El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, pronunció una frase durante su intervención en debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy que resume una de las conclusiones que puede extraerse del desenlace final: “No se puede gobernar contra Catalunya”. Viendo las consecuencias que está pagando el independentismo por haber optado por la vía unilateral podría añadirse que tampoco puede gobernarse Catalunya contra España.
Tanto el PDeCAT como ERC y, sobre todo, Carles Puigdemont y sus afines, entre ellos Quim Torra, recelan de Sánchez. El apoyo de los socialistas a la aplicación del artículo 155 todavía escuece y la encarcelación y persecución penal de los principales dirigentes independentistas complican cualquier negociación. Pero, incluso en este escenario más que complejo, Sánchez y Torra se han comprometido a recuperar el diálogo institucional imprescindible para abordar algunas de las promesas que ambos han formulado en sendos discursos de investidura.
Restablecer la relación con el Ejecutivo central
En su discurso de investidura Quim Torra propuso a Mariano Rajoy abrir una vía de diálogo sin condiciones previas. Tras tomar posesión concretó esta petición en una carta en la que el presidente de la Generalitat insistió en la necesidad de recuperar la relación institucional. “Debemos reconducir la política a la política”, reclamó Torra en la misiva enviada a La Moncloa.
En esta carta el president no hacía referencia alguna al proceso constituyente ni a la república catalana. Una manera de facilitar la celebración del encuentro. Tras la moción de censura, su interlocutor será Pedro Sánchez. El líder del PSOE exhibió durante el pleno que acabó con la presidencia de Rajoy su perfil más conciliador, reconoció que existe un “problema político” con Catalunya, y expresó su voluntad de abrir el diálogo con el Govern de Torra.
Una de las peticiones que los partidos independentistas formularán al nuevo Gobierno es el acercamiento de los políticos presos a cárceles catalanas (que ya fue denegada a Jordi Sànchez en noviembre). Los dirigentes y activistas independentistas apelan a la legislación vigente, que defiende el criterio de máxima proximidad del preso a su hogar para evitar el desarraigo. También recuerdan que el artículo 18 de la Constitución pide garantizar el derecho a la vida familiar y a la intimidad pese a la reclusión. Algunos como Oriol Junqueras y Jordi Cuixart recordaron en sus peticiones que tienen hijos pequeños.
Esta demanda cuenta con el apoyo de los 'comuns'. Este viernes la reiteró la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ahora ya al nuevo presidente. También algunos socialistas catalanes han reconocido públicamente que están de acuerdo con que los presos puedan estar en Catalunya. El líder del PSC, Miquel Iceta, es de los que defiende que se puede apelar a cuestiones humanitarias para atender esta petición.
Levantar la intervención de las finanzas
A nivel financiero, pese al levantamiento del 155 la Generalitat sigue sometida a un férreo control del ministerio de Hacienda gracias a las medidas aprobadas en noviembre de 2015 por Cristobal Montoro para evitar las “veleidades” independentistas. Entre ellas destaca el certificado mensual en el que la interventora de la Generalitat deja constancia que todo el gasto de la administración catalana no es contrario a la Constitución.
Además, desde hace más de dos años, a cambio de prestar a la Generalitat fondos para hacer frente a los pagos de proveedores, Hacienda puede vigilar telemáticamente las facturas de la administración catalana. Y desde 2015 la Generalitat también tiene prohibido endeudarse a no ser que lo apruebe Hacienda.
A cierre de 2017, la deuda de la Generalitat ascendía a 77.740 millones de euros y unos dos tercios de la misma estaba en manos del Estado. En este sentido, el Ejecutivo de Sánchez tendrá sobre la mesa una propuesta de la Comunitat Valenciana, autonomía que comparte con Catalunya problemas de endeudamiento y mala financiación, y que Rajoy rechazó: acabar con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y mutualizar la deuda autonómica acumulada en los últimos años como consecuencia de la infrafinanciación del arco mediterráneo.
Recuperar 16 leyes tumbadas por el Constitucional
Uno de los compromisos adquiridos por Torra es la recuperación de un conjunto de leyes, la mayoría de carácter social, aprobadas por el Parlament y que el Gobierno central recurrió y consiguió que el Tribunal Constitucional tumbase. Entre ellas destacan la del cambio climático, la de pobreza energética y la de igualdad. Sánchez ha asegurado que es posible sentarse a hablar. La prueba del algodón será ver qué hace el nuevo Ejecutivo cuando el Govern de Torra vuelva a aprobarlas.
