Carles Puigdemont hará oficial la renuncia a sus aspiraciones de reelección la semana que viene. El paso, largamente meditado, tendrá como contrapartida la creación de una estructura simbólica paralela a la Generalitat pero sin ninguna conexión legal entre ambas. El president cesado incluso planea un “Consell republicano” a semejanza del Govern, este de 6 miembros y desde el que difundir la independencia a nivel internacional.
Los planes del equipo de Puigdemont se han conocido este jueves, avanzados por el diario Ara, gracias al documento de debate enviado por la CUP a sus bases y al que ha tenido acceso este diario. Según explican los anticapitalistas, la propuesta que les trasladan desde Bélgica pasa por formar un llamado “Espacio Libre de Bruselas”, en el que se emplazaría el Consell presidido por el líder de JxCat.
El documento detalla también la formación de una asamblea de electos independentistas, que haría las funciones de Cámara paralela, formada por diputados, representantes del mundo local y de la sociedad civil. Esta asamblea tendría el mandato de definir la metodología del proceso constituyente, una atribución que diversos sectores independentistas, entre ellos la propia CUP, ven equivocada, al considerar que éste debe hacerse dentro del territorio catalán.
Aunque de acuerdo con la legalidad española estas estructuras paralelas no tendrían relación alguna con las instituciones autonómicas, el plan de Puigdemont y los suyos es que la asamblea de electos se renueve cada vez que haya elecciones autonómicas, momento en el que también elegiría esta Cámara a un nuevo presidente del Consell republicano. Por el momento, sin embargo, el presidente de este órgano pretendídamente ejecutivo sería Puigdemont, que se haría acompañar además de tres miembros de JxCat, tres de ERC y uno de la CUP. Entre estos se cuentan a los consellers cesados que le acompañan en Bélgica: Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Ruiz y Lluis Puig.
El objetivo de todas estas estructuras sería, en resumen, llevar a cabo todas las tareas hacía la independencia que podrían tener consecuencias penales si se hicieran en Catalunya. Por un lado Puigdemont quiere sentar desde Bruselas las bases del proceso constituyente con el que se iniciaría una futura república en el momento en el que pudiera materializarse. Por otra, estos órganos servirían para internacionalizar la república y la idea de la independencia catalana.
La constitución de todos estos órganos, refleja el documento de la CUP, tendrían lugar a partir de la firma de un manifiesto que sitúan la próxima semana. Con ello se despejaría además el camino para que los partidos independentistas en el Parlament propongan a Jordi Sànchez como candidato a la presidencia de la Generalitat y, una vez investido este u otro candidato, formen un Govern bajo la legalidad autonómica.
La voluntad de JxCat y ERC es llevar a cabo una “restauración democrática” desde el nuevo Govern, es decir, recuperar los ámbitos del autogobierno catalán que han decaído tras la aplicación del artículo 155. Los planes de Puigdemont también dejan para el Govern legal la creación de un “frente común antirrepresión”, tarea que hasta no ha sido posible por la descoordinación de las formaciones.