Qué propone y qué rechaza cada partido en la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat

Hay discrepancias de forma y de fondo, diferencias sobre los temas qué deben tratarse, sobre qué propuestas son aceptables y cuáles cruzan todas las líneas rojas. Pero también hay algunas ideas compartidas o que, al menos, no generan el total rechazo de la otra parte. Estas últimas serán claves a la hora de echar a andar la mesa de negociación entre la Generalitat y el Gobierno. Una cita que ya tiene fecha, el próximo miércoles, y a la que los cuatro espacios participantes –PSOE y PSC; Unidas Podemos y Catalunya en Comú; ERC; y JxCat– llegan con posiciones claras en la mayoría de los temas clave.

La primera discrepancia es sobre el formato de la mesa, es decir, sobre qué debe hablarse y cómo debe hablarse. La formación de Quim Torra insiste en que debe haber un mediador, una propuesta a la que el president incluso ha condicionando el inicio de la negociación, aunque finalmente ha aceptado no convertirlo en un requisito para sentarse pero lo mantendrá como una propuesta en la mesa. ERC, por su parte, considera que disponer de un árbitro sería positivo pero no lo ve necesario para que el Govern se siente a dialogar ni para que la negociación avance.

Por su parte, el PSOE y el PSC rechazan enérgicamente incorporar una tercera parte neutral. “No entendemos que la figura sea necesaria, los testigos del diálogo deben ser todos los ciudadanos”, aseguró hace unos días la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Desde la formación que dirige Ada Colau consideran igualmente que el relator es una figura que ha perdido la vigencia y ya no hace falta, aunque evitan hacer de ello un motivo de disputa.

Menos matizada es la cuestión sobre el orden del día que debe abordarse. Tanto los socialistas como el espacio de Podemos y sus confluencias desean que a esa mesa llegue la carpeta con 44 respuestas a peticiones anteriores de la Generalitat que Pedro Sánchez entregó a Torra en su visita a Barcelona a principios de febrero. La llamada “Agenda para el reencuentro” incorpora diversas ofertas en materias como la financiación autonómica, el impulso a las infraestructuras o rebajar la conflictividad competencial ante el Constitucional.

Pero, para los independentistas, ninguno de estos temas debe tratarse en una mesa que, según consideran, debe ser “para solucionar el conflicto”. Esta es una de las pocas cosas en las que JxCat y ERC están totalmente de acuerdo. Ambas fuerzas creen que todos los temas que sean sectoriales, de financiación, competenciales o de infraestructuras deben tratarse en la comisión bilateral Generalitat-Estado, un mecanismo contemplado en el Estatut y que tiene subcomisiones para negociar y dar cabida a cualquier acuerdo dentro del marco autonómico.

Para explicar qué consideraba materia de la mesa de negociación y qué debe quedar, a su juicio, para la comisión bilateral del Estatut, el president de la Generalitat aseguró el fin de semana pasado que en la primera no iban a hablar de las Rodalies (Cercanías de Renfe). Una frase que le valió las críticas de la oposición, al considerar que menospreciaba una política clave para el día a día de millones de catalanes. “No vamos a vetar ningún tema, pero cosas como la financiación o las infraestructuras ya tienen una comisión específica para tratarse”, aseguraba esta semana un dirigente de ERC, que avanzaba que, si el Gobierno propone en la mesa de negociación mejorar la financiación, ellos lo aceptarán y pedirán a continuación negociarlo en la bilateral del Estatut.

Finalmente, en la carta enviada por Torra a Sánchez el pasado jueves, el Govern incluía entre los temas a tratar los consabidos referéndum y amnistía, además del “mediador internacional”, un calendario de trabajo y el “reconocimiento de todas las partes en conflicto, incluyendo cárcel y exilio”.

El Gobierno, sin líneas rojas

El Gobierno llega a la mesa sin ninguna línea roja respecto a los temas que se pueden abordar en el diálogo con la Generalitat, pero Pedro Sánchez sí tiene una que los socialistas han asegurado por activa y por pasiva que rechazará: la celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya. La idea del PSOE es que se vote un acuerdo que una a los catalanes y que no suponga una “ruptura”, según ha reiterado el presidente en sus últimas intervenciones sobre el tema.

Lo que PSOE y PSC han defendido en los últimos años –desde que Alfredo Pérez Rubalcaba logró concitar las distintas posiciones dentro del socialismo español en la 'Declaración de Granada'– es una reforma de la Constitución para federalizar el Estado y definir mejor las competencias del autogobierno. La apuesta es también una reforma del Estatut que modifique algunos asuntos que tumbó el Constitucional por “cuestiones legales de forma más que de fondo”. Así, ven margen en transferencias e incluso en la configuración del Consejo de Justicia de Catalunya “como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial”.

Esa es la principal solución por la que abogan los socialistas, que también aspiran a ir arrinconando al independentismo desde el Gobierno especialmente con la herramienta de las cuentas estatales. Una baza que expondrán en la mesa de diálogo, como hicieron en el fracasado proyecto presupuestario de 2019, es el aumento de las inversiones en Catalunya situándolas en el porcentaje que le corresponde respecto al PIB de la comunidad.

El mantra del Govern: referéndum y amnistía

Para los independentistas es una victoria acudir a una mesa en la que podrán situar en el debate con el Estado las dos ideas que resumen sus demandas principales, que son el referéndum de autodeterminación y la amnistía, esta última pensada no solo para los líderes políticos en prisión sino para el conjunto de los encausados e investigados por causas relacionadas con el procés, que cuentan por centenares. De esta forma, “autodeterminación y amnistía” se ha convertido en el único programa que JxCat y ERC comparten y que señalan como “solución al conflicto”.

En cuanto al referéndum, la fórmula del independentismo mantiene la reivindicación clásica que ya blandió Artur Mas en su día y que después el Govern de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras llevó a Madrid meses antes del 1-O. Según esta fórmula, la Generalitat aspira a pactar con el Estado las condiciones de la consulta mientras exige que se pregunte tanto por la independencia directamente como por la propuesta que tenga el Gobierno central, que puede ser una reforma federal u otras iniciativas.

Esto es lo que intentarán arrancar a Sánchez, pese a que el Gobierno lo descarta de plano. Podemos y los 'comuns' han defendido también el referéndum de autodeterminación, pero desde su entrada en el Gobierno central no hacen bandera de ello. En cambio, el líder de Catalunya en Comú, Jaume Asens, impulsa una posición propia sobre los políticos encarcelados: una reforma del Código Penal que, según afirma, podría sacar a los presos en un año. Los independentistas miran con recelos esta propuesta, por considerar que deja fuera una parte importante de las “víctimas de la represión”, aunque están a la espera de ver cómo se concreta.

Sobre la situación judicial de los líderes independentistas, Sánchez ha rebajado el tono respecto a la dureza que mantuvo en las campañas electorales. El Gobierno ha aparcado la promesa de introducir de nuevo en el Código Penal el delito de convocatoria de referéndum ilegal mientras que se ha abierto a suavizar las penas de sedición, lo que supondría un beneficio para los presos independentistas. La oposición considera que es un “indulto” por la puerta de atrás. A lo que se cierra en banda el Ejecutivo de Sánchez es a conceder una amnistía que, recuerdan, está fuera del encaje constitucional.