La crisis del coronavirus está suponiendo una prueba de estrés para todos los sistemas sanitarios del mundo. El COVID-19 combina una alta capacidad de contagio con una gran afectación respiratoria, lo que sobrecarga primero las urgencias para, después, acabar colapsando las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Ante eso, unos servicios de salud están mejor preparados que otros para soportar la presión y, en concreto el catalán, llega a esta alerta sanitaria lastrado por una década de recortes y con los presupuestos prorrogados desde el años 2017.
Pese a las medidas de confinamiento para tratar de “aplanar la curva de contagios”, los servicios médicos catalanes están al borde del colapso desde el fin de semana pasado. Con todo, los hospitales han superado una semana clave, en la que los técnicos del departamento de Salud calculaban que podía producirse un pico de enfermos ingestionable que se tradujera en un aumento considerable de las cifras de fallecidos. Finalmente no se han cumplido las peores previsiones, pero eso solo significa que el pico aún no ha llegado y que puede producirse en el futuro.
Todo dependerá de la resistencia del sistema sanitario catalán, que acusa aún la debilidad de las estrecheces presupuestarias impuestas en la primera mitad de la década. La crisis económica mundial en Catalunya se tradujo en una de las reducciones más drásticas de España en el presupuesto sanitario. “Tenemos datos para ser contundentes: somos uno de los sistemas más mermados de nuestro entorno, tanto personal como material y en presupuesto”, afirma el secretario general del sindicato Metges de Catalunya, Josep Maria Puig, que resalta que la comunidad está a la cola en gasto sanitario por habitante.
El tijeretazo comenzó en 2011, con el primer Govern de Artur Mas, cuando lo presupuestado cayó en 380 millones de euros. Pero la bajada se agudizaría mucho más en los siguientes años, con unos recortes que en sus dos primeros años superaron los 1.600 millones solo en la partida de sanidad.
El año 2014 representó el suelo de la inversión prevista en servicios públicos en Catalunya, cuando el gasto sanitario quedó en 1.113 euros por habitante, una cifra casi 300 euros por debajo de la media española. A partir de ahí, los presupuestos han sido expansivos y han recuperado una parte de la inversión perdida.
En total han dejado algo más de 1.000 millones de euros sin recuperar en los presupuestos desde el punto más alto, pese al paulatino aumento de la inversión desde 2015. Es año, que marcó el punto de inflexión, se aportaron 150 millones más que el anterior. De nuevo en los presupuestos de 2017, tras un año de prórroga, cuando se presupuestaron casi 600 millones más que el año más bajo.
Como se muestra en el gráfico anterior con las cantidades previstas en los presupuestos, los crecimientos de los años recientes no han hecho que la sanidad catalana recupere la inversión de la década pasada. Sin embargo, como se verá en el siguiente gráfico, la inversión realmente ejecutada sí supera ya la del año de referencia desde 2017, y superó la barrera de los 10.000 millones el año pasado.
Con todo, el sistema de salud de la comunidad arrastra 800 millones de euros acumulados en recortes presupuestarios, si se suma toda la inversión rebajada durante los últimos 10 años respecto al tope alcanzado en 2010. Además, pese a la mejora de la recaudación y recursos, debido a las sucesivas prórrogas presupuestaria de 2018 y 2019, estos nuevos fondos no han podido volver a inyectarse a la red pública.
“Ahora tenemos un chute de adrenalina de orgullo profesional que cubre los descosidos del sistema”, asegura el economista Guillem López Casasnovas, experto en gestión sanitaria y que acaba de publicar 'La malaltia de la Sanitat Catalana'. “Si las cosas no cambian, me refiero a la financiación autonómica de la sanidad, acabaremos en el peor de los mundos. Profesionales chamuscados más que quemados y que vivirán con el business as usual, o peor por la falta de músculo por las insuficiencias de las cuentas públicos”, indica Casasnovas.
