algunas, como la de Forn, han alabado el prestigio de la sala que juzgará el 1-O y están convencidas de poder lograr la absolución con el código penal en la mano. Otras cuestionan la imparcialidad del tribunal, ven injerencias políticas en la causa y creen que el juicio está en buena medida perdido porque la única oportunidad de ganar no se dará en el Supremo sino en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Es el caso de Cuixart pero también el de Oriol Junqueras.
Sobre el relato de las defensas, frente a la reivindicación más o menos contundente del 1-O por parte de los exmiembros del Govern en prisión y los 'Jordis' hay dos sonoros desmarques: la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, se desvincula tanto de la organización del referéndum como de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que ella misma leyó en la Cámara el 27 de octubre de 2017. Y el exconseller Santi Vila alega que rechazó “estrategias unilaterales” desde dentro del Govern, mismo motivo que lo llevó a dimitir.
Los abogados desean que la disputa entre ERC y JxCat quede en un segundo plano durante el juicio, aunque fuera de la sala de vistas las dos fuerzas no dejen de competir y de mirarse por el retrovisor para tratar de ser hegemónicas en el soberanismo. En este sentido, los acusados de ERC y JxCat en la prisión de Lledoners negociaron terminar sus escritos de defensa con un mismo texto, aunque finalmente no se ha plasmado. Las distintas estrategias de los partidos también han provocado que haya costado mucho consensuar las cuatro protestas unitarias que el soberanismo ha convocado contra el juicio.
En el plano jurídico, no obstante, sí hay algunas coincidencias. Tanto los acusados de ERC como los de Junts per Catalunya (JxCat) minimizan la declaración de independencia, punto culminante de la rebelión a criterio de la Fiscalía. Todos ellos la definen más como vía para negociar con el Estado que como la manera en que se intentó consumar la independencia, y evitan calificarla de unilateral. Incluso le restan importancia destacando que no se llegó a publicar en el Diario Oficial de la Genealitat (DOGC).
En lo que también coinciden todas las defensas es en descartar cualquier tipo de aliento a la violencia, elemento esencial de los delitos de rebelión y sedición. Lo hacen bien negando los hechos que les atribuye la Fiscalía bien rebatiendo el componente violento apreciado por la Fiscalía en manifestaciones, debates y actos públicos que todo el país pudo ver por televisión.
Por ejemplo, las manifestaciones de la Diada y la protesta del 20-S en Economía convocadas por Òmnium y la ANC que la Fiscalía tilda de “fuerza intimidatoria” y “actuación tumultuaria”, para las defensas de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez son meros ejercicios de los derechos fundamentales de reunión y manifestación. Especialmente contundente es Cuixart, que ha convertido el escrito de defensa redactado por los abogados Marina Roig, Àlex Solà, Benet Salellas y Olivier Peter en una acusación al Supremo.
La defensa del exlíder de la ANC, que ejerce el penalista Jordi Pina, abundará en que Sànchez y Cuixart son los únicos encausados por el 20-S pese a que dentro de los coches destrozados de la Guardia Civil se encontró el DNI de un joven (que no consta sin embargo como imputado en ningún juzgado). Se busca así reafirmar la tesis de que los Jordis son una “cabeza de turco” de las protestas del 20-S para escarmentar al conjunto del soberanismo.
La otra pata de la rebelión, junto al debate sobre si hubo violencia el 20-S y el 1-O, es el papel de los Mossos. Según la Fiscalía, el plan independentista contemplaba “el uso de los Mossos como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos” a la orden “exclusivamente” del Govern. El exconseller de Interior Joaquim Forn rebate esta tesis y niega haber dado cualquier instrucción –ni técnica, ni política– a los Mossos. Además, a diferencia de otros acusados, no tiene ningún problema en admitir que acató inmediatamente el 155, e incluso revela que el día antes de su aprobación ya se despidió de los funcionarios de la conselleria.
Sean técnicas o políticas, las defensas también combaten la base del relato de la Fiscalía: informes de la Guardia Civil obtenidos en la investigación del juzgado de instrucción 13 de Barcelona sobre los preparativos del 1-O que han nutrido luego la instrucción del juez Llarena. “La Fiscalía recoge como hechos incontrovertidos las conclusiones sesgadas y parciales de los informes de la Guardia Civil”, resume el escrito, muy técnico, del penalista Javier Melero, abogado de Forn.
Andreu Van den Eynde, que defiende a Romeva y a Junqueras, el primer acusado en declarar, coincide con Melero, pero añade algo que no comparte con el letrado de Forn: el cuestionamiento de la obtención de las pruebas para perseguir al independentismo. “El relato judicial artificial construido por la Fiscalía, Guardia Civil y el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, así como todas las fuentes de prueba (ilícitas) que alimentan la presente causa no son otra cosa que el fruto de dicha irregular investigación instrumentalizada para criminalizar a los independentistas catalanes”, asevera.
La ronda de interrogatorios de los exconsellers la cerrarán los tres acusados que no están en prisión provisional, los exmiembros del Govern Meritxell Borràs, Santi Vila (PDeCAT) y Carles Mundó (ERC), que se exponen a siete años de cárcel. Ellos también se desmarcarán por completo del 1-O y trasladarán todas las responsabilidades de los gastos de la votación a Junqueras. Incluso certificarán que sus conselleries no gastaron un euro en el 1-O. Uno de los abogados de los presos comprende su estrategia: “La cárcel da miedo”.
Si no hay un giro a última hora, la mayoría de presos, empezando por Oriol Junqueras, declararán en castellano en el Supremo. Solo Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull se plantean mantener su intención de declarar en catalán, aunque el hecho de que el Supremo no haya facilitado la traducción simultánea que pedía –será consecutiva– hace que sus declaraciones puedan ser menos ágiles.