Movimiento en el frente judicial del referéndum. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Presidència, Jordi Turull, han presentado este viernes un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por el que recusan a cuatro de los seis magistrados de la sala civil y penal del alto tribunal catalán, incluido su presidente, Jesús María Barrientos, y la magistrada Mercedes Armas, que instruye la causa por el referéndum en la que están imputados todos los miembros del Govern.
El motivo principal por el que Puigdemont y Turull piden apartar de la causa del referéndum a Barrientos, Armas y sus colegas magistrados Carlos Ramos y Francisco Valls Gombau –que acordaron, junto a Barrientos, la admisión de la querella de la Fiscalía contra el Govern– es la “falta de imparcialidad”, que, a juicio de los dos políticos, tienen los cuatro magistrados “para juzgar causas que llevan origen en un conflicto de naturaleza política”.
Del escrito de recusación, que contiene, además de argumentos jurídicos, tintes de un debate político (como la propia causa judicial), destaca quién lo firma. Se trata del letrado Jaume Alonso-Cuevillas, exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona, pero lo hace solo en representación de dos de los catorce miembros del Govern querellados, Puigdemont y Turull, ambos del PDECat. Ni el vicepresident Oriol Junqueras, ni ningún conseller de ERC ni el resto de los del PDECat firma el escrito de recusación.
Puigdemont y Turull han recusado a todos los miembros de la sala civil y penal del TSJC salvo a la magistrada Maria Eugènia Alegret, la jueza que lleva la causa contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament. Tampoco han recusado al magistrado Jordi Seguí, aunque este juez es experto en temas civiles y no penales. Ni Alegret ni Seguí han intervenido todavía en la causa contra el Govern por el referéndum.
“Es obvio que la eventual independencia de Catalunya colisionaría con las previsiones de la Constitución Española, pues atenta a la línea de flotación de la actual configuración jurídica, política y constitucional del Estado español; ahora bien, también es obvio que en un Estado democrático, la idea puede ser validamente defendida”, recoge el escrito.
La recusación también señala que la difusa separación de poderes en la elección de magistrados del TSJC ahonda en la “falta de imparcialidad” de los magistrados recusados para decidir sobre “un conflicto político”. No obstante, los políticos pasan por el alto el hecho de que Ramos fuera escogido juez del TSJC por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Parlament.
Puigdemont y Turull remarcan que el “conflicto político” sobre el referéndum “debería ser resuelto por vías políticas y no a través de la represión penal”. Con todo, ambos políticos reconocen que “es muy posible que esta recusación sea desestimada”.