El alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), ha defendido ante la jueza que el manifiesto contra la presencia policial en el municipio que firmaron los concejales de su grupo, ERC, AraReus y la CUP buscaba “recuperar la convivencia” y “tranquilizar” a la población tras las cargas del 1-O.
Pellicer ha declarado este jueves como imputado por un presunto delito de incitación al odio ante la titular del juzgado de instrucción 2 de Reus, que mantiene abierta una investigación contra él y otras 13 personas por su actuación contra la presencia de antidisturbios de la Policía que se alojaban en el Hotel Gaudí de Reus desde mediados del mes de septiembre y hasta mediados de octubre, cuando finalizó el contrato.
Del total de 14 imputados, siete son el alcalde y los concejales independentistas por un manifiesto del pasado 4 de octubre en el que condenaban la “violencia” ejercida por los cuerpos policiales el el 1-O y criticaban que los antidisturbios convivieran “con nuestro vecindario”. Por ello pedían al Gobierno revertir el despliegue de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en Catalunya.
Los políticos animaban además al hotel de Reus a hacer “hacer todo lo que resulte adecuado y necesario para que de manera inmediata” los agentes dejaran sus establecimientos. Vecinos de Reus protestaban desde el 1-O frente al hotel donde estaban alojados los policías en protesta por las cargas.
El resto de imputados, a raíz de una denuncia de la Policía, son bomberos que presuntamente participaron en las protestas frente al hotel y el propietario de un gimnasio que presuntamente habría vetado al entrada en su establecimiento a algunos agentes. Estos últimos están citados este viernes.
Junto a Pellicer, estaban citados este jueves la teniente de alcalde Montserrat Vidella, también del PDecAT; el portavoz del grupo municipal AraReus, Jordi Cervera; la de ERC, Noemí Llauradó, y la de la CUP, Marta Llorens, además de los concejales de la CUP Mariona Quadrada y Oriol Ciurana.
Vidella ha recordado que la manifestación denunciada fue “en absoluto silencio” y “con las manos en alto”, por lo que no puede ser tachada de violenta ni de incitar al odio.
De los tres concejales de la CUP citados a declarar, Marta Llorens y Oriol Ciurana se han negado a acudir y, a la puerta de los juzgados, Llorens ha calificado de “caza de brujas” la causa judicial. Ciurana, por su parte, ha manifestado que obedecen a “la República catalana y no a los juzgados españoles”. Una tercera concejal de la CUP, Mariona Quadrada, tampoco ha declarado porque su abogada tenía otro señalamiento.