El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) considera que varias de las medias adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 contra el autogobierno de Catalunya son contrarias a la Constitución. Entre otras, el llamado 'TC catalán' apunta al cese del president del Govern y a la limitación de las funciones del Parlament como las materias contrarias al texto constitucional y estatutario.
En un dictamen, redactado a petición de la Generalitat el pasado 26 de octubre, un día antes de la aplicación del 155, el CGE cuestiona en su totalidad la aplicación de este artículo que ha realizado el Gobierno central, tanto en sus pasos previos como las medidas que ha supuesto. El CGE es el organismo consultivo del Parlament que arbitra la adecuación de las leyes a la Constitución y al Estatut catalán.
Recuerda el CGE que el 155 no puede comportar “una modificación” del autogobierno y del modelo de distribución de competencias entre la Generalitat y el Estado, que para ser reformado requiere revisar la Constitución o el Estatut. Todo lo contrario de lo que ha supuesto la aplicación del 155, que con el cese del Govern ha impedido al Ejecutivo catalán presentar un recurso de inconstitucionalidad a la medida, potestad que, a juicio del CGE, debía “preservarse” en todo momento.
“Las medidas del 155 tienen que tener una vigencia temporal o provisional, deben limitarse a las estrictamente necesarias y estar acotadas a los ámbitos imprescindibles para alcanzar el interés constitucional que las justifica”, expone el CGE. “Asimismo –añade el 'TC catalán'– las medidas tienen que ser respetuosas y compatibles con la autonomía”. El organismo no ve en la aplicación del 155 por parte del Gobierno ninguna de estas dos condiciones.
El CGE también reprocha a Rajoy los pasos previos a la aplicación del 155, en referencia al intercambio de cartas que mantuvieron el presidente del Gobierno y Puigdemont.
Rajoy trasladó el 155 al Senado tras recibir la respuesta de Puigdemont el 19 de octubre, en la que el expresident aseguró que el día 10 el Parlament no votó la independencia de Catalunya, pero que se procedería a “votar la declaración formal” si el Estado persistía “en impedir el diálogo y continuar la represión”. Finalmente la DUI se votó el 27 de octubre.
“No es suficiente para aplicar el 155 una mera suposición indiciaria o preventiva de posibles actos de futuro”, indica el CGE, en referencia a los elementos sobre la mesa que Rajoy tenía el 19 de octubre tras recibir la respuesta de Puigdemont. En otras palabras, todo el procedimiento en el Senado para aplicar el 155 debía haber empezado, según el CGE, una vez el Parlament aprobó la DUI, no antes.
Y concluye el CGE: “Tampoco consideramos que fuera una justificación válida para el 155 una simple declaración retórica [la carta de Puigdemont] que no estuviera avalada por una situación y unos efectos contrastados”.
El dictamen del CGE es el último reproche que le llega al 155, que ya ha comportado un recurso al Constitucional por parte de Unidos Podemos y numerosas críticas de juristas y académicos.