La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) incumplió la ley al trocear hasta cinco contratos entre los años 2016 y 2018, cuando la diputada de JxCat Laura Borràs estaba al frente. Así lo certifica la Sindicatura de Cuentas catalana en el informe de fiscalización de la entidad cultural emitido el pasado mes de abril, en el que subraya que en 13 contratos menores repartidos por Borràs entre cinco adjudicatarios se produjo una reiteración del objeto cada año.
Tras revisar el conjunto de la contratación efectuada por la ILC, la Sindicatura asegura en sus conclusiones que “hubo un fraccionamiento de la contratación” ya que, entre los años analizados, a cinco adjudicatarios se les dieron varios contratos menores sucesivos sin que se emitiera un informe motivado por parte del órgano de contratación, lo que supone según la Sindicatura una infracción de la Ley de Contratos del Sector Público.
Con este informe, la institución que controla las cuentas del sector público catalán, dependiente del Parlament, abona la teoría de la Fiscalía, que considera que Borràs benefició a un conocido, Isaias Herrero –con las siglas I.H.F.–, mediante sucesivos contratos menores por tres trabajos informáticos entre junio de 2015 y febrero de 2017. Con todo, el primero de estos contratos ha quedado fuera del análisis de la Sindicatura por ser anterior. El Tribunal Supremo imputó a la diputada de JxCat después de que el Ministerio Público considerase que había cometido supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude.
La Sindicatura rechaza además las alegaciones remitidas por la nueva dirección de la ILC, que sostiene que no hubo fraccionamiento por tratarse de objetos diferentes. En concreto, por lo que respecta a los contratos investigados otorgados a I.H.F., la Institució de les Lletres alega que la ley “no impide la reiteración de la contratación de un mismo proveedor para objetos contractuales diferentes en ejercicios presupuestarios diferentes, o de un mismo proveedor para objetos contractuales recurrentes pero en ejercicios presupuestarios diferentes”.
El informe emitido por el órgano de control catalán llega en plena investigación judicial en el Supremo sobre la contratación menor realizada por la ILC durante la etapa de Borràs. En concreto, la Fiscalía señaló los contratos de programación adjudicados a Isaías Herrero, con quien considera que Borràs tenía una relación “personal y profesional previa”, y a quien se habría contratado con la finalidad de “beneficiar” sus intereses y causando con ello un “claro perjuicio al erario público”.
En el sumario de la causa aparecen además unos correos electrónicos, publicados en su momento por El Español, que supuestamente habría enviado Borràs a Herrero en 2014, en los que la entonces directora de la Institució indicaba a su excolaborador cómo debía enviar varios proyectos “simulando la participación de terceras personas independientes” para superar los filtros del control de contratación.
En declaraciones a TV3, Borràs ha negado la conclusión del informe de la Sindicatura. “No ha habido fraccionamiento de contratos”, ha valorado, en contra de lo concluido por el ente fiscalizador. Borràs ha añadido que aportará el dictamen de la Sindicatura a la causa del Supremo porque “los contratos no constituían ningún tipo de delito” .
La exconsellera de Cultura y hoy portavoz de JxCat en el Congreso siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado que contra ella se sigue una investigación con objetivos políticos, en el marco de la “persecución” contra el independentismo catalán. Su defensa además aduce, como la dirección de la ILC, que la contratación menor es una práctica absolutamente habitual en el sector público, que el fraccionamiento de contratos exige que el objeto de la adjudicación sea el mismo y que, en todo caso, si hubiera habido irregularidades serían administrativas y no penales.