El presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, ha afirmado que en otoño de 2017 hubo “presiones” para que la compañía automovilística sacara su sede social de Catalunya tras el 1-O, pero ha celebrado que finalmente no se tomara esta decisión.
En su comparecencia en la comisión de investigación del 155 en el Parlament, ha negado que el Rey llamara directamente a Seat para pedir que la empresa abandonara Catalunya, pero ha afirmado que sí que hubo una llamada advirtiendo de que en un acto de la Casa Real del 12 de octubre de ese año se comentó la situación de Seat.
Ha apuntado que en ese acto asistieron algunos miembros del Consejo de Administración de Seat, como el exlíder del PP catalán Josep Piqué, y ha criticado que esto fue “un tipo de presión”, para él.
Carnero ha explicado que durante esos meses de 2017 en Seat se celebraron varias reuniones del “gabinete de crisis”, en el que estaban la dirección de la compañía y el comité de empresa, en las que se debatió si debía sacar su sede social de Catalunya, como hicieron otras empresas.
Ha señalado que parte de la dirección de Seat apostaba por salir de Catalunya, pero que “la presión de la parte social” logró que finalmente no se tomara esta decisión, y ha agradecido al presidente de la empresa, Luca de Meo, que apoyara la permanencia de la compañía.
Carnero ha subrayado que también hubo llamadas del Govern por parte del entonces vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, pero ha sostenido que no se deben interpretar como presiones, sino como “preocupaciones” del Gobierno catalán del momento por la situación de una de las empresas más importantes en Catalunya.
Sin embargo, sí que ve como presiones que en un acto de la Casa Real se hable de la situación de Seat: “¿Qué pinta hablar de Seat en un acto de la Casa Real? No le veo sentido”.
También ha cargado contra el discurso del Rey del 3 de octubre, que ha calificado como “incendiario”, y ha dicho que la principal preocupación en Seat es que desde la dirección de Volkswagen en Alemania se deje de asignar la fabricación de algún modelo a la planta de Martorell (Barcelona).
AFECTACIÓN AL DEPORTE
También ha comparecido en la comisión el presidente de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (Ucec), Jaume Domingo, que ha destacado que el 155 supuso un retraso en el cobro de subvenciones que afectó también a los ejercicios posteriores: precisamente este lunes terminaron de pagar las deudas que mantenían con proveedores, pero que tienen pendiente todavía devolver los recursos que prestaron consejos deportivos.
Domingo, que ha relatado que antes del 155 ya estaban afectados por la intervención de las finanzas de la Generalitat, ha detallado que consejos deportivos prestaron dinero de cara a los World Sport Games --que se celebraron este verano en Tortosa (Tarragona) y en los que se compitió como Catalunya, ha dicho--, y ha pedido abordar otros asuntos como la garantía del derecho a la actividad física de todos los ciudadanos y la igualdad de oportunidades en todo el territorio.
“Estamos hablando de deporte escolar, de niños y niñas que no juegan a deportes federados. Afecta mucho a personas con dificultades económicas”, ha subrayado, y ha asegurado que tanto consejos deportivos como la Ucec no han cobrado parte de la subvención de 2017 --cifra en 50.000 euros lo que la falta cobrar a la Ucec, el 20%--, que tuvieron que abrir créditos por con una entidad bancaria y que plantean subir algunos precios.
ENTIDADES BANCARIAS
También estaba prevista la comparecencia del cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, pero no ha podido asistir y se le citará otro día, ha explicado el presidente de la comisión, Toni Morral (JxCat), que ha anunciado que se citará al presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu; al de Caixabank, Jordi Gual, y al de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidre Fainé.
Morral ha señalado que esto representa un cambio del plan de trabajo de la comisión: inicialmente previó citar a los tres pero que pudieran delegar en otra persona su comparecencia, pero finalmente han propuesto citarles a ellos sin la posibilidad de que puedan delegar para explicar su testimonio sobre la aplicación del 155.