Oriol Junqueras renunció a hacer una defensa jurídica en el juicio del procés y optó por un alegato político, convencido desde el principio de que había poca pelea que dar en el Supremo -se presentó como un “preso político” y que la verdadera batalla se libraría en la justicia europea. Ahora ya sabe con qué pena acudirá a esos tribunales: 13 años de prisión.
El exvicepresidente de la Generalitat ha recibido en la cárcel de Lledoners -lleva dos años en prisión preventiva- una sentencia de casi 500 páginas que le define como el líder del proceso que desembocó en el referéndum del 1-O. Ante la ausencia en el banquillo de Carles Puigdemont, huido a Bélgica, Junqueras carga con la máxima responsabilidad de lo ocurrido en Catalunya.
El tribunal que presidió el magistrado Manuel Marchena considera que hay “abundante prueba documental” para condenar a Junqueras por sedición, y además añade que “admitió la realidad” de los hechos aunque insistió en que estaba legitimado para ello y que no tenía ninguna responsabilidad criminal. La sentencia le considera el principal culpable, pero se aleja de la contundencia de la Fiscalía, que le tildó de “motor de la rebelión”.
“Destacado papel en el proceso”
La sentencia otorga a Junqueras un “destacado papel en el proceso que finalmente condujo a la inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”. Además, ejerció un liderazgo que han “reconocido en los testimonios de algunos de los procesados y testigos”. Es más, fue un doble liderazgo: como vicepresidente de la Generalitat y como líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Junqueras, por tanto, encabezó el proceso que desembocó en los incidentes del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía y en el referéndum de independencia. Para ello, dice la sentencia, “promovió y participó activamente” en la aprobación de las conocidas como leyes de desconexión.
El Supremo recuerda que se informó personalmente a los miembros del Govern de que estaban incumpliendo las leyes con la tramitación de esos textos, a pesar de lo cual “Oriol Junqueras, en su condición de Vicepresidente y junto con la totalidad de los integrantes del Gobierno de la Generalitat, firmó el 6 de septiembre de 2017 el Decreto 139/2017, de convocatoria del referéndum”.
Junqueras mostró “una pertinaz desatención” de las advertencias del Constitucional, lo que “despeja cualquier duda acerca de su control del proceso de creación legislativa y reglamentaria que hizo posible la celebración del referéndum declarado ilegal”.
La sentencia también se detiene en la reunión que se celebró el 28 de septiembre entre los responsables del Govern y los mandos de los Mossos. Estos últimos informaron -así lo dijeron durante el juicio- de que existía “un importante riesgo para la seguridad que podía derivarse de la constatada presencia de colectivos radicales y de la movilización de una cifra de personas próxima a los dos millones”. Añadieron que había una alta probabilidad “de enfrentamientos con las fuerzas policiales encargadas de cumplir el mandato judicial”. Por ello, pidieron suspender el referéndum.
Sin embargo, Junqueras y el resto de miembros del Govern decidieron continuar con la celebración de la consulta. El “procesado rebelde”, como define la sentencia a Carles Puigdemont, “manifestó a todos los presentes que si el día 1 de octubre se desataba la violencia declararía la independencia”.
El Supremo cree que Junqueras era consciente de la posibilidad de que se produjeran actos de violencia por esas advertencias durante la reunión y porque conocía la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que obligaba a incautar el material del 1-O y a cerrar los colegios.
Junqueras no se defendió de las acusaciones
El exvicepresidente de la Generalitat pasó a convertirse en el principal acusado de la causa cuando Puigdemont decidió eludir la acción de la Justicia y huir a Bélgica junto a otros exconsellers. El día que se sentó frente al tribunal dejó claro desde el primer momento cuál iba a ser su estrategia: “Soy un preso político, se me acusa por mis ideas no por mis hechos”, dijo después de negarse a responder a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Junqueras pronunció en la sala del Supremo un alegato con tintes de mitin político que se alejó de cualquier intento de defenderse de las acusaciones en una estrategia diseñada con su abogado, Andreu Van Den Eynde, y que chocó con la desplegada por otros letrados y sus defendidos.
Su única defensa jurídica fue negar que se hubiese destinado dinero dinero público para pagar el 1-O o haber impulsado actos violentos. Además, recordó que tanto Mariano Rajoy y como el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro negaron la malversación del 1-O.
Junqueras se centró sobre todo en la política. Durante su declaración dijo que tras todos los actos que ahora se juzgaban “se insertaba en la voluntad dialogante” y que siempre se apelaba “a buscar una solución política de carácter multalteral que implicaba, en primer lugar, al Gobierno español y a las instituciones españolas y que fueron unos llamamientos que se hicieron constantemente”. La repuesta siempre fue, dijo, una “silla vacía”.