ERC ha hecho bandera de la necesidad de reforzar las políticas sociales porque entiende que es la fórmula más adecuada para atraer a electores a la causa independentista. Una de las pocas medidas concretas que Torra se ha comprometido a adoptar es la implementación de un salario mínimo que pueda llegar a los 1.100 euros mensuales.
Además, el Govern deberá poner orden en la gestión de las prestaciones de la Renta Garantizada puesto que sus impulsores denuncian retrasos en los pagos, mientras que la Generalitat asegura que las personas con derecho a percibir los 564 euros de esta prestación están cobrándolos sin problema.
Situar a los Mossos fuera del foco
El conseller de Interior, Miquel Buch, ofrecerá a Josep Lluís Trapero recuperar su plaza como mayor de los Mossos d'Esquadra, aunque se da por hecho que este declinará la invitación. Pero, más allá de la quien dirija la policía autonómica en este legislatura, uno de los retos de Buch será situar este departamento fuera del foco mediático. No será fácil porque Trapero, el exdirector general de los Mossos, Pere Soler, el exsecretario general de Interior, César Puig, y la intendente Teresa Laplana serán juzgados por su gestión en las protestas frente a la consejería de Economía el pasado 20 de septiembre y la supuesta inacción de los Mossos el 1-O.
La coordinación con el resto de fuerzas de seguridad es otra de las carpetas que esperan a los nuevos responsables de Interior. La actuación de policía nacional desplegada para evitar la celebración del 1-O todavía sigue muy presente en una parte de la sociedad catalana pero también evidenció la falta de confianza entre los diferentes cuerpos policiales que conviven en Catalunya. Y en ámbitos como la lucha antiterrorista es imprescindible garantizar la máxima cooperación.
Responder por el profesorado investigado
“Antes que nada, esperamos de usted la defensa del profesorado atacado en algunos casos por denuncias de particulares”. Así empieza la carta escrita por el sindicato mayoritario USTEC que el nuevo conseller de Enseñanza, Josep Bargalló, se encontrará sobre la mesa de su despacho. Hasta 500 docentes están siendo objeto de investigación, según el Gobierno, una tarea que corresponde a la inspección de la Generalitat y que hasta ahora se ha desarrollado con completo secretismo.
En los últimos meses, el Ministerio de Educación ha enviado hasta cinco peticiones de información –tres de ellas, en forma de requerimientos– con supuestos casos de adoctrinamiento denunciados por familias o en medios de comunicación. Todos ellos han sido respondidos por el departamento de Enseñanza tras haber sido objeto de inspección. El nuevo ministro del ramo deberá decidir si se da por satisfecho con las explicaciones de la Generalitat.
Los socialistas, a diferencia de Ciudadanos y el PP, defienden el actual modelo de inmersión y rechazan utilizar la educación como arma arrojadiza entre partidos. Ese puede ser un buen punto de partida para sosegar el debate y evitar que se convierta en un elemento de discusión entre la Generalitat y el Gobierno central.
Dar oxígeno a TV3 y frenar las críticas
En los medios públicos catalanes, el Govern deberá lidiar en dos frentes, el presupuestario y el político. El primero es para TV3 el más urgente, puesto que ha tenido que empezar a desmontar parte de la parrilla y a frenar contratos con productoras al tener que hacer frente a 20 millones de euros con los que no contaba. Corresponden a las recientes modificaciones en el IVA por parte de Montoro. Lo que espera la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), ente del que dependen la televisión y Catalunya Ràdio, es que Torra inyecte una partida adicional para hacer frente a estos pagos.
En el frente política, si bien la dirección de TV3 responde ante el Parlament, sí esperan los trabajadores de la cadena que el nuevo Govern envíe mensajes claros de apoyo a sus periodistas. Como el sector educativo, también el de los medios públicos ha sido objeto de denuncias por supuesta mala praxi.
La última, del PP contra la conductora del programa de actualidad de los sábados FAQS. Por eso y por las peticiones de Ciudadanos de ampliar el 155 a este ámbito, en la cadena ven con esperanza la creación de un gobierno que pueda defenderla. Las críticas del PSC a la televisión pública han ido de menos a más, pero a diferencia del partido de Rivera, los socialistas no han defendido que haya que intervenir TV3.