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Como si no hubiera ocurrido más allá de las fotos, las declaraciones y los apuntes en las agendas oficiales. La última reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que se celebró en la Moncloa el pasado 26 de febrero, no dejó ningún registro en forma de acta sobre lo allí tratado, como orden del día ni como copia de documentos intercambiados entre las partes. Así lo ha constatado el Govern catalán en una respuesta enviada a este medio, tras formular la petición de toda la documentación oficial generada a raíz de aquel encuentro.
“Dado que durante la reunión no se compartió ningún documento entre las partes y que no se estableció un orden del día ni se levantó acta de la reunión, y que, en consecuencia, la información solicitada no consta en la administración en ningún formato documental, no es posible reconocer el derecho de acceso a la misma”, afirma la resolución firmada a principios de este mes por el director de la oficina del president. De esta forma se da carpetazo a una solicitud realizada por este medio el mismo día que se celebró la reunión.
La falta de documentación compartida o registros oficiales sobre lo que se trató en aquella mesa contrasta con la puesta en escena que ambas partes, tanto los representantes del Gobierno como los de la Generalitat, trataron de conferirle a aquel encuentro, al que acudieron el presidente y vicepresidente de ambos ejecutivos, además de ministros, consellers, diputados y cargos de partido. En la misma línea, confirma que el president de la Generalitat, Quim Torra, no tuvo éxito en su pretensión de que hubiera un mediador o, al menos, de que se levantara acta del intercambio.
Esta situación también contrasta con el encuentro en el Palau de Pedralbes, en Barcelona, que los titulares de ambos gobiernos habían mantenido un año antes, y del que salieron dos documentos: la Declaración de Pedralbes, un texto de consenso entre las partes que constaba de cuatro puntos, y una propuesta de otros 21 puntos entregada en mano por Torra a Sánchez pero que éste último nunca avaló. Ambos archivos quedaron en los registros de la Generalitat y, al menos el primero, también en los del Gobierno, que incluso lo colgó en la web del Consejo de Ministros.
El único documento que consta como surgido de la reunión de la mesa del pasado febrero es un escueto comunicado distribuido a los medios de comunicación firmado por el Gobierno y la Generalitat. Un redactado en el que las partes se comprometieron a reunir la mesa de forma mensual, algo que hasta ahora no ha sucedido por la crisis del coronavirus.
Nueva mesa a finales de julio
El Gobierno ha dejado claro en los últimos días que, pese al acercamiento de Ciudadanos y su disposición a llegar a acuerdos, mantiene su intención de celebrar una nueva reunión de la mesa de diálogo durante este verano, probablemente en la segunda quincena de julio. “El presidente ya anunció que no tendría ningún inconveniente en reunirse a lo largo de julio”, recordó la ministra Maria Jesús Montero tras el último Consejo de Ministros.
Desde la Moncloa mantienen así la apuesta por el diálogo con los independentistas al tiempo que exploran nuevas alianzas que les hagan menos dependientes de los votos de ERC en el Congreso, con quienes han tenido varios desencuentros durante los meses más duros de la pandemia. Por su parte, los republicanos habían reclamado con insistencia al Ejecutivo de Sánchez que pusiera una fecha para volver a reunir la mesa, cuestión que llegaron a poner como condición para aprobar una de las prórrogas del estado de alarma.
Tal y como quedó pactado en febrero, Sánchez no tiene previsto acudir personalmente a la mesa, sino que por parte del Gobierno se nombrará una comisión que mantenga las conversaciones. Los presidentes, a no ser que ellos lo deseen, solo volverán al espacio de diálogo si hay acuerdos que refrendar. No está claro sin embargo qué papel quiere tener Torra a partir de ahora. Pugnó para que los presidentes estuvieran presentes en la constitución de la mesa y, ahora, ha mostrado intención de volver a reunir a las entidades independentistas como paso previo a una nueva reunión bilateral Gobierno-Generalitat.
Actas y mediador, caballo de batalla de Torra
Otro de los aspectos en los que el president insistió en las semanas previas a la reunión de febrero pasado fue en la presencia de un mediador y en que cualquier negociación debía quedar recogida en actas. Torra llegó a amenazar con no acudir a la reunión si el Gobierno central no aceptaba que hubiera una persona con funciones de árbitro que diese cuenta de los avances y de los desacuerdos de las partes. Según el president y JxCat, ese moderador era la única “garantía” que tenía la parte catalana de que el Gobierno cumpliera con lo acordado.
La inexistencia de actas ni orden del día, que ahora reconoce el propio Govern, denota que las exigencias de Torra quedaron lejos de ser cumplidas. A diferencia de lo que ocurrió en aquel foro, sí hay actas y orden del día de la comisión bilateral que establece el Estatut de Catalunya, la última de las cuales se celebró en agosto del 2018.