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Los promotores de un hotel de lujo en el Raval abandonan la acusación contra la edil de Colau que les denegó la licencia

El solar de la Avenida Drassanes donde está proyectado el hotel

Pau Rodríguez

Los promotores del hotel de lujo que se debía levantar en las Drassanes de Barcelona, en el Raval sur, han tirado la toalla en su particular batalla penal contra la concejala de Urbanismo, Janet Sanz, que les denegó la licencia hace dos años. La empresa Inversiones Hoteleras Atir, propietaria del solar, recurrió ante la Audiencia Provincial el archivo de la querella por prevaricación que acordó la jueza de instrucción, pero al final ha desistido de ello.

En un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es., los magistrados de la Audiencia de Barcelona declaran desierto el recurso, y devuelven el caso a la jueza. El caso llegará así a su fin, ya que los promotores eran los únicos que querían continuar con la acusación –el fiscal, al igual que Sanz, apoyó el archivo de la causa.

El carpetazo definitivo a la querella, que mantuvo imputada a Sanz durante meses, supone una nueva derrota para la empresa, cuya intención era construir un hotel de cinco estrellas de la cadena Praktik con unas 200 camas repartidas en dos edificios. Con esta idea adquirieron el solar por 22 millones de euros, pero se encontraron en 2015 con el rechazo frontal de los vecinos y de un gobierno municipal de los 'comuns' que consideró que el Raval ya sufría demasiada presión turística.

Más allá del proceso penal fallido contra la concejala, el principal revés que sufrió la cadena de hoteles fue que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tumbó el Plan de Usos del distrito de Ciutat Vella aprobado por Xavier Trias, el argumento que adujo Sanz para denegar la licencia. Aquella normativa permitía incrementar las plazas hoteleras en un 345%, pero su anulación dejó vigente el plan de 2010, que impedía el crecimiento de alojamientos. El Supremo confirmó hace unos meses la sentencia del TSJC, desestimando el recurso de la empresa.

Con todo, el serial del Hotel Praktik no ha llegado a su fin, puesto que la empresa mantiene abierto un proceso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y pide una indemnización de 78 millones por la denegación de la licencia. En la actualidad, el solar permanece vacío, salvo cuatro mesas de tenis de mesa.

Sanz se ha mostrado satisfecha con que la causa contra ella por prevaricación haya quedado finalmente en nada. La teniente de alcaldía de Ecología, Movilidad y Urbanismo ha enmarcado la querella interpuesta por la empresa como una “querella catalana”, concepto que describe la actuación de grupos empresariales que recurren a querellas sin fundamento como medida de presión para cobrar de parte de sus deudores o de la administración.

“El Ayuntamiento se ha mantenido firme frente a un proyecto que era contrario al bien común”, ha insistido la concejala en declaraciones a eldiario.es. Los promotores de Praktik fueron algunos de los empresarios que esquivaron la moratoria hotelera implantada por Colau nada más acceder al poder en 2015, pero chocaron a la vez con un consistorio que trató primero de impedir la tramitación de la licencia declarando la Muralla de Drassanes como Bien de Interés Cultural, y que luego lo consiguió gracias a la sentencia que anulaba el plan de usos de Xavier Trias.

Desde Inversiones Hoteleras Atir aseguran que el desistimiento de la querella no significa que acaten un comportamiento municipal que siguen considerando “arbitrario e ilegítimo”. Fuentes de la firma confían en que el contencioso les de la razón y obligue al consistorio a concederles las licencias.

La intención del consistorio siempre ha sido que el solar se destine a su uso inicial para viviendas. El sindicato UGT adquirió el terreno en 1986 para hacer vivienda social por medio millón de euros, pero lo vendió en 2003 sin haber hecho nada y con un beneficio de 1,4 millones. En los años sucesivos, el solar paso por varias manos hasta que lo compraron los promotores de Praktik por 22 millones de euros, en un proceso que los vecinos no dudan de poner como ejemplo de especulación.

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