Si hay algo en lo que coinciden muchos dirigentes de ERC, sean del sector de Marta Rovira o de Oriol Junqueras, es en su falta de confianza en las promesas de Pedro Sánchez. Por eso avisaron a los interlocutores del PSC que para negociar la investidura de Salvador Illa la primera condición era recuperar los acuerdos que permitieron al líder del PSOE seguir en la Moncloa. Reclamaron también “lealtad” y reconocen que la está habiendo por ambas partes. Eso explica la visita de Sánchez al Palau de la Generalitat para reunirse con el president, Pere Aragonès, y toda la gestualidad propia de este tipo de encuentros.
En diciembre del 2023, Sánchez y Aragonès ya habían protagonizado un encuentro similar, en el mismo escenario y con un orden del día parecido puesto que uno de los compromisos que adoptaron ese día fue el de avanzar en el traspaso a Catalunya de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En febrero del 2022 se había empezado a hablar de esta transferencia y desde este miércoles es una realidad tras la firma solemne formalizada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Igualdad, Elma Saiz, y el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano. Puede parecer que se ha tardado pero ha sido de los traspasos más rápidos si se tiene en cuenta que este lunes en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos Estado-Generalitat se abordó por enésima vez el de las becas, una negociación que empezó hace 16 años.
En ese mismo encuentro celebrado hace siete meses en el Palau de la Generalitat también se coincidió en la necesidad de concretar el traspaso de Rodalies, mejorar la financiación autonómica y desarrollar la llamada Hacienda catalana, un ente previsto en el Estatut. Traducido en cifras son los 1.520 millones de euros para el período 2024-2026 que al final se han acordado esta semana.
Antes de que alguien entone el ‘Catalunya nos roba’ es bueno saber que esta cantidad, destinada básicamente a trenes pero también a investigación y becas, no es más que lo que el PSOE pactó con ERC, en noviembre del año pasado, a cambio de sus votos para investir a Sánchez. No son todas las deudas pendientes pero sí son las más destacadas de las que están en la carpeta del debe del PSOE.
Aunque se están negociando desde medidas para la protección y fomento del uso del catalán a la gestión del aeropuerto de El Prat para que la Generalitat pueda participar en ella (algo que los sectores empresariales llevan años reclamando), las dos cuestiones más complejas son la condonación de parte de la deuda de la Generalitat (15.000 millones correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómica) y la nueva financiación.
ERC insiste en que no basta con activar el consorcio tributario compartido entre el Estado y la Generalitat. Quieren que la Administración catalana sea la que tenga la última palabra en ese organismo. Es lo que han resumido con la expresión “tener la llave de la caja”. “Una caja compartida nos llevará a donde estamos ahora y es a no ponernos de acuerdo en las necesidades que tenemos que satisfacer” ha insistido Marta Rovira en los últimos días.
Fuentes del Govern confirmaron que en el encuentro de poco más de una hora que mantuvieron los dos presidentes, Aragonès le pidió a Sánchez que se mueva con la financiación para que Catalunya disponga de un sistema “justo y propio”. También le apremió a hacer efectiva la condonación de los 15.000 millones del FLA y le reclamó la inversión necesaria para instalar un centro tecnológico de producción de chips.
Los republicanos reconocen que se está negociando con franqueza y que tanto el PSOE como el PSC entendieron pronto que esta vez no podían aplicar lo que definen como ‘el método Bolaños’, en referencia al ministro de la Presidencia y al que reprochan que a menudo opta por las prisas y presionar a última hora para cerrar un pacto.
ERC necesita presentar a sus bases un preacuerdo que incluya no solo los avances logrados esta semana en cuestiones que estaban pendientes sino también algún nuevo triunfo para que se avengan a avalarlo y así permitan la investidura de Illa. En la cúpula son conscientes de que, más allá de lo que puedan arrancarle a Sánchez, votar al candidato del PSC no es un plato de buen gusto para su gente.
La decisión estará en manos de 8.700 militantes que llevan semanas desayunándose con informaciones que dejan en muy mal lugar a la actual dirección por haber intentado tapar las campañas difamatorias contra dirigentes como Ernest Maragall, que ha acabado dándose de baja del partido, u otras de un mal gusto considerable contra adversarios de otras formaciones. Además, el esperado regreso de Marta Rovira, siete años después de haberse instalado en Suiza, tuvo más eco mediático que apoyo en la calle. Todo eso mientras Junqueras lleva semanas paseándose por Catalunya para reforzarse de cara al congreso de noviembre. De momento, sin que tenga rival.
El plazo fijado por ERC para cerrar el acuerdo con los socialistas expira la semana que viene. Si se alcanzase un pacto se podría celebrar la consulta a las bases al cabo de un par de días. Es el tiempo mínimo que requiere la cúpula para hacer pedagogía entre la militancia para lograr convencerla. En la última ejecutiva se apuntó el jueves 1 de agosto como posible fecha para trasladarles la pregunta y si estas bendicen la propuesta de la dirección, el pleno de investidura de Illa podría celebrarse la semana siguiente. Pero todo eso está aún en condicional porque de momento no hay acuerdo cerrado y si no se desencalla la financiación, no lo habrá.