TMB gastó casi 9.000 euros en informes para justificar la opacidad de sus sueldos y cargos
Incumplir la ley de transparencia tiene un precio, y no solo para la calidad democrática de las instituciones. TMB, la empresa pública de transportes de Barcelona, lleva gastados al menos 8.791 euros en informes jurídicos externos, encargados para justificar la posición de la empresa en la línea de mantener ocultos los sueldos y nombres de sus cargos.
Los tres informes, a cuyos expedientes de contratación ha tenido acceso este diario, fueron encomendados a dos despachos de abogados entre mayo y septiembre del año pasado, en pleno litigio jurídico en el seno de la Comisión de Transparencia (GAIP) sobre la revelación de nombres y sueldos de su personal fuera de convenio.
La empresa buscaba argumentos jurídicos para rechazar la solicitud de acceso a la información pública que, de acuerdo a la ley, había realizado este diario en febrero y había elevado a la GAIP en abril. Pese a la inversión de dinero público en opacidad, la GAIP acabó dando la razón a Catalunya Plural.
El primero de los informes jurídicos externos fue encargado el 18 de mayo al despacho barcelonés de Tornos Abogados, del catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de Barcelona Joaquín Tornos Mas, jurista vinculado al PSC. El responsable del Área Jurídica de TMB, Albert Casanovas, le solicitó un dictamen para determinar “el grado de sujección de la empresa a la ley de transparencia”, considerando “la naturaleza jurídica de TMB”. Casanovas se refiere al hecho de que TMB es una empresa de capital público pero con forma de sociedad mercantil.
El informe fue remitido por el despacho Tornos Abogados en junio de 2016, cobrando por él 6.050 euros, incluyendo IVA.
El 6 de septiembre, el Área Jurídica de TMB volvió a reclamar un informe al mismo despacho, en nombre del consejero delegado Enric Cañas (Bcomú). En este caso, preguntaba sobre una de las resoluciones que la Comisión de Transparencia (GAIP) había emitido sobre el caso, en la que afeaba a la empresa haber publicado directamente en su web los nombres de su cúpula en vez de entregarlos al medio que lo reclamaba. En este caso, TMB buscaba argumentación jurídica sobre la publicación de estos nombres y sueldos, y su adecuación a ley de Protección de Datos.
Este segundo informe fue elaborado por el mismo abogado, Joaquín Tornos, cobrando por él 1.815 euros, IVA incluido.
Por aquellas fechas, el Área Jurídica de TMB estaba también preocupada por la destrucción de datos de carácter personal de sus trabajadores. Era de uno de los argumentos que habían alegado ante la GAIP para no revelar los datos que se le reclamaban desde 2007, asegurando que no conocían el paradero de archivos anteriores a 2011. Pero este argumento podía ocasionar a la empresa problemas de otro tipo, si la destrucción de documentos que sugerían no había respetado la ley de archivos y patrimonio documental.
Así que Casanovas volvió a pedir un informe, esta vez a otro despacho, Audiservicios Asesores, para que le informara sobre durante cuánto tiempo debía conservar los datos de sus trabajadores y, por tanto, desde qué plazo debía dar acceso a ellos. En este caso las facturas fueron dos, de 382,5 euros cada una, que en total y contando el IVA asciende a trabajos por 926 euros. El informe se emitió el 14 de septiembre.
Ocultación de las facturas desde diciembre
Conociendo la existencia de estos informes jurídicos externos, este diario reclamó formalmente acceso a los expedientes de contratación, con sus respectivas facturas, el 28 de diciembre de 2016. La empresa, sin embargo, se negó a entregar esta documentación, pese a que la ley de transparencia la obliga no solo a dar acceso ante una solicitud sino a publicar en su página web los importes de toda su contratación menor.
Ante la negativa de la empresa a cumplir la ley de transparencia, este diario solicitó, una vez más, el arbitrio de la GAIP. Esta comisión reclamó explicaciones a la empresa, que acabó dando las facturas de los dos primeros informes. Sin embargo, respecto al tercer encargo, TMB pidió a la empresa Audiservicios un certificado sobre la existencia de la factura, certificado que aportó con objeto de seguir ocultando la factura.
Tornos y los informes para organismos públicos
Los dos primeros informes fueron encargados al despacho Tornos Abogados, y están firmados por Joaquín Tornos, catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de Barcelona, presidente de la Comisión Jurídica de la patronal catalana Foment del Treball y vinculado al PSC. En 2013, el abogado fue una de las personas elegidas por el entonces secretario del PSC, Pere Navarro, para explicar en Madrid su propuesta federal. Posteriormente, en 2015, Pedro Sánchez lo eligió para formar parte de su consejo de expertos para la reforma constitucional del PSOE.
En el extenso currículum de Tornos figura además haber sido presidente del Consell Consultiu de la Generalitat, el antecesor del actual Consejo de Garantías Estatutarias. El catedrático llegó a este cargo en 2005, durante el gobierno del PSC, después de haber formado parte del organismo durante varios años, a propuesta del mismo partido. Sin embargo, Tornos dimitiría de la presidencia en marzo de 2006, por la polémica suscitada por el encargo de cuatro informes al bufet Advocats Associats SL, del cual Tornos era socio, por parte de departamentos de la Generalitat.
