La sala de apelaciones del Tribunal Supremo ha denegado la libertad solicitada por los dirigentes independentistas encarcelados el pasado 23 de marzo, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Los tres magistrados confirman el auto de prisión dictado por el juez Pablo Llarena y cierran la posibilidad de que los políticos catalanes salgan de la cárcel antes del juicio, a la espera de los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional que previsiblemente presentarán las defensas.
En un auto, la sala aprecia riesgo reiteración delictiva y de fuga en los encarcelados. Al contrario de lo que alegaron dirigentes como Forcadell, el Supremo conecta el riesgo de fuga con la huida de otros dirigentes independentistas, como Carles Puigdemont, Marta Rovira o Toni Comín, y con las “evidentes dificultades existentes” para extraditar a los huidos. Los problemas que está encontrando el juez Llarena para obtener una respuesta positiva a las euro–órdenes “incrementa”, según la sala, la posibilidad de que los encarcelados “consideren como opción atendible” la huida de España.
“No puede dejar de valorarse la estructura organizativa que los apoya, ni la consistencia económica de la misma, ni los contactos internacionales del grupo, elementos que han permitido a quienes ya se han fugado mantener una apariencia de vida normalizada fuera de España”, añade el auto, del que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero.
Asimismo, el arraigo y las relaciones familiares que mantienen los dirigentes en España tampoco difuminan el riesgo de fuga dada la “eficiencia y facilidad, incluso económica” de las comunicaciones y el transporte en la Unión Europea, apunta la sala.
Sobre el riesgo de reiteración, los tres magistrados de la sala de apelaciones del Supremo no comparten las alegaciones planteadas por los diputadas que renunciaron a su acta. Forcadell y Bassa aseguraron que su retirada de la política “imposibilitaba” el riesgo de reiteración delictiva. “No existen indicios de que se haya abandonado de forma clara y definitiva la idea de forzar la colisión con el Estado con la finalidad de declarar la independencia”, sostienen los togados.
Es más, los magistrados creen que los exconsellers y la expresidenta del Parlament todavía podrían “imponer la independencia por vías de hecho con el concurso de la movilización popular y, consiguientemente, con la alta probabilidad de enfrentamiento físico con los agentes que actúan para asegurar el cumplimiento de la ley”. En otras palabras: el Supremo cree que se puede repetir el otoño soberanista catalán.
Además, los tres magistrados de la sala de lo penal responden las alegaciones que individualmente habían planteado los encarcelados. En primer lugar, niegan que se hayan vulnerado los derechos políticos de Jordi Turull por haberle encarcelado en medio de su debate de investidura. Si bien reconocen que es una situación extraordinaria, replican que tampoco hay precedentes recientes de que un gobierno de una región europea “se haya alzado contra la Constitución del Estado”.
Tampoco ve motivos la sala para acordar la prisión domiciliaria sugerida por Raül Romeva. Y tal y como ya había hecho en un auto anterior, la sala cree que existen razones “serias” para mantener que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito de rebelión, si bien matiza que “no puede descartarse” su calificación como sedición. Lo hace en respuesta al alegato de Carme Forcadell, que recordó al Supremo la negativa de Alemania a extraditar a Puigdemont por este delito.