Reclamar el referéndum para conseguir la financiación

¿Se imaginan qué hubiera pasado el 20 de septiembre de 2012 si cuando Artur Mas le planteó el pacto fiscal a Mariano Rajoy el presidente del Gobierno, en vez de decirle con buenas palabras que podía irse por donde había entrado, hubiese optado por plantearle alguna alternativa? Pensar que tal vez el procés habría sido distinto es una ucronía pero ciertamente el fracaso de esa reunión en la Moncloa fue lo que el entonces presidente de la Generalitat utilizó como argumento para iniciar un camino cuyas consecuencias, una década después, son conocidas. 

Tras ese encuentro, Mas decidió adelantar las elecciones y CiU se presentó con un programa en el que defendía un Estado propio “para vivir mejor” y prometía ya un referéndum de autodeterminación para la siguiente legislatura. Parafraseando a Gerard Piqué, con él empezó todo. Por eso es especialmente interesante que sea el propio Mas quien hace solo unos días haya reconocido que el proyecto independentista hoy “no tiene las condiciones para salir adelante” y haya apuntado que, sin renunciar a reclamar el referéndum, “el gran tema” a negociar debe ser el pacto fiscal. 

Tanto Junts como ERC insisten e insistirán en pedir un referéndum que Pedro Sánchez sigue negándoles (lo volvió a hacer esta semana) y del que el PSC, que tiene la vista puesta en las próximas autonómicas, no quiere ni oír hablar. En cambio, los socialistas están dispuestos a hablar de financiación, cosa que no es lo mismo que negociar un pacto fiscal. ¿Existe margen entre limitarse a corregir el actual modelo, caducado desde hace una década, y plantear un sistema similar al del concierto vasco, que ni el PSOE ni el PP están dispuestos a negociar? La respuesta podría ser un sí puesto que existe un primer punto de partida y está en el Estatut. Se trata del consorcio tributario, un organismo que lleva 15 años pendiente.

El artículo 204 del Estatut prevé que la gestión, recaudación, liquidación e inspección de impuestos del Estado puede ser delegada a la Generalitat a través de un “consorcio o ente equivalente con participación paritaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Agencia Tributaria de Catalunya”. Ese organismo, según la misma ley, podría convertirse en la Administración Tributaria en Catalunya. 

Ese podría ser un punto de partida aunque no el único. Las formaciones independentistas llevan años reclamando que el Ministerio de Economía publique las balanzas fiscales. El último cálculo que hizo el Govern cifra el déficit fiscal en 22.000 millones de euros, el más alto de las dos últimas décadas, siempre en base a las cifras del Ejecutivo catalán. “Es un castigo sostenido, injusto y deliberado”, argumenta la consellera de Economia, Natàlia Mas. Desde la época de Pedro Solbes no se han ofrecido estos datos de manera oficial por parte del Ministerio. 

En su reciente visita a Barcelona, Sánchez se mostró dispuesto a hacer “un ejercicio de transparencia” respecto a las balanzas fiscales. No dijo más, del mismo modo que tampoco cerró la puerta a abordar un nuevo modelo de recaudación tributaria para Catalunya. Si es más o menos “singular”, tal y como reclamó el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en su discurso de Navidad está por ver, pero es bastante previsible que esa será la auténtica batalla (y no solo con los partidos independentistas sino también con las comunidades del PP).  

En el pacto entre el PSOE y Junts, los socialistas se comprometieron a impulsar un “diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya” mientras que el partido de Puigdemont reclama una modificación de la LOFCA que establezca “una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan” en esta comunidad.

Sin abandonar la reclamación de un referéndum (aunque por la vía de los hechos han aparcado la vía unilateral), las formaciones independentistas han ido desandando camino hasta llegar a la casilla inicial, esa reunión en la Moncloa, en la que Mas ha asegurado a posteriori que no llegaron a hablar de un cupo ni de cifras concretas sino de un modelo propio para Catalunya.

La versión que Rajoy dio tiempo después de ese encuentro fue que el entonces ‘president’ le planteó un “lo tomas o lo dejas” y que le amenazó con que si no aceptaba un sistema similar al concierto vasco para Catalunya debería atenerse a las consecuencias. La partida ahora vuelve a empezar allí donde la dejaron ellos.