El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha sido investido este domingo por la mayoría absoluta del Parlament con el mandato de culminar el proceso independentista antes de los 2 años. El gerundense releva al ya expresident Artur Mas en una tarea que éste comenzó en 2012, tras la primera de las masivas manifestaciones por la independencia. De cumplir su compromiso, que ha interpretado en su discurso como el “mandato del 27-S”, antes de 2018 la República catalana será una realidad.
Si bien la hoja de ruta de Junts pel Sí marca 18 meses como plazo para culminar el “proceso de desconexión”, el president Puigdemont ya ha introducido elementos de flexibilidad en una de las réplicas del pleno, al asegurar que podrían ser “15, 18 o 20 meses”. El calendario que sí está detallado es el de la declaración de soberanía aprobada el pasado 9 de noviembre en el Parlament, posteriormente suspendida por el Constitucional, que obliga al nuevo Govern a presentar en 30 días desde su constitución tres de las leyes que marcarán la legislatura: la de proceso constituyente, la de Seguridad Social y la de la Hacienda catalana.
La que ahora comienza será una legislatura diseñada como de transición –“un periodo excepcional de la postautonomía y la preindependencia”, en palabras del president–, donde la principal tarea del Govern será formar las llamadas “estructuras de estado”, es decir, todas aquellos organismos administrativos y jurídicos necesarios para funcionar como Estado independiente. Algunos de estos ya estaban comprometidos en el pacto de gobierno firmado por CiU y ERC en 2012, aunque la gran mayoría están en estado de desarrollo o incluso solo planificados. Algunas han sido deslizadas en el pleno de investidura por Puigdemont, como la Hacienda catalana o un Banco Central.
Además de las nuevas instituciones, estructuras, leyes y agencias, la hoja de ruta independentista incluye el llamado proceso constituyente, encaminado a redactar una constitución para Catalunya. Si bien según el pacto entre CDC y ERC para crear Junts pel Sí la redacción del texto constitucional se deja para una próxima legislatura tras unas elecciones constituyentes, en los próximos 18 meses se deben comenzar el tramo inicial de la participación ciudadana, probablemente de carácter informal.
ERC alcanza su techo de poder histórico
Mucho se ha especulado en los últimos tres meses sobre el papel del partido de Junqueras en las negociaciones con la CUP, en la que algunas de las partes le han acusado de inmovilismo. Pero, en los cálculos de los republicanos, todos los escenarios les eran favorables. En el caso de unas elecciones en marzo, Junqueras aspiraba a ganarlas. Si, por el contrario, se podía formar Gobierno, ERC alcanzaría más poder institucional del jamás tenido en la Generalitat.
Junqueras asumirá, además de la vicepresidencia, el área económica del nuevo Ejecutivo, de la que colgarán más carteras. También Toni Comín, uno de los más destacados independientes de su entorno, será el nuevo conseller de Salud, y Dolors Bassa se hará cargo de Bienestar. En total, casi la mitad del poder controlado por la Generalitat caerá del lado republicano, con un papel destacado en los asuntos de corte social que quieren convertir en palanca del crecimiento del independentismo.
La situación es diferente para la CUP, que no entrará al Govern. Los anticapitalistas han suscrito un pacto de gobierno gracias al cual han conseguido hacer ceder a Artur Mas, su bestia negra durante las negociaciones, pero que les ata a brindar estabilidad parlamentaria constante y a ceder a dos de sus diputados a las “dinámicas parlamentarias de JxS”. Pese a esto, en la CUP mantienen que el acuerdo solo les vincula en lo relativo al proceso soberanista y que continuarán dando la batalla en el plano ideológico.
Un Parlament en dos mitades
Una de las características de la nueva legislatura será una Cámara dividida en dos mitades, de mayoría independentista pero muy igualadas. Esto será especialmente importante cuando el Govern incumpla, como ha anunciado, la suspensión por el Constitucional de la declaración de inicio del proceso del pasado día 9 de noviembre, presentando leyes basadas en el texto suspendido. En este caso el Alto Tribunal podría imputar a los miembros de la mesa, algunos de los cuales no son del bloque independentista, por lo que la confrontación se podría extender.
Tampoco está claro cómo resolverá el nuevo Ejecutivo los pasos que se ha comprometido a dar con suspensiones constantes de sus leyes aprobadas. Aunque el deseo manifestado por todos los grupos, incluida la CUP, es generar un clima de diálogo con el gobierno español que todavía no se sabe de qué color acabará siendo, la voluntad de los independentistas es continuar la vía unilateral si no hay negociación con el Estado. Para responder a esto han previsto una etapa de internacionalización del proceso, al frente de la cual estará Raül Romeva como conseller de Exteriores, al cargo de una red diplomática que aún debe desplegarse.