Eduardo Torres-Dulce, el fiscal general del Estado, estaba decidido y, más que decidido, estaba obligado a presentar la querella contra el presidente de la Generalitat por la consulta del 9-N, según apuntan fuentes judiciales catalanas, que recuerdan que el gobierno de Mariano Rajoy y el PP lo tienen hace tiempo en el punto de mira por su actuación en el caso Gürtel y, en los últimos días, por lo que consideran falta de autoridad ante la «revuelta» de la Fiscalía Superior de Justicia de Catalunya.
Entre los dirigentes populares se daba por hecho que, a pesar de las dudas que les genera Torres-Dulce, este tiraría adelante la querella de la fiscalía contra el presidente Artur Mas y algunos de sus consejeros. El ministro Jorge Fernández Díaz había expresado la víspera su «plena confianza en que la Fiscalía cumplirá con la misión constitucional que tiene establecida».
El gobierno del PP no puede destituir Torres-Dulce hasta que termine el mandato, pero, si era necesario, todavía podía presionarlo más. En realidad, el ejecutivo de Mariano Rajoy y el partido que lo apoya han apretado, pero aún lo han hecho más algunos medios de comunicación de Madrid, que han sido los inspiradores de la querella contra el presidente Artur Mas por dejar que se celebrara la consulta del 9-N.
«Contaminados por el ambiente nacionalista»
El diario ABC aplaude el vicesecretario general de Organización de los populares, Carlos Floriano, por declarar que los fiscales catalanes contrarios a la querella «están contaminados por el ambiente nacionalista» cuando desde sus mismas páginas, sobre todo en los artículos editoriales de los últimos días, ya habían insistido en la teoría de la «contaminación» nacionalista.
En El Mundo, Victoria Prego describía como «el nacionalismo [el catalán, por supuesto] se ha infiltrado como la niebla» en las estructuras del Estado.
La Razón abunda en argumentos similares, pero publicaba este martes un artículo de José Luis Requero, magistrado conservador del Tribunal Supremo, en el que advertía que «tirar del principio jerárquico propio de la organización del ministerio fiscal puede ser conforme a derecho, pero no es bueno que haya sido así en este caso». No todo el mundo lo tiene tan claro.
Tras la negativa de la Fiscalía Superior de Catalunya de apoyar la querella, por cierto, en una decisión acordada por unanimidad, lo que olvida mencionar la prensa madrileña, Torres-Dulce ha conseguido el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala, la cúpula fiscal, para que imponga a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la interposición de la querella. Cuando les llegue el requerimiento, no se podrán negar.
Torres-Dulce decidirá contra quién se dirige la querella y qué delitos se les imputan y, la fiscalía correspondiente, deberá acatar la orden.
Ataques contra el fiscal jefe catalán
Algunos articulistas madrileños disparan ahora contra el fiscal jefe del TSJC, José María Romero de Tejada, aunque no sea nada sospechoso de separatista, sino todo lo contrario. El martes, el diario ABC comenzaba el editorial recordando que «El anterior fiscal jefe de Catalunya a [Martín Rodríguez Sol] fue destituido por mostrarse a favor del proceso soberanista. Su sucesor, después de negarse a presentar una querella contra Artur Mas, ha de seguir el mismo camino».
Rodríguez Sol renunció al cargo en marzo del año pasado tras declarar, en una entrevista a Europa Press, que era legítimo que Catalunya aspirase a consultar a sus ciudadanos sobre su futuro político, pero advirtiendo que no había un marco legal que permitiera el referendo. Inmediatamente, el diario El Mundo pidió su cabeza y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, le abrió un expediente. Al final, Rodríguez-Sol decidió irse por propia iniciativa.
Las fuentes judiciales consultadas ven poco probable que ahora se repita esta misma situación con Romero de Tejada: ya tienen el camino expedito para que la fiscalía presente la querella y no conviene generar más tensión.
Dos fiscales más, estos de la Junta de Fiscales de Sala, se han metido en el ojo del huracán mediático por discrepar de la decisión de Torres-Dulce de presentar la querella: Bartolomé Vargas, que no pertenece a ninguna asociación profesional, y Pedro Crespo, de la Unión Progresista de Fiscales y que conoce la realidad catalana porque durante años ejerció en Barcelona. En sintonía con los fiscales catalanes, Crespo argumenta que el presidente de la Generalitat no cometió delito de desobediencia.
Torres-Dulce y la mayoría de miembros de la Junta de Fiscales de Sala sí han sido obedientes al dar luz verde a la querella.