“No podemos considerar probado el uso de la violencia como elemento estructural del plan de los acusados”. Tras casi una hora recitando los eventos del procés conocidos por todo el mundo, la abogada del Estado Rosa María Seoane pronunció este martes la frase clave para negar la rebelión: la violencia no formaba parte del plan de los exconsellers, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los 'Jordis', que no obstante encaminaron a Catalunya hacia un proceso de independencia de forma unilateral al margen de la ley. Seoane había asumido una causa de más de 50.000 folios cuando solo faltaban dos meses para empezar el juicio y en su intervención final pide hasta 12 años de cárcel por sedición para los líderes soberanistas.
Seoane, que ejerce la acusación en nombre de un organismo dependiente del Gobierno, empezó su andadura en la vista oral del juicio de forma un tanto inusual. Dedicó parte de su trámite de cuestiones previas, donde normalmente se discuten aspectos técnicos y procesales, a realizar una defensa de la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, por unas declaraciones en la BBC que los acusados creían que vulneraban su presunción de inocencia.
Una vez tocó interrogar a los acusados y a los testigos, Seoane ha protagonizado actuaciones dispares. La abogada del Estado ha combinado preguntas que han completado aspectos no tratados previamente por los fiscales con cuestiones reiterativas o que no tenían que ver con lo declarado por los acusados o testigos, lo que le ha valido sonoros reproches del presidente del tribunal, Manuel Marchena.
Ocurrió en el interrogatorio del exconseller de Interior, Joaquim Forn. Seoane, muy insistente con el pasillo de voluntarios de la ANC frente a la sede de Economía el 20 de septiembre, preguntó por el “riesgo a la seguridad” que suponía el pasillo como si Forn lo hubiera mencionado. Siempre alerta, el letrado de Forn, Xavier Melero, hizo constar que en ningún momento Forn se había referido a un “riesgo a la seguridad” al hablar del pasillo. “Si no había un riesgo de seguridad, por qué los Mossos....”, intentó continuar Seoane, cortada en seco por Marchena. “Olvídese ya del pasillo”, le espetó el presidente del tribunal.
En el mismo interrogatorio, Seoane declaró que ella “tendría problemas” para entender la “dualidad” expresada por Forn para que los Mossos cumplieran las órdenes judiciales y al mismo tiempo el Govern mostrara compromiso político con el 1-O. “No hagamos glosa de las respuestas del acusado”, reprochó Marchena a Seoane. Semanas después, con Gabriel Rufián declarando como testigo, Seoane protagonizó otro choque con Marchena al preguntar de forma insistente al diputado de ERC por una entrevista en la que aseguraba que en 18 meses se tenía que llegar a la independencia.
Tras dos avisos del presidente del tribunal de que la pregunta no era pertinente, Seoane volvió a intentarlo. Y Marchena no se anduvo con rodeos: “Le vuelvo insistir, las expectativas del testigo sobre el proceso son prescindibles para la sala, le está preguntando cosas que no interesan. A ver si conseguimos hacer una pregunta que la sala considere que tiene que valorar para dar un adecuado tratamiento jurídico a los hechos”.
Con todo, tras los testigos políticos, Seoane amarró las dudas que habían generado las preguntas de la Fiscalía en algunos altos cargos de la Generalitat sobre la malversación. Y a diferencia del fiscal Cadena, logró con preguntas más mesuradas que los dos peritos propuestos por la defensa Jordi Cuixart sobre desobediencia civil reconocieran que las entidades soberanistas actuaban de forma concertada con el Govern.
Y pese a que formuló varias preguntas al major Josep Lluís Trapero y al resto de mandos de los Mossos d'Esquadra, Seoane apenas mencionó a la policía catalana en su informe final. Y eso que en el escrito de acusación se dedican varios párrafos a criticar el despliegue del 1-O y del 20-S. Sin embargo, a diferencia de la Fiscalía, que ve un alzamiento violento sostenido en el tiempo entre el 20 de septiembre y el 27 de octubre de 2017, cuando se declaró la independencia de forma unilateral, Seoane solo ve una jornada –la del 1 de octubre– constitutiva de sedición. Al contrario que los fiscales, negó que los 'Jordis' quisieran impedir los registros del 20-S.
De Adif al procés
Antes de asumir la jefatura de lo Penal de la Abogacía del Estado y por lo tanto la causa del procés, Seoane fue secretaria general de Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias. Anteriormente ocupó la subdirección de general de asuntos consultivos y contenciosos del servicio jurídico de la Agencia Tributaria. Desde este organismo se inicia la persecución de la mayoría de los delitos contra la Hacienda Pública.
Tras toda una carrera en la Abogacía del Estado, en la que entró en el año 2000, Seoane ha desempeñado distintas responsabilidades dentro de la institución durante los últimos años. Fue la jefa de ese organismo en la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2017 y también ejerció su representación ante la Audiencia Nacional.
La llegada de Seoane a la dirección de la causa del procés, adelantada por eldiario.es, se produjo el pasado mes de diciembre. Faltaban solo dos meses para que empezara el juicio. El relevo se produjo después de una crisis en la institución por la negativa a rebajar la acusación por rebelión del abogado del Estado Edmundo Bal, que a la postre fue destituido y se pasó a la política de la mano de Ciudadanos.
Tal fue la discrepancia que el escrito de acusación de la Abogacía, presentado un mes antes del nombramiento de Seoane, estuvo firmado por la abogada general, Consuelo Castro, en vez de por Bal. El ahora diputado del partido de Albert Rivera se personó en la causa en un principio solo por el delito de malversación –lo habitual en la Abogacía del Estado cuando en un caso judicial se investiga el posible uso de fondos públicos–, pero a medida que avanzaba la investigación se sumó a la acusación por rebelión que la Fiscalía ha mantenido desde el principio.
De hecho, fuentes de las defensas consultadas recuerdan a Bal “incluso más incisivo que la Fiscalía” en los interrogatorios durante la fase de instrucción. Desde su salida de la institución no ha dejado de criticar la acusación por sedición que ejerce Seoane y se ha presentado como una víctima del Gobierno de Pedro Sánchez. Su relato que ha generado gran malestar en la institución ha sido utilizado por Albert Rivera y los líderes de Ciudadanos durante toda la campaña para dar a entender que el Gobierno de Sánchez tenía un pacto oculto con los independentistas.
“Que dijera que hubo violencia no gustó al Gobierno y me trataron de convencer de firmar un escrito donde dijera que no pasó lo que pasó”, afirmó Bal el jueves en Onda Cero. “Seoane se ha inventado el concepto de violencia no estructural”, apostilló el viernes en la COPE, tergiversando las palabras que había dicho Seoane en el juicio. Como en los partidos, están los enemigos a secas, los mortales y los compañeros de Abogacía del Estado. Y Bal decidió hace unos meses que su misión es política.