Las querellas siguen marcando el ritmo de la política catalana. Dos horas después de que la Fiscalía se haya querellado contra Quim Torra por desobedecer la orden de retirar los lazos, el president de la Generalitat ha hecho lo propio contra los integrantes de la Junta Electoral Central (JEC) que le obligaron a retirar los símbolos soberanistas de los edificios públicos. Considera el president que los miembros de la JEC habrían incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa, esto es, dictar una resolución a sabiendas de su injusticia.
En la querella, a la que ha tenido acceso este diario, Torra sostiene que el acuerdo de la Junta que le instó a retirar los lazos “dista mucho de ser acorde a derecho, siendo su contenido aleatorio y arbitrario, quebrando por lo tanto la regla de exhaustividad” necesaria en asuntos de “derechos fundamentales” como, a juicio del president, son los relativos a los lazos amarillos y los símbolos exhibidos en las sedes gubernativas de la Generalitat.
“Se trata, en fin, de una persecución política en toda regla y esta vez, mediante resoluciones administrativas limitativas de derechos fundamentales y de carácter eminentemente sancionador”, abunda la querella del president, firmada por los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal –que forman parte del equipo de defensa de Carles Puigdemont– y no por letrados de la Generalitat.
A criterio de Torra, los quince miembros de la Junta Electoral Central “eran perfectamente sabedores de la ilegalidad de las resoluciones que dictaban” en referencia a los lazos, “así como de la imposibilidad de que las mismas fueran cumplidas”. La querella también se dirige contra los jueces del tribunal del procés que forman parte de la JEC, Luciano Varela y Ana Ferrer, que no participaron en el acuerdo sobre los lazos.
La querella también censura el segundo acuerdo de la JEC, que obligó a Torra a retirar la pancarta con el lazo blanco y rojo que había sustituido al amarillo. “Nos encontramos ante resoluciones que carecen de la exhaustividad que se debe exigir a aquellas decisiones que restrinjan derechos fundamentales, ya que se trata de acuerdos cuyo contenido ha ido mutando en un breve periodo de tiempo, lo que genera una gran incertidumbre e inseguridad a quien debe acatarlo ya que, lo que se le está exigiendo hoy hacer, puede ser modificado sustancialmente mañana”, asevera la querella.