El tijeretazo acometido es algo más que cifras en bruto. La calidad de la sanidad se ha resentido, como indican no solo los indicadores de satisfacción sino también la evolución de los recursos personales y materiales, que se han debilitado en los ejercicios siguientes a que se aplicaran los grandes recortes e incluso durante los años de recuperación, debido a la inercia.
Una de las áreas más castigadas ha sido la atención primaria, de la que han salido tres de cada cinco euros recortados. El resultado ha sido una disminución paulatina de las plantillas de sanitarios, que entre 2010 y 2018, último año con datos oficiales, se redujo en casi un 15% respecto a la población a la que atienden. Eso significa que la Generalitat ha perdido 920 médicos de familia y una cifra similar de enfermeros en una década. Con todo, tras la última huelga de los sanitarios, a finales de 2018, el Govern se comprometió a contratar 250 nuevos doctores.
Algo similar ocurrió con las camas de ingreso hospitalario de la red pública. Según los informes del CatSalud, en el año 2010 su red contaba con 14.072 plazas, que cinco años después se habían convertido en 12.902. Además desde entonces hasta 2018 solo se habían aumentado en 74 camas, pese al crecimiento poblacional.
“El punto más flaco ahora mismo es la falta de materiales de protección suficientes”, asegura Puig. Y se avala en números: la cantidad de sanitarios contagiados en China fue del 3,8%, en Italia fue del 9,6%; en el conjunto de España el porcentaje sube al 14,7, y en Catalunya es el 17%. Y esto ocurre por la falta de material, que viene de una falta de previsión y proactividad a la hora de buscar equipos cuando se vio lo que estaba pasando en Italia“, critica.
Un modelo con tendencia a la privatización
Además de los recortes, el actual modelo sanitario catalán es el resultado de una trayectoria histórica que ha tendido a la externalización y concertación de servicios, lo que ha dado como resultado un sistema mixto público-privado, que opera a través del Servicio Catalán de Salud (CatSalut), la encargada de ofrecer la oferta pública de asistencia primaria, hospitalaria y especializada. El CatSalut cuenta con 374 centros de atención primaria y con 67 hospitales, todos ellos en la red sanitaria de la Generalitat aunque algunos no sean de titularidad pública.
A esto hay que sumarle que hasta el 30% de los catalanes cuentan con un seguro sanitario privado. Según la última memoria del Departamento de Salud, el gasto sanitario total en la comunidad en 2016 se situó en el 7,3% del PIB, de los cuales casi un terció se destinaba a la sanidad privada, lo que supone un porcentaje sensiblemente mayor que la media española y, aún más, que la europea.
Unos presupuestos con más de tres años
La falta de financiación es un mal del que la sanidad catalana parece no poder librarse. Si durante la primera mitad de la década fueron los duros aplicados por el Govern de Mas, en los últimos años ha sido la incapacidad e impedimentos para aprobar unas cuentas lo que está llevando a la inanición al servicio público. En la actualidad la Generalitat funciona con los presupuestos elaborados por Oriol Junqueras a finales del año 2016, después de nada menos que dos prórrogas. La primera, debida a la intervención de la Generalitat con el 155. La segunda, debido a la ineficacia del Govern para encontrar aliados parlamentarios.
Finalmente a principios de este año el Ejecutivo presentó unos nuevos presupuestos para 2020 después de acordarlos con Catalunya en Comú. Las cuentas aumentan en más de un 10% la inversión sanitaria y dejarían el gasto al borde de los 1.300 euros por habitante, sacando a la comunidad autónoma de la cola que comparte con Madrid y colocándola en el pelotón central del gasto sanitario, con Murcia, y más cerca de Andalucía o de la Comunidad Valenciana.
Pero la ley económica elaborada por Pere Aragonès, que debía haber sido sometida a votación final en el pleno la semana pasada, aún tardarán en llegar, después de que Ciudadanos decidiera impugnarlas ante el Consejo de Garantías Estatutarias. Con este paso, la formación de Inés Arrimadas retrasa un mes la aprobación de los presupuestos, pese a que tienen garantizada la mayoría en el pleno.