Cinco trabajadores han iniciado una nueva batalla legal contra los efectos del amianto, el mineral presente en muchas construcciones que tiene efectos nocivos para la salud. Los empleados, de la firma Honeywell, ubicada en la Zona Franca de Barcelona, han interpuesto una demanda para que se reconozcan como enfermedad profesional los trastornos de ansiedad y depresión que sufren algunos de los trabajadores expuestos al amianto.
Según el Col·lectiu Ronda, el despacho de abogados que representa a los cinco trabajadores, se trata de la primera demanda de España que reclama de los trastornos psíquicos provocados por la exposición al amianto. Previsiblemente la demanda terminará en un juzgado de lo social de Barcelona tras el perceptivo trámite de conciliación entre empresa y trabajadores.
Los letrados explican que los trabajadores se enfrentan a la perspectiva de pasar el resto de su vida sometidos a revisiones médicas anuales para detectar la eventual aparición de algunas de las patologías potencialmente mortales que este mineral puede causar, lo que genera en ellos ansiedad y otros trastornos.
En concreto, los empleados piden una reparación de los daños y perjuicios que han causado la ansiedad derivada a la exposición al citado mineral. Argumentan que la ansiedad no se hubiera producido “si la empresa demandada hubiera cumplido sus obligaciones en relación a la prevención y seguridad en el trabajo” en relación al amianto.
La demanda, apoyada por la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Catalunya, cuenta con el precedente de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de París, que en junio de 2016 pedía indemnizar a 80 empleados de la antigua Honeyweel por lesiones de ansiedad por la exposición al amianto que sufrieron los trabajadores. En España, entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto.
Los cinco empleados trabajaron diariamente con compañeros que sufrieron secuelas físicas por su contacto con el amianto, un producto que la multinacional utilizó para la fabricación de las pastillas de freno hasta 2002, cuando entró en vigor la prohibición de usar y comercializar este mineral.
El colectivo de abogados impulsor de la demanda ha remarcado que la citada empresa acumula en lo que va de año 17 sentencias, incluyendo resoluciones del Tribunal Supremo (TS), que hacen responsable a la compañía de defunciones y enfermedades de extrabajadores provocadas por la exposición al amianto sin medidas de seguridad.