“Creo que la historia no hay que repetirla, esperemos que mañana no se declare nada. A lo mejor, el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años”. El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, ha equiparado así este lunes al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, con su antecesor en la II República, Lluís Companys. Pero, ¿qué hizo Companys el 6 de octubre de 1934 para que Casado arroje tal comparación?
Companys no declaró la independencia: proclamó el estado catalán dentro de la república federal española. El detonante de tal declaración fue la entrada de la Confederación Española de Derechas Autonómas (CEDA) en el gobierno de la República española el 4 de octubre en un contexto marcado por el retroceso de las libertades públicas y la anulación de la ley de contratos de cultivo del Parlament, que buscaba quitar poder a los grandes propietarios.
Los hechos de octubre, que en Catalunya derivaron en la proclamación de Companys, se tradujeron en el resto del Estado en una huelga insurreccional que tuvo su mayor éxito en Euskadi y Asturias. Precisamente, fue en esta última región donde Franco, los regulares de África y los legionarios protagonizaron la represión más cruel.
El president de la Generalitat hizo la proclamación contra lo que definió como un “asalto fascista al poder” con un gobierno encabezado por el líder del Partido Republicano Radical, Alejandro Lerroux, y tres ministros de la derecha católica, la CEDA. Según el historiador, Josep Sánchez Cervelló, el president Companys “temía que lo sucedido en Europa con el auge del fascismo pudiese llegar a España”.
La proclamación de Companys fue más retórica que práctica. Sin el apoyo de los anarquistas, que controlaban la calle en Barcelona, el estado catalán duró 10 horas. El Palau de la Generalitat de la plaza Sant Jaume fue asaltado por el ejército, comandado en Barcelona por el general Batet (que en 1936 se mantuvo fiel a la República y por ello terminó asesinado por el franquismo en 1937).
Companys y su gobierno acabaron detenidos y encarcelados en el buque Uruguay, fondeado en el puerto de Barcelona. Entre los más de 7.000 detenidos, se encontraba también Enric Pérez Farrás, jefe de los Mossos d’Esquadra. A Companys se le condenó a 30 años de cárcel por un delito de rebelión, de los que cumplió uno y medio en el penal del Puerto de Santa María (Cádiz). Fue sustituido al mando de Catalunya por el coronel Jiménez Arenas, y cerca de 130 ayuntamientos catalanes gobernados en su mayoría por ERC fueron suspendidos.
El president fue amnistiado en 1936 y volvió a la Generalitat, que comandó durante la Guerra Civil. Tras exiliarse en Francia, fue capturado por los nazis y asesinado por el franquismo en 1940. De ahí que a Companys se le conozca popularmente como 'el president mártir'.
Cualquier comparación con Companys, aunque, como la realizada por Casado, no incluya su trágico final y se limite a su detención, despierta inquietud y rechazo en la sociedad catalana. De ahí las reacciones unánimes de condena a las palabras del dirigente popular, que se han extendido más allá del sector independentista hasta líderes como Pedro Sánchez y Ada Colau. “Después de escuchar a Pablo Casado pido al señor Rajoy que esconda a sus pirómanos”, ha afirmado el secretario general del PSOE este martes en Barcelona.
El PP se ha negado reiteradamente en el Congreso a sumarse a las peticiones para anular el juicio sumarísimo del 1940 contra Companys. La última fue el pasado mes de septiembre, cuando el Congreso aprobó declarar nulas las sentencias de los juicios franquistas. La popular Alicia Sánchez-Camacho atribuyó al president, precisamente, haber dado un “golpe de Estado a la legalidad” por el que fue condenado en 1935 por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República. Por contra, en el Parlament, los populares sí se sumaron a la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo contra 64.000 represaliados.
Sí ha habido reconocimiento y reparación de la muerte de Companys por parte de Alemania, que pidió perdón dos veces por su papel en el fusilamiento: primero, en 1970 concediendo una indemnización a la viuda de Companys, Carme Ballester; y en 1990, lo hizo el canciller alemán Helmut Kohl. Francia lo hizo también ese mismo año a través de Mitterrand. Los dos países volvieron a pedir perdón en 2008 a través de sus cónsules en Barcelona, reclamando restituir el honor a Companys y asumir la atrocidad cometida por sus antecesores.