El Tribunal Supremo ha revocado el concurso por el que se adjudicó a Acciona la concesión sobre la empresa Aigües de Ter-Llobregat (ATLL), mediante el que se efectuó en el año 2012 la mayor privatización de la historia de la Generalitat. El tribunal ha desestimado el recurso presentado por el Ejecutivo catalán contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que había anulado previamente la concesión.
El litigio que enfrenta a la Generalitat, Acciona, que resultó ganadora del concurso, y Agbar, que también había presentado una oferta, se resuelve así considerando que la administración catalana vulneró principios básicos de la contratación pública en la adjudicación. Acciona podría reclamar a la administración catalana una cantidad multimillonaria en concepto de lucro cesante si finalmente se le retira la concesión, además de una compensación por las inversiones realizadas.
El conflicto por la gestión de la empresa pública se remonta a finales de 2012, cuando Govern de Artur Mas decidió privatizar ATLL, que abastece de agua a buena parte de los municipios del área metropolitana de Barcelona, con el objetivo de paliar el déficit público. De aquella operación la Generalitat ingresó del consorcio ganador encabezado por Acciona un total de 298,6 millones de euros. La concesión, sin embargo, se adjudicó para 50 años, con unos ingresos estimados de 1.000 millones.
El el TSJC declaró en 2015 nulo el conjunto del procedimiento de contratación, y no sólo la decisión de adjudicar ATLL a Acciona, por tener el concurso “un vicio producido con anterioridad” a que Agbar y el consorcio liderado por la participada de la familia Entrecanales presentasen sus ofertas. Según el TSJC, el consorcio liderado por Acciona debía haberse quedado fuera del concurso, aunque al tumbar el concurso completo no satisfizo completamente la demanda de Agbar.
Desde Agbar muestran su satisfacción por la resolución del Supremo, y reclaman que la Agencia Catalana del Agua proceda de forma inmediata a anular el incremento del 11,88% de la tarifa del agua en alta aprobado en diciembre pasado. Además dan “por supuesto” que la Generalitat cumplirá y ejecutará los términos que dicta la sentencia del Supremo “lo antes posible”.
El Supremo ha desestimado ahora el recurso presentado por la Generalitat, revocando definitivamente el concurso completo. Esperando una sentencia como la que finalmente se ha conocido, tanto la CUP como ERC vienen exigiendo que ATLL vuelva a manos públicas. Será el próximo Govern autonómico quien deba decidir cómo hacerlo y asumir en sus cuentas la importante carga económica que arrastrará por una fracasada privatización de hace más de cinco años.