Los magistrados del Tribunal Supremo que aceptaron la querella de la Fiscalía contra Carme Forcadell por el 1-O no pueden ser los mismos que juzguen a los líderes independentistas. Así lo entienden Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, que este viernes han presentado un incidente de recusación contra el presidente de la sala de lo penal del Alto Tribunal, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre y Luciano Varela Castro.
El escrito presentado este viernes por la defensa de los diputados de JxCat, que ejerce el penalista Jordi Pina, supone el primer intento de los independentistas para recusar a los magistrados del Supremo encargados de juzgar el caso del 'procés' instruido por el juez Pablo Llarena. Los magistrados han denegado este mismo viernes la última petición de libertad de los dirigentes soberanistas.
En esencia, la defensa se basa en que estos cuatro magistrados formaron parte de la sala de admisiones del Supremo que admitió el pasado mes de octubre la querella contra la expresidenta del Parlament y los miembros soberanistas de la Mesa. Al haber admitido la querella de la Fiscalía, argumenta la defensa, los cuatro togados ya realizaron una “inevitable valoración jurídica acerca de los hechos imputados a los querellados”, que son “los mismos” (el proceso soberanista) por los que se juzgará a Sànchez, Rull y Turull.
Mantener un tribunal formado por Marchena (que previsiblemente debe redactar la sentencia como presidente de la sala) y los otros cuatro magistrados que formaron la sala de admisiones vulnera el derecho de los políticos “a no ser juzgados por un tribunal que tenga o aparente tener ninguna clase de prejuicio con respecto a los hechos denunciados y a la culpabilidad de los acusados”, argumenta la defensa.
Si bien la defensa reconoce que la sala “extremó las precauciones para intentar no valorar de modo explícito la relevancia penal de los hechos relatados por el ministerio fiscal”, considera no obstante que los magistrados “inevitablemente tuvieron que efectuar valoraciones jurídicas sobre la tipicidad de tales hechos con las que forzosamente se emitió una opinión favorable a su relevancia penal”, cuando admitieron la querella, lo que les contamina para formar parte del tribunal.
Cabe recordar que los magistrados abrieron la puerta en octubre a rebajar la calificación jurídica de rebelión que el exfiscal general del Estado, el fallecido José Manuel Maza, indicó en su querella. No obstante, el juez instructor Pablo Llarena asumió las tesis más duras del ministerio público.
En este sentido, la defensa también sostiene que los cuatro magistrados recusados se han mantenido “en permanente contacto y colaboración profesional” con Llarena durante toda la instrucción de la causa. Pina advierte de que los cuatro magistrados y el juez Llarena han tenido durante este período “sin duda ocasión para comentar los pormenores de un procedimiento con tanto revuelo mediático y político como el presente, algo que resulta perfectamente comprensible que suceda entre personas afectadas por una causa de tanta entidad”.
La defensa adelanta que tiene la voluntad, si es necesario, de acudir al Tribunal de Estrasburgo para que analice esta cuestión e incluso plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Por otro lado, los tres expolíticos han pedido al Tribunal Constitucional (TC) que habilite el mes de agosto para resolver sus recursos, como ha hecho el Supremo, porque la demora en la causa les está impidiendo acudir al Tribunal de Estrasburgo.