La Generalitat ha interpuesto este miércoles una denuncia por los presuntos delitos de detención ilegal y de usurpación de funciones contra los agentes de la Policía Nacional que arrestaron la semana pasada a 16 personas por una protesta en las vías del AVE el pasado 1 de octubre. La denuncia, firmada por el propio president, Quim Torra, también va dirigida contra el responsable de la Policía que ordenó las detenciones y “cualquier persona que hubiera colaborado con la comisión del delito”.
La denuncia pone de este modo en manos de un juez el esclarecimiento de las polémicas detenciones policiales contra 16 personas, entre ellas dos alcaldes de la CUP y un periodista. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) negó que los arrestos se hubieran practicado por orden judicial y los atribuyó a una iniciativa policial para identificar a las personas que habrían ocupado las vías del AVE de Girona por el aniversario del 1-O. El TSJC matizó que la Policía sí informó al juez del operativo.
La investigación deberá dilucidar si, como sostiene la Generalitat, la Policía actuó por su cuenta –y de forma ilegal– con los arrestos o si, por contra, estaba oficiada como policía judicial y tenía amparo para llevar a cabo las detenciones en el marco de la investigación que mantenía abierta el juez instructor de Girona por la ocupación de las vías del AVE a raíz de una denuncia de Adif, el operador ferroviario.
En su denuncia, Torra sostiene que las detenciones serían ilegales porque no se produjeron “en caso de delito flagrante” y no figura “ningún dato que avale que los detenidos estuvieran en situación de no comparecer ante una hipotética citación” por parte del juez. “Las detenciones no fueron acordadas por el juez y se habrían producido única y exclusivamente por iniciativa y decisión de la Policía Nacional”, abunda la denuncia.
Las detenciones enervaron al soberanismo y han abierto una brecha entre la Generalitat y la Delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, que junto al Ministerio del Interior, Fernando Grande–Marlaska, defendieron el operativo. Cunillera negó cualquier tipo de irregularidad ni ilegalidad alguna en las detenciones. Este mismo miércoles Torra ha reclamado la comparecencia en el Parlament y la dimisión de Cunillera.