El Govern de la Generalitat ha dado finalmente respuesta a la mayor parte de los sectores del independentismo, que durante las últimas semanas habían reclamado que se anunciara ya la fecha y la pregunta del referéndum sobre la independencia. Según han anunciado el president Carles Puigdemont y el vicepresident Oriol Junqueras, el referéndum se celebrará el próximo 1 de octubre, y preguntará sobre el apoyo a “un Estado independiente en forma de República” para Catalunya.
Por tanto, la Generalitat llamará a los catalanes a las urnas con la pregunta: “¿Desea que Catalunya sea un Estado independiente con forma de República?”, una formulación pensada para satisfacer tanto al PDECat como a ERC, y que se formulará en las tres lenguas oficiales de Catalunya, catalán, castellano y aranés. La pregunta elegida es binaria, como corresponde a un referéndum, y deja atrás la fórmula empleada en el 9-N, que permitía tres respuestas en árbol.
Antes de anunciar la fecha y la pregunta, Puigdemont ha repasado la historia del reciente movimiento independentista desde la sentencia del Constitucional que recortó el Estatut. “Para aprobar aquel Estatut hubo un largo itinerario: hubo diálogo con el Estado, acuerdos y también un referéndum acordado. No funcionó”, ha asegurado el president, que ha resaltado la voluntad de llegar a acuerdos con el Gobierno español. “Venimos de una larga colección de negativas y decepciones”, ha esgrimido.
Con el anuncio, el Govern inicia la vía unilateral al referéndum, prometido por Puigdemont durante la cuestión de confianza que planteó al Parlament en septiembre pasado. Pese a eso, durante los últimos meses el Govern ha intensificado su esfuerzo por pactar la votación con el Gobierno español, la última vez con una carta dirigida al presidente Mariano Rajoy en la que se le emplazaba a negociar todos los aspectos del referéndum.
La negativa de Moncloa, que ha propuesto a cambio que Puigdemont acuda al Congreso de los Diputados a proponer una reforma constitucional que habilite el referéndum propuesto, es el argumento utilizado por el Govern catalán para avanzar hacia la convocatoria de la cita referendaria sin acuerdo y fuera de la legalidad constitucional española. Con todo, los máximos mandatarios catalanes recalcan que estarán abiertos al acuerdo “hasta el último minuto” antes del 1 de octubre de este 2017.
No parece ser esa la intención del Gobierno de Rajoy, que ha asegurado cada vez que se le ha preguntado que este referéndum no se llevará a cabo. Desde el Ejecutivo español han señalado las diferentes vías legales de las que disponen para impedir que la Generalitat materialice una llamada ilegal a las urnas, entre otras la suspensión de diferentes organismos o altos cargos de la Generalitat, por la vía del Tribunal Constitucional y gracias a la reforma de la ley de este órgano judicial en 2015. Pero esta no es la única vía que desde el PP se baraja ante un caso de rebeldía de la Generalitat. Durante las últimas semanas diferentes representantes del partido han aludido al famoso artículo 155 de la Constitución, dotándolo de una interpretación que conferiría poderes al Gobierno central para suspender todo o parte del Govern catalán.
El referéndum unilateral anunciado por el Ejecutivo Puigdemont-Junqueras encontrará en la cámara catalana el apoyo de 82 de los 135 diputados, los correspondientes a los grupos parlamentarios independentistas de JxSí y la CUP. Por contra, entre los claramente contrarios al referéndum se encuentran Ciudadanos, PSC y PP. El grupo de Catalunya Sí que es Pot (CSQEP), partidario de un referéndum acordado y promotor de mociones en este sentido, se ha abierto durante los últimos meses a cambiar su orientación si el referéndum, aunque unilateral, cumple algunos requisitos.
En las condiciones reclamadas por el grupo de CSQEP, que incluye a ICV, Podem y EUiA, se encuadra la carta enviada por Puigdemont al presidente de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa que ha analizado y dictaminado sobre diferentes procesos referendarios. En la misiva enviada por el mandatario catalán se informaba de la voluntad de pactar el referéndum y de los pasos dados hasta ahora por el Gobierno para conseguirlo. La respuesta de la Comisión no se hizo esperar, subrayando la necesidad de que cualquier proceso referendario fuese acordado y dentro de la legalidad del Estado.
Además, en el grupo de CSQEP las posturas de cada partido que lo forma tiene matices. Catalunya en Comú, la nueva coalición de Ada Colau a la que se han incorporado ICV y EUiA, se ha mostrado contraria a pactar con el Govern los términos del referéndum, alegando que es éste quien ha de explicar las condiciones en las que lo piensa celebrar. Con todo, aseguran que llamarán a la participación en la consulta, aunque sin reconocerle carácter vinculante. Por su parte, Podemos ha fijado una posición con la que se oponen a la celebración de un referéndum no pactado, mientras que su filial en Catalunya, Podem lleva a cabo un proceso participativo en el que las bases se posicionarán sobre la decisión final del partido.
Calendario apretado
A partir del anuncio de este viernes, el Govern tiene ante sí la preparación de tres grandes asuntos relativos al referéndum: la puesta en marcha de la campaña institucional, la preparación logística de la votación y, esta última la más controvertida, la acomodación legal de la votación.
En principio, el plan del Govern es que el Parlament apruebe gracias a los votos de JxSí y la CUP la ley de Transitoriedad Jurídica en las próximas semanas, convirtiéndose la nueva norma en paraguas del referéndum además de la desconexión de facto de la legalidad constitucional española. Según fuentes conocedoras de los trabajos de redacción de la ley, la norma de desconexión prevé que se activen unos artículos u otros en función de la reacción del Gobierno español y su permisividad o no con el referéndum.
Este era el plan inicial pero, en las últimas semanas, algunas voces del independentismo se han pronunciado públicamente en favor de redactar una ley ad hoc separada de la de Transitoriedad para amparar el referéndum. Acaben escogiendo cualquiera de las fórmulas, el calendario a partir de ahora se apretará para llegar con todo preparado a la fecha anunciada. Un verano caliente en el que los miembros del Govern, altos cargos e imputados independentistas han recibido la consigna de no estar a más de dos horas de Barcelona, por lo que pueda pasar.