Un referéndum, aunque se convoque al margen de la ley, no es una rebelión. Así lo sostiene la defensa de los exconsellers del PDeCAT Jordi Turull y Josep Rull, que ha pedido a la Audiencia Nacional su puesta en libertad y el archivo parcial de la causa por rebelión, sedición y malversación abierta por la jueza Carmen Lamela.
“El votar a favor de una convocatoria ilegal de un referéndum nada tiene que ver con la rebelión, que exige alzarse de modo público o violento”, señalan ambos dirigentes en su recurso. Argumentan además que se limitaron a convocar el referéndum, sin “organizar o instigar por ninguna vía” tumultos ni actos de desobediencia a la acción de las autoridades estatales o a las cuerpos policiales.
Jordi Pina, abogado de Turull y Rull, ha presentado este lunes sendos recursos de apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, después de que la juez instructora Carmen Lamela ratificara la semana pasada su decisión de mantenerlos en prisión preventiva, junto a otros seis consellers cesados.
En su recursos, los exconsellers de Presidencia y de Territorio y Sostenibilidad se desvinculan de los “episodios aislados de incidentes” ocurridos, como los “escraches” ante hoteles donde se alojaban policías nacionales y guardias civiles, y de cualquier uso de la violencia contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
“La instructora pretende poco menos que hacer responsables a los consellers de cualquier acto de protesta –aun no violento– acontecido en los últimos meses a lo largo y ancho de la geografía catalana, argumentando sin indicio alguno que se orquestaba un plan común para alcanzar la independencia de Catalunya”, afea el recurso a la magistrada.
Ni malversación ni competencia de la AN
Los exconsellers también piden dejar sin efecto la fianza de 6,2 millones impuesta por Lamea, y recuerdan que el Supremo denegó imponer esa cantidad solicitada también por la Fiscalía a los miembros de la Mesa por falta de pruebas de que el Govern se gastara esa cifra en el 1-O. “¿Cómo es posible que se fije una fianza sobre la base de una partida supuestamente malversada cuando el propio ministerio de Hacienda y la Intervención de la Generalitat certifican que dicha partida no se ha tocado?”, se pregunta el recurso.
Asimismo, Rull y Turull, que la semana pasada relevaron de su defensa a Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, invocan la jurisprudencia para poner en cuestión que la Audiencia Nacional sea el órgano competente para enjuiciar los delitos de rebelión y secesión y piden que remita el caso a los juzgados de instrucción de Barcelona o que la sala de lo penal archive la causa.
En este sentido, recuerdan el auto de 2008 dictado por el Pleno de la Sala Penal en el que se afirmaba que “el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional”, argumento usado para tumbar la investigación del juez Baltasar Garzón sobre el golpe de estado franquista de 1936
Si la Audiencia Nacional –al igual que hizo en el caso de la sedición de Jordi Cuixart y Jordi Sàncez– mantiene que Lamela es competente para investigar el supuesto delito de rebelión cometido por los exconsellers, su defensa pide que se plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque a su juicio se ve afectado el derecho fundamental a un juez independiente.