Esquerra y el PDeCAT ya tienen un nuevo argumento para urgir a Carles Puigdemont a aclarar su futuro. Se trata de la amenaza de que el Gobierno central utilice el artículo 155 para acabar de facto con la inmersión lingüística en la escuela, uno de los pilares del modelo catalán y que cuenta con el apoyo de todos los partidos a excepción del PP y Ciudadanos.
El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, ha confirmado este jueves que el Ejecutivo central está estudiando incluir en la documentación de la próxima preinscripción escolar una casilla que permita elegir la escolarización en castellano. La sola insinuación ha hecho saltar las alarmas en la comunidad educativa, en la que existe un consenso en defensa de un modelo nacido tras la Transición y que lleva consolidado casi dos décadas.
Los republicanos, el PDeCAT y la oposición en el Parlament insisten en que hay que acabar con la implementación del 155, una medida excepcional que lleva más de 100 días en vigencia y que implica que la Generalitat esté controlada por la Administración central. JxCat por su parte antepone la prioridad de investir a Carles Puigdemont pese a los impedimentos legales, al considerar que es el mandato de las urnas.
“El Gobierno español no tiene legitimidad para alterar el modelo educativo catalán”, ha considerado este jueves el diputado del PDeCAT Jordi Xuclà, quien también ha mirado hacia sus compañeros independentistas en el Parlament urgiéndoles a formar un Govern “para preservar el autogobierno y el modelo educativo catalán”.
Más contundente se ha expresado el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà. “El mero hecho de la existencia de una amenaza tan evidente a la inmersión lingüística debería comportar que mañana hubiera Govern republicano”, ha asegurado en un tuit. “Suficiente nos hacen sufrir los que nos quieren aniquilados. ¡Govern ya!”, ha reclamado.
Tal como constataban los diputados de ambas formaciones en el Congreso, la amenaza de Rajoy a la inmersión lingüística viene a poner presión sobre los partidos independentistas para que se pongan de acuerdo en una investidura. Si finalmente el Gobierno central decide poner en marcha la casilla de la escolarización en castellano, esto ocurriría cuando se formalice la apertura de las preinscripciones, algo que se hace anualmente a finales del mes de marzo.
Pero la presión a los independentistas no es el único factor que explica que el Ministerio esté valorando tomar esta medida. La carrera por liderar las encuestas en la que se hallan inmersos el PP y Ciudadanos esta semana ha tomado forma de debate sobre las lenguas oficiales diferentes al castellano.
Los de Albert Rivera presentaron este martes una proposición de ley para que el conocimiento del catalán/valenciano, gallego o euskera no sea un requisito para el acceso a la función pública en sus respectivas comunidades autónomas. La oposición a la inmersión en catalán fue además, junto con su rechazo al Estatut de 2006, una de las principales señas de identidad de Ciutadans en su nacimiento como partido.