El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fijado los plazos de la primera inhabilitación de Quim Torra para ocupar cargos públicos, que vencerá en enero de 2022. Los jueces han acordado rebajar la inhabilitación en casi tres meses al descontar de los 18 meses de condena por los lazos los casi noventa días que estuvo suspendido como diputado del Parlament antes de la sentencia definitiva del Supremo.
En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC dirime así los límites de la ejecución de la condena a un año y medio de inhabilitación que se impuso a Torra por un delito de desobediencia al desoír la orden de la Junta Electoral para que retirara los símbolos de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos.
La Fiscalía y Vox ya habían aceptado que Quim Torra cobrara la pensión que le corresponde por su cargo en el ejecutivo catalán y pudiera disponer de la oficina de expresident. La mayoría del tribunal acuerda mantener su pensión como exjefe del ejecutivo catalán, una decisión contra la que se ha posicionado el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, en un voto particular.
Al contrario que sus compañeros de Sala, Barrientos argumenta que la inhabilitación de Torra como president “comporta necesaria y legalmente, sin necesidad de debate alguno en plenario” la pérdida de todos los derechos –incluidos los económicos– y también de los tratamientos y honores como expresident. Según Barrientos, Torra no debería percibir la pensión que le corresponde como expresident hasta que se haya extinguido la pena de inhabilitación impuesta.
Sin embargo la mayoría del tribunal acuerda que Torra pueda disponer ya de las prerrogativas –sueldo, oficina con secretaría y gabinete y coche oficial a costa del erario público– de expresident al entender que la condena de inhabilitación “no puede extenderse” más allá del cargo de president que ocupaba.
Respecto al tiempo que debía durar la inhabilitación para ocupar cargos públicos a la que fue condenado, la Fiscalía se oponía a restar a los 18 meses de la sentencia la mitad de los casi ocho meses en los que Torra se quedó sin escaño antes de ser condenado en firme por decisión de la Junta Electoral Central (JEC), tal y como pedía la defensa.
El TSJC, esta vez sí por unanimidad, atiende en parte la petición de la defensa y acuerda que se resten de los 18 meses de inhabilitación uno de cada tres días de los ocho meses que estuvo suspendido como diputado del Parlament –unos 80 días–, lo que fija el horizonte del fin de la inhabilitación en enero de 2022.
No obstante, casi con toda seguridad Torra sumará una nueva condena por inhabilitación ya que está otra vez imputado por desobediencia por no retirar por segunda vez la pancarta de apoyo a los presos independentistas. En caso de resultar nuevamente sentenciado, Torra sumaría más meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Sobre el pago de la multa de 30.000 euros a la que fue condenado, el TJSC señala que la defensa de Torra “no dispone todavía de elementos suficientes para plantear al tribunal ninguna de las fórmulas legales previstas para su cumplimento”.