Sorpresa final en el juicio al president de la Generalitat, Quim Torra, por no retirar los lazos amarillos durante la precampaña de las elecciones generales del pasado mes de abril. En su informe final, la defensa de Torra ha pedido al tribunal que eleve cinco cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y que no dicte la sentencia del caso hasta que la Justicia Europea las resuelva, lo que alargaría hasta un año la resolución de la causa.
El tribunal presidido por el magistrado Jesús María Barrientos, presidente del TSJC, ha rechazado la petición de Torra por extemporánea, ya que ha considerado que debía haberse realizado en el trámite de elevar sus conclusiones a definitivas, en vez de en el del informe. La defensa de Torra ya ha anunciado que reiterará su petición en su recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Las cuestiones prejudiciales versan sobre la imparcialidad de los jueces del caso, que la defensa de Torra ha cuestionado a lo largo de la instrucción y con especial dureza este lunes. La defensa pretende trasladar a Europa aspectos que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya había descartado que afectaran a la imparcialidad de los magistrados.
El primer cuestionado es el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y presidente del tribunal que juzga a Torra, Jesús María Barrientos, encargado de redactar la sentencia. A criterio de la defensa de Torra, que ejercen los penalistas Gonzalo Boye e Isabel Elbal, Barrientos “carece de la necesario imparcialidad objetiva y subjetiva” para presidir el juicio debido a sus declaraciones en las que compartió la orden de la JEC, de quien defendió que “está obligada a exigir que los principios y valores de neutralidad se respeten al máximo porque está en juego el equilibrio político”.
El TSJC concluyó, al contrario del criterio de la defensa de Torra, que “ninguno de los comportamientos públicos, manifestaciones o conductas” de Barrientos relativas al procés revelaban una “pérdida de imparcialidad objetiva o subjetiva por su parte”. Según el TSJC, las posiciones públicas de Barrientos sobre el “procés” se efectuaron “en su condición de presidente del TSJC y, por lo tanto, representante del poder judicial en ese territorio, en ejercicio de la innegable libertad de expresión que le corresponde, acrecentada por el rol institucional inherente a su cargo”.
Asimismo, Boye también ha pedido al TSJC que el TJUE evalúe la imparcialidad del magistrado instructor del caso, Carlos Ramos. Según la defensa de Torra, la imparcialidad de Ramos está quebrada porque fue propuesto como magistrado del TSJC por el PSC y que por lo tanto tenía interés en que fuera juzgado e inhabilitado porque dicho partido quiere que Torra dimita o convoque elecciones.
El TSJC, cuando Torra recusó a Ramos en fase de instrucción, ya recordó que Ramos no fue nombrado magistrado por el Parlament, sino que la Cámara catalana propuso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una terna de magistrados, entre los que además de Ramos estaba la actual consellera de Justicia, Ester Capella. La terna se aprobó por la mayoría que en 2004 tenían PSC, ERC e ICV en el Parlament. “No refiere ningún otro dato que pueda sustentar que exista una vinculación entre este magistrado instructor y un partido político por virtud de la cual aliente un interés en seguir sus directrices”, zanjó el propio Ramos para rechazar su recusación.
Torra acepta la condena y ataca al tribunal
En su turno de última palabra, Torra ha vuelto a reconocer que desobedeció la orden de la Junta Electoral y ha lanzado sus ataques al tribunal presidido por Barrientos y que conforman además los magistrados Mercedes Armas y Joaquín Elías. “Este tribunal no es imparcial y acuso al Estado de vulnerar mis derechos y los de mis compatriotas”, ha empezado Torra. “No hacía falta que yo pidiera su recusación, ustedes se tenían que haber apartado”, ha lanzado el president a los jueces.
“Bienvenida sea la condena si es por defender los derechos de todos los catalanes”, ha llegado a afirmar Torra, que ha alegado que solo debe “obediencia” al Parlament y ha tildado el juicio en el que ha sido acusado de “juicio político” porque, a su juicio, quiere “anular” la votación del Parlament por la que fue escogida president. “Este tribunal me puede condenar pero no cambiará la legitimidad por la que fui escogido. No podréis cambiar la voluntad del pueblo de Catalunya y el destino de este país. La condena será vuestra condena”, ha agregado. Sus últimas palabras en el juicio han sido un alegato en favor de la independencia: “Visca Catalunya lliure!”. Tras este alegato, Barrientos deja visto para sentencia el juicio.
La Fiscalía y Vox se reafirman
En su trámite de informe, la Fiscalía y Vox se han reafirmado en las penas de inhabilitación de 20 y 24 meses que piden, respectivamente, para Torra. El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha destacado que Torra “no ha ocultado su nula disposición a acatar la orden” de la JEC. “El comportamiento renuente del acusado era por su propia y única decisión, se autoerigió como el único defensor de la libertad de expresión”, apostilla el fiscal.
Bañeres ha incidido en las distintas maniobras con las que Torra intentó sortear la orden de la JEC de retirar la pancarta con el lazo amarillo de la Generalitat: primero cambió la pancarta del lazo amarillo por otra que pedía la libertad de los presos y que incluía con un lazo rojo. Esta segunda pancarta también fue retirada y sustituida por otra sin lazos ni mensajes sobre los presos, en la que solo se reclamaba libertad de expresión. Estas maniobras, según Bañeres, muestran que Torra “se vino arriba” tras la orden de la JEC y que “intensificó sus faltas de respeto y befas” hacia la Junta Electoral.
Asimismo, en contra de lo argumentado por Torra en el juicio, Bañeres ha reivindicado que los lazos amarillos sí son un símbolo partidista. “El mensaje que lanza el lazo amarillo no es neutral y nos gustará más o menos pero no es compartido por parte de la población de Catalunya”, ha aseverado.
Por su lado, el abogado de Vox, Juan Cremades, ha acusado a Torra de “regodearse de incumplir de forma manifiesta y abierta” la orden de la Junta Electoral para retirar los lazos y de “vulnerar de forma manifiesta y a conciencia de mantener la estricta neutralidad política durante los procesos electorales en un pulso al estado de derecho”.