La operación Estela, desplegada este jueves por centenares de agentes de la Policía Nacional por orden del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, ha supuesto el registro de una veintena de sedes administrativas, de fundaciones y empresas, así como una treintena de detenidos. El juez Joaquín Aguirre y los investigadores tienen puesto el foco sobre la gestión en los fondos de cooperación que hizo CiU al frente de la Diputación de Barcelona entre los años 2012 y 2015, bajo el mandato de Salvador Esteve (uno de los arrestados).
Una investigación de eldiario.es en 2015 desveló las irregularidades de la Diputación de Barcelona en el reparto de las ayudas al desarrollo. El ente destinó fondos de cooperación entre entidades acabadas de constituir. Por ejemplo, una asociación hondureña obtuvo 85.000 euros a dedo a los tres meses de crearse cuando ninguna subvención de la convocatoria pública desde 2012 había superado los 75.000 euros. En el caso de Voltia Solutions, SL, la empresa se constituyó en diciembre de 2013 con 3.100 euros de capital y ya en 2014 recibió un mínimo de 59.000 euros.
Los datos recabados por este diario cifraron en al menos un millón de euros las partidas de la cooperación al desarrollo de la Diputación que habían acabado en empresas privadas y fundaciones catalanas desde 2012. En ocasiones, las ayudas se otorgaban a través de contratos sin publicidad ni concurrencia. El juez eleva a un mínimo de dos millones de euros la cantidad presuntamente desviada.
A raíz de las irregularidades desveladas por este diario en 2015, la CUP y la CGT presentaron un año después una denuncia ante la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC). Partido y sindicato incluyeron en su denuncia cuatro expedientes sospechosos. El juez investiga más de 20 expedientes. No obstante, Antifraude suspendió las pesquisas al conocer que el juzgado tenía diligencias abiertas a finales de 2016, en su caso a partir de una denuncia anónima.
El juez también investiga las prácticas de 'mobbing' denunciadas por UGT y CCOO en 2014 en el área de cooperación. Los sindicatos recogieron las demandas de los técnicos desplazados de sus puestos tras plantear reparos legales al reparto de fondos desde el desembarco como director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Jordi Castells Masanés. Más del 80% de los técnicos funcionarios que hacían el seguimiento de los proyectos habían sido desplazados de su puesto y dos habían pedido la baja por estrés.
Además de fundaciones y entidades afines a Convergència –como CATmón y Acción Solidaria IGMAN–, las ayudas para la cooperación pasaron a repartirse también entre entes empresariales. De ahí que los registros de este miércoles hayan alcanzado la sede de la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana Pimec o una organización de fomento de la energía solar.