Mientras no interpone su anunciada querella, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha empleado el 'caso Betancor' para intentar retrasar su inhabilitación. En un escrito, la defensa del president ha pedido al Tribunal Supremo que no acepte la petición de la Fiscalía para confirmar por la vía rápida –sin celebrar una vista– la pena que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por no retirar lazos amarillos de la Generalitat.
En su escrito, Torra argumenta que su condena por desobediencia obedece a una “confabulación” y a una “auténtica suerte de conspiración” entre Ciudadanos y el exmiembro de la Junta Electoral Central (JEC) Andrés Betancor, que cobró como asesor del partido mientras fue vocal de la JEC, para apartarlo del cargo y “neutralizarlo” políticamente. Tal y como reveló eldiario.es, Betancor compaginó ambos puestos entre 2017 y 2019, y junto al resto de vocales de la JEC acordó la orden a Torra para retirar los lazos, que el president acató fuera de plazo y que le llevó ante la Justicia.
“¿A alguien le sigue cabiendo alguna duda, después de descubrirse la confabulación existente entre, al menos, uno de los miembros de la Junta Electoral Central y el partido político Ciudadanos para perjudicar a mi representado y al partido y opción política que él representa?”, sostiene Gonzalo Boye, abogado de Torra, en su recurso.
Para Torra, “llama prodigiosamente la atención” que la Fiscalía obvie en su escrito que dos miembros de la Junta “no guardaban absolutamente ninguna apariencia de imparcialidad y, al menos, uno de sus miembros estaba a sueldo” de Ciudadanos, formación que presentó la denuncia que dio pie al proceso contra el presidente catalán. La defensa de Quim Torra afirma que la JEC “actuó contaminada por convicciones políticas” y por “motivaciones espurias”, en una “estrategia política tendente a neutralizar políticamente” al presidente catalán.
La defensa vuelve a insistir al Supremo que, antes de resolver sobre el asunto de los lazos, eleve una batería de cuestiones prejudiciales a la Justicia europea sobre la supuesta parcialidad de los jueces que han instruido o juzgado la causa contra el presidente catalán y la posible vulneración de derechos fundamentales de Torra. Cabe recordar que el TJSC ya rechazó que los jueces del caso de Torra no fueran imparciales.
De atender el Supremo ambas cuestiones planteadas por Torra, el president lograría que fueran los 'tempos' políticos y no los judiciales los que marcaran el fin de la legislatura catalana. Torra quiere anunciar la fecha de las elecciones catalanas después de aprobar los presupuestos este mes de marzo, pero una inhabilitación por la vía rápida antes de la validación de las cuentas –como plantea la Fiscalía– dejaría a la Generalitat sin president, trastocando los planes de Torra.
El escrito de Torra denuncia un “plan urdido” por Betancor y critica que la “desvergüenza” del vocal debió ser valorada por el juez instructor y por el tribunal que juzgó el caso. El letrado insiste, como ya alegara en el juicio por desobediencia, que la Junta Electoral Central “no era competente” para emitir los requerimientos a Torra para que retirara los símbolos de apoyo a los políticos presos, teniendo en cuenta que el presidente de la Generalitat era “un tercero ajeno a la organización del proceso electoral”.
“La orden era abiertamente ilegal y no debía acatarse”, mantiene la defensa, que cree además que los requerimientos de la Junta a Torra vulneraban “derechos fundamentales” del presidente de la Generalitat y de terceros y “generaban indefensión”. El escrito hace también hincapié en la “distinta reacción” ante hechos semejantes atribuidos a Pedro Sánchez, que la Junta Electoral Central “ha ventilado con una sanción económica, sin atribuirles relevancia penal